La caja amenazada
Que un gobierno que ha llevado el gasto público a niveles sin precedentes, hecho del Indec un hazmerreír mundial y despilfarrado montos multimillonarios en “fútbol para todos”, además de encargarse de una aerolínea que conforme a las pautas internacionales no será viable sin cambios drásticos que los empleados se negarían a permitir, entre otras aberraciones, haya podido acusar a la mayoría de los diputados nacionales de actuar como demagogos irracionales por votar a favor de un aumento de la jubilación mínima nos dice mucho sobre la escasa seriedad con la que nuestros dirigentes enfrentan los problemas básicos del país, de los que uno es, desde hace décadas, el estado desastroso del sistema previsional. Según la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sería tan alto el costo de cumplir con la iniciativa opositora de asegurar que ninguna jubilación resultara inferior al 82% del salario mínimo, la que fue aprobada por 135 diputados contra 89, con 17 abstenciones, que “en tres meses entraríamos en default”, razón por la que no tendría más alternativa que la de hacer uso del veto, eventualidad que, claro está, brindaría a los dirigentes opositores una oportunidad para responsabilizarla de las penurias que sufren millones de personas. Con esta posibilidad en mente, hasta los conservadores de PRO que, es de suponer, propenden a ser halcones fiscales contrarios a gastar un centavo más de lo imprescindible, se solidarizaron con legisladores radicales, peronistas disidentes y socialistas que no suelen dejarse intimidar por los molestos detalles financieros. Puede que muchos diputados que votaron por el “82% móvil” hayan entendido que en verdad sería poco conveniente agregar a un gasto público ya excesivo otros 40.000 millones de pesos que, conforme al ministro de Economía, Amado Boudou, sería preciso encontrar para que el país no cayera en bancarrota, pero no pudieron resistirse a la tentación de “correr por izquierda” a una pareja que aún no ha abandonado sus pretensiones progresistas. Tal y como están las cosas, a menos que la propuesta opositora se vea rechazada por el Senado, Cristina tendrá que elegir entre vetarla, con la esperanza de que la mayoría crea que sólo se trató de una maniobra ideada con miras a desprestigiarla ante la sociedad y que por lo tanto no sean graves los “costos políticos” previstos, y reducir los gastos en otros ámbitos, lo que por motivos electoralistas no le haría ninguna gracia. Puesto que, merced en buena medida al viento de cola que, por fortuna, está soplando nuevamente con fuerza, según las estadísticas oficiales se ha reanudado el crecimiento “a tasas chinas”, es legítimo suponer que el país está en condiciones de tratar mucho mejor a los jubilados crónicamente postergados, pero al gobierno no le gusta la idea porque para hacerlo sería necesario modificar radicalmente el papel que, en el esquema kirchnerista, desempeña la Anses, institución que, lo mismo que el Banco Central, ha servido para mantener llena “la caja” que los santacruceños usan para promover su proyecto político, repartiendo subsidios cuantiosos entre aquellos grupos que les son afines y, cuando necesitan contar con más votos en el Senado, enviando fondos a gobernadores provinciales en apuros. Por razones nada misteriosas, el gobierno no quiere verse obligado a cambiar la forma discrecional a la que se ha habituado de manejar el dinero aportado por los contribuyentes, en especial los productores rurales, mientras que la oposición está igualmente resuelta a hacer valer los resultados de las elecciones legislativas que se celebraron más de un año atrás. Por ser en última instancia una cuestión de determinar cuál poder manda en el país, el Ejecutivo o el Legislativo, sería excesivo pedirles objetividad a opositores u oficialistas, motivo por el que los debates parlamentarios en torno al tema no fueron muy edificantes. Con escasas excepciones, los partícipes de ambos bandos parecieron estar más interesados en descalificarse mutuamente aludiendo a la condición de ex menemista, ex alfonsinista o lo que fuera de legisladores que preferirían olvidar etapas determinadas de su trayectoria política, que en proponer medidas destinadas a asegurar que en el futuro el sistema previsional sea a un tiempo económicamente sostenible y socialmente justo.
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