Caso Daniel Solano: impugnarán el fallo en Río Negro y avanzan con la hipótesis de trata en Salta
Leandro Aparicio, abogado querellante del caso Solano, aseguró que impugnará el fallo que absolvió a dos policías y cuestionó la actuación judicial. “A Daniel lo mataron por dinero”, afirmó.
Caso Solano II: declararon otras cinco personas en el juicio contra tres policías. Foto: Alejandro Carnevale
El abogado Leandro Aparicio, representante de la familia de Daniel Solano, anunció que impugnará el fallo del Juicio Solano II, que absolvió a dos policías y solo condenó a uno de ellos por vejaciones. En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, el letrado aseguró que el objetivo de la familia «no es económico, sino encontrar el cuerpo de Daniel y lograr justicia tras casi 14 años de impunidad».
Escuchá a Leandro Aparicio, en RÍO NEGRO Radio:
El veredicto, dado a conocer el jueves 2 de octubre en Roca, resolvió que Walter Raúl Etchegaray fuera declarado culpable del delito de vejaciones, pero absuelto como partícipe necesario del homicidio agravado. En tanto, los policías Cristian Gustavo Toledo y Ceferino Sebastián Muñoz fueron declarados «no culpables» de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El fallo y las críticas de la querella
El Tribunal de juicio de Roca, integrado por los jueces Alejandro Pellizzón, Maximiliano Camarda y Natalia González, consideró que no hubo pruebas suficientes para acreditar las responsabilidades penales de Toledo y Muñoz. Según explicó Camarda al leer el veredicto, la acusación se basó en «suposiciones carentes de sustento probatorio o en un análisis parcial de los testimonios».
Sin embargo, para Aparicio la valoración judicial fue «sesgada» y «contradictoria» frente a los testimonios que demostraron que Solano fue golpeado dentro del boliche Macuba por personal policial antes de su desaparición.
La querella entiende que el tribunal debería haber condenado por encubrimiento y participación en el homicidio, tal como lo solicitó la Fiscalía representada por María Teresa Giuffrida. «Toda esta fragmentación que tuvieron las causas responde a una estrategia que tuvo la Fiscalía para retrasar el proceso y lograr la impunidad de los policías», sostuvo Aparicio, en comunicación con El Diario del Mediodía.
«A Solano lo mataron por un móvil económico»
Durante la entrevista, el abogado enfatizó que el crimen de Solano no fue un hecho aislado de violencia policial, sino parte de un entramado económico y laboral que involucraba estafas a trabajadores rurales migrantes.
Solano, de 27 años, desapareció la madrugada del 5 de noviembre de 2011 tras haber sido retirado por la fuerza del boliche Macuba, en Choele Choel, por un grupo de policías. Siete de ellos fueron condenados en 2018 a penas de entre 7 y 18 años de prisión por homicidio agravado.
Aparicio recordó que seis de los condenados cumplen sus penas en condiciones privilegiadas, alojados en Pomona, con régimen de semilibertad. «Están con el río al lado, van a pescar, hacen asados, viven como quieren», denunció.
La familia y el largo camino judicial
El abogado relató que mantiene contacto diario con la familia Solano, que continúa residiendo en Tartagal (Salta). «Sergio Heredia, mi compañero, está con ellos. Romina (la prima de Daniel), nos envió unas palabras de agradecimiento, pero ellos buscan otra cosa: quieren el cuerpo. No hay dinero que repare eso«, subrayó.
Aparicio también recordó episodios de hostigamiento y falsas acusaciones que la familia y los abogados sufrieron en los primeros años del caso. «En 2012 circularon audios inventados diciendo que pedíamos una recompensa de 5 millones de pesos. Fue mentira. Jamás buscamos dinero. Lo que queremos es saber dónde está Daniel», remarcó.
El abogado aprovechó para repudiar la actuación del fiscal original de la causa, Zornitta, a quien acusó de haber encubierto una estafa laboral vinculada a la desaparición.
Próximos pasos: impugnación y competencia federal
La querella confirmó que recurrirá el fallo absolutorio ante el Tribunal de Impugnación de Río Negro. «Lo haremos en los términos jurídicos adecuados, aunque lo que sentimos ahora es bronca», señaló Aparicio.
En paralelo, adelantó que insistirán con el traslado de la causa de trata y desaparición forzada a la justicia de Salta, donde consideran que comenzó la maniobra criminal.
El letrado sostuvo que la desaparición de Solano está directamente vinculada a una red de explotación laboral que afectaba a cientos de obreros rurales.
Un caso emblemático de violencia institucional
El caso Solano se convirtió en uno de los símbolos de violencia institucional más resonantes de la democracia argentina. En 2018, el primer juicio concluyó con siete policías condenados por homicidio agravado. Desde entonces, la familia continúa reclamando por la aparición del cuerpo y la investigación de las responsabilidades superiores.
El Juicio Solano II, que se desarrolló en septiembre de 2025 en Roca, buscó esclarecer el rol de tres efectivos que no habían sido incluidos en la primera causa. Sin embargo, la resolución del jueves reavivó -entre los familiares y organizaciones que acompañaron el proceso- la sensación de impunidad que rodea al caso.
El reclamo que no cesa
A más de una década de los hechos, la familia Solano mantiene viva su lucha por justicia. «Nosotros no queremos venganza, queremos verdad. Y eso implica encontrar a Daniel», repiten desde Tartagal.
Mientras tanto, la querella prepara una nueva etapa judicial, tanto en Río Negro como en Salta, con la esperanza de que la investigación avance sobre los responsables económicos y políticos del caso. «Para que quede claro: lo que quiere la familia Sola, es el cuerpo de Daniel. Nosotros no vamos a parar y vamos a avanzar en la causa de trata y plantear la desaparición forzada en la provincia de Salta», cerró Aparicio.
El abogado Leandro Aparicio, representante de la familia de Daniel Solano, anunció que impugnará el fallo del Juicio Solano II, que absolvió a dos policías y solo condenó a uno de ellos por vejaciones. En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, el letrado aseguró que el objetivo de la familia "no es económico, sino encontrar el cuerpo de Daniel y lograr justicia tras casi 14 años de impunidad".
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