Viedma: un crimen cometido a sangre fría con la venta de drogas como telón de fondo

Es el homicidio de Facundo Romero, que fue degollado, según la teoría de la fiscalía, por el comprador de 5 gramos de cocaína. El defensor público advirtió que hubo irregularidades en el procedimiento que terminó con el hallazgo del cadáver de la víctima y la detención del sospechoso.

La noche del 7 de agosto pasado, Facundo Gerardo Romero salió de su domicilio, en un barrio de Viedma. Le avisó a su pareja Geraldine Núñez, que tenía que hacer dos entregas y retornaba. El hombre subió a su bicicleta y se marchó. La mujer sabía de qué se trataba. Hacía unos meses que Romero se dedicaba a la venta de drogas al menudeo.


Pasaron las horas y el hombre no regresó. Al día siguiente, la mujer sintió miedo. Pensó que a su pareja le había pasado algo malo. Por eso, Núñez acudió a la Policía la tarde del 8 de agosto.

La noche del domingo pasado, hallaron a Romero muerto. El cadáver estaba oculto bajo una cama, en un departamento, ubicado en la calle Gasquet al 200 de la capital rionegrina.

El cuerpo presentaba 24 heridas de arma blanca. Había sido degollado y esa lesión había causado una hemorragia letal, según el informe preliminar de la autopsia. La víctima tenía 32 años.


5 gramos de cocaína


Según relató la fiscal Mariana Giammona en la audiencia de formulación de cargos, que se hizo el martes en Viedma, la víctima fue la noche del 7 de agosto hasta ese domicilio para venderle 5 gramos de cocaína a una persona identificada como “David”. Se habían contactado en la red social Telegram y allí habían acordado la operación.

David resultó ser el joven que vivía en ese domicilio, donde encontraron el cadáver. En esa vivienda ocurrió posiblemente el crimen. Ese joven, que el juez de garantías Adrián Dvorzak, prohibió identificar a la prensa, no se llama David. Y la fiscal lo imputó como el autor del homicidio de Romero, cometido con ensañamiento, según la calificación preliminar.

La fiscal relató en la audiencia de formulación de cargos que por los 5 gramos de cocaína, el comprador tenía que pagarle a Romero. La otra entrega que Romero había programado esa noche era para una conocida que le compraba habitualmente, según contó la fiscalía. Esa joven le había pedido un gramo de cocaína. El joven nunca llegó a entregarla, porque lo asesinaron antes.

La fiscal contó que el imputado “con la excusa de comprarle 5 gramos de cocaína, el sospechoso lo hizo pasar a su vivienda para pagarle la sustancia y lo golpeó con un elemento contundente”. El golpe le provocó una fractura de cráneo y después le dio 24 puntazos con un elemento no determinado, que tenía filo y punta.


24 heridas con arma blanca


Recibió las lesiones en la zona izquierda del cuello, en la región de espalda y pulmón, “degollándolo”.
La fiscal advirtió que “no había lesiones en otra parte del cuerpo que dé cuenta alguna posibilidad de riña o agresión recíproca”.

Recordó que la pareja de la víctima acudió a la Policía dos veces en pocas horas. En la segunda ocasión reveló que tenía temor “por la actividad a la que se dedicaba su pareja”, en referencia a la venta de cocaína. Allí, contó que el joven se había dirigido a vender a dos domicilios y no regresó a su casa.

La fiscal explicó que a raíz de la falta de información “y teniendo en consideración la actividad que desarrollaba Romero que obviamente es ilícita e implica peligro y situaciones de clandestinidad” , comenzó su búsqueda en Viedma.

Contó que la última comunicación al celular de la víctima había sido el 8 de agosto del 2025 a las 20.48. Del celular de Romero surgió el teléfono del sospechoso.


Un testigo que terminó imputado


Durante la búsqueda surgió hasta que Romero tenía una relación paralela con otra mujer. Las sospechas apuntaban hacia varias direcciones. La madre sospechaba que podía ser un ajuste de cuentas “por haberse quedado con algo”, contó la fiscal.

Hasta que un joven se presentó en la Policía y contó al personal policial de la Brigada de Investigaciones que trabajaba, con la fiscalía, en la búsqueda de Romero.

Según la fiscal, el joven “informó espontáneamente” datos clave que permitieron encontrar a la víctima. El problema es que esos datos terminaron incriminándolo en la causa y fue lo que el defensor oficial Camilo Curi Antún, que asistió al imputado en la audiencia, objetó con vehemencia y, por eso, planteó la nulidad de esas declaraciones del joven que permitieron allanar su domicilio y hallar el cadáver.

El juez desestimó el planteó y validó los procedimientos hechos por la Policía y la fiscalía, habilitó la investigación por cuatro meses. La fiscal pidió cuatro meses de prisión preventiva para el sospechoso, porque advirtió que existía el riesgo de fuga. La defensa solicitó que sea detenido en forma preventiva pero solo por una semana. El magistrado resolvió imponerle tres meses de prisión preventiva al imputado.


"Los investigadores pasaron una línea


“Más allá de la gravedad del hecho que se está investigando, tenemos derechos y garantías que están siempre en tensión con la efectividad de la investigación, que no puede lograrse a cualquier costo, como se busca en este caso”, advirtió el defensor público Camilo Curi Antún, ante el juez de garantías Adrián Dvorzak.
Planteó la nulidad de la declaración que se le recibió al sospechoso ante la Policía y fiscalía. Advirtió que al excluir esa declaración se dejaba sin efecto el allanamiento en el domicilio del imputado.

“Los investigadores pasaron una línea con suficiente entidad para invalidar todo el proceso”, afirmó. “En todos estos años, nunca en la defensa pública me habían llamado para asistir a un no imputado antes de que se allane un domicilio”, aseguró.

“O fue un intento de sanear una investigación que ya venía afectada por haberle tomado declaración a un testigo en carácter de sospechoso”, sostuvo.


“Si había sospechas de que él (por su asistido) había sido la ultima persona que tuvo contacto con Romero, debió haber sido imputado, notificarle sus derechos y frenar cualquier intento de declaración y de aporte de evidencias”.

«La única razón por la que fueron a allanar el domicilio del joven (sospechoso) con todo el personal cerrando las calles, con el gabinete preparado para allanar y el luminol y toda la historia, fue porque el dijo que tenía la bici (de Romero), si eso no es autoincriminación, entonces tenemos que reescribir todos los manuales de derecho penal», sostuvo el defensor. El juez no admitió sus reclamos y mencionó jurisprudencia para defender lo resuelto.


La noche del 7 de agosto pasado, Facundo Gerardo Romero salió de su domicilio, en un barrio de Viedma. Le avisó a su pareja Geraldine Núñez, que tenía que hacer dos entregas y retornaba. El hombre subió a su bicicleta y se marchó. La mujer sabía de qué se trataba. Hacía unos meses que Romero se dedicaba a la venta de drogas al menudeo.

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