Tensión entre los dos máximos tribunales de Río Negro

En los últimos meses, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) le marcó la cancha en tres ocasiones al Tribunal de Impugnación (TI) en cruces que desnudaron la tensión que hay actualmente entre los dos cuerpos colegiados más importantes de la justicia rionegrina.

El episodio más reciente se vincula al caso Mandagaray, donde el STJ volvió a anular una sentencia del Tribunal de Impugnación y le reprochó haber incumplido -por segunda vez- con su deber de revisión integral.

Pero la situación no se acaba aquí, según lo que pudo averigurar este medio van a salir más fallos con las mismas críticas desde el máximo tribunal a su instancia judicial inmediata inferior.

Las críticas no son nuevas. En agosto de 2024, en la- decisión anterior del STJ sobre el caso Mandagaray , el máximo tribunal le ordenó al TI cumplir con “la exigencia constitucional del máximo esfuerzo revisor”.

Pese a ese antecedente, la reciente resolución vuelve a advertir que el TI “omitió analizar agravios conducentes” y que su actuación “impacta negativamente en la necesidad de obtener sentencias adecuadamente fundadas”.

La función básica del Tribunal de Impugnación, según precisaron las fuentes judiciales consultadas por Diario RÍO NEGRO, es revisar todo el juicio de las causas que llegan a esta instancia judicial. Esto implica mirar todos los videos, con lujo de detalles, para observar cómo fue el proceso judicial, y responder a los agravios que plantearon las partes.

Los jueces del máximo tribunal plantean que el TI no es un tribunal creador de doctrina o académico, sino un cuerpo netamente de revisión de los procesos judiciales.

El planteo apunta, según se indicó, que en los casos que se mencionan, los jueces del TI están revisando los fallos y “no viendo los videos de los juicios”.

Este es el paso que el STJ considera que no se está cumpliendo.

Cabe recordar que el Tribunal de Impugnación fue creado por la Ley 5020 de la Reforma Procesal Penal. Los primeros tres magistrados, Adrián Zimmermann, Miguel Cardella y Mario Altuna, asumieron en 2018. La cuarta integrante, Rita Custet Llambí, asumió más tarde y salvo Altuna, todos siguen en funciones. Luego se sumó Carlos Mohamed Mussi, que es autor del voto rector en dos de los casos cuestionados.

En el caso Mandagaray ya intervinieron seis jueces, los cuatro originales del TI y los jueces de juicio Gregor Joos de Bariloche y Marcelo Gómez de Cipolletti. Ahora, nuevamente se integrará con magistrados de juicio.

El fallo enfatizó que este déficit afecta el derecho de toda persona condenada a contar con una verdadera doble instancia. En otras palabras, el STJ no discute el fondo de las causas sino la falta de motivación y análisis del tribunal revisor, que -según señala- se limita a reproducir argumentos sin ejercer un control efectivo sobre las sentencias condenatorias.

Textualmente el máximo tribunal plantea que se confirma -efectivamente- que el TI 2 “ignoró los postulados indicados en el reenvío por este Superior Tribunal de Justicia y, de ese modo, omitió la revisión de todo lo revisable, conforme lo peticionaran los recurrentes. Como es sabido, se trata de una labor propia de la instancia revisora que permite luego concluir en la admisión o el rechazo de los agravios, como consecuencia de constatar, merced al análisis de lo revisado, el acierto o error del fallo condenatorio”.

Además del caso Mandagaray, en setiembre de 2025, el STJ de Río Negro anuló una sentencia del Tribunal de Impugnación en un caso de abuso sexual. La medida trajo consigo un duro llamado de atención del máximo tribunal de la provincia por la falta de una “revisión completa del fallo de condena”, en un proceso donde el imputado había sido sentenciado a cuatro años de prisión.

La decisión resaltó la necesidad de que los jueces del TI profundicen en el análisis de las pruebas y la protección del derecho a una doble instancia real y efectiva.

El sumario de uno de los jueces

---

La tensión institucional se agrava ahora con la denuncia presentada contra el juez penal Miguel Cardella, integrante del propio Tribunal de Impugnación.

Un conflicto de un consorcio inmobiliario en Las Grutas derivó en la apertura de un sumario administrativo para investigar su actuación como apoderado de una de las partes. Las fuentes consultadas advirtieron que podría implicar un conflicto de intereses con su función judicial.

Además, la defensa que Cardella formuló cuando lo consultó Diario RÍO NEGRO no cayó bien entre sus colegas, puesto que dejó entrever que – basado en las estadísticas – él era el juez que más trabajaba.