La campaña manda: pesos para todos

Por Juan Turello

Una luz de alerta se encendió en el Gobierno nacional. El Frente de Todos perdería la elección legislativa en el decisivo distrito bonaerense, según diversas encuestas.

La estrategia para revertir el resultado es congelar todo y abrir los grifos de paritarias y de ayudas estatales, aun a riesgo de que la abundancia de pesos incube una inflación descontrolada tras los comicios.

La elección del 14 de noviembre mostraría un reparto equitativo de diputados entre el oficialismo y la oposición en 23 distritos. El resultado se decide en la provincia de Buenos Aires, donde se eligen 35 diputados, que darán mayoría o no al peronismo en la Cámara.

En los primeros cinco meses, los precios treparon 21,5%, lo que destrozó la proyección anual de 29% de Martín Guzmán. Ahora, analistas y centros de estudios prevén 48%.

Argentina pierde competitividad en relación con sus vecinos. Por ende, resigna mercados para exportar. Brasil, Chile y Colombia, entre otros, tardan una década en acumular una inflación de 40%; el nuevo piso anual en nuestro país.

El ministro de Economía pretendía que los salarios subieran entre dos o tres puntos por encima de la pauta inflacionaria del 29%, para recuperar poder de compra y evitar una disparada de los precios.

Ahora, el Gobierno salió rápidamente a corregir el desfase: autorizó una suba de 40% para la planta del Congreso Nacional, acordó un alza de 42% para el personal de casas de familia y bendijo un aumento de 45,5% para los trabajadores del Pami.

Los gremios privados encolumnados con el albertismo siguieron el sendero trazado: camioneros y porteros (Suterh) lograron 45%, tras la revisión de una pauta inicial de 32%. Los bancarios piden una cifra similar.

El grifo también se abrirá para el millón de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, que tendrán un bono extra de siete mil pesos.

El reparto de fondos también alcanzaría a jubilados y pensionados nacionales que ganan la mínima, ya que en el primer semestre alcanzarán una suba de 21,2% en sus haberes, contra una inflación que superaría el 25%. Hay un bono compensatorio en danza.

La buena noticia no alcanzaría a todos: un tercio de los pasivos viene perdiendo en relación con el aumento de los precios. La Justicia Federal de Bahía Blanca ordenó a la Anses que el aumento de 2020 sea del 42%, 10 puntos más que lo otorgado por el organismo previsional.

Un grifo que golpea a los privados

Las consultoras de empleo anticipan que el salario privado retrocederá este año ocho puntos en relación con la inflación.

Para compensar esa pérdida, los gremios insistirán en un aumento por encima de lo acordado en las paritarias. Por contrapartida, la caja de numerosos sectores empresarios está casi exhausta.

Diversas actividades trabajan a pérdida, como los prestadores de la salud privada, que vieron duplicados sus costos por el encarecimiento de la aparatología, del oxígeno y de los insumos para atender a los enfermos de Covid-19. Por contrapartida, el Gobierno no autorizó un aumento en los aportes de los afiliados, según denunciaron ante la Justicia.

El pedido se coló en medio del empuje oficial para avanzar en un nuevo esquema de atención de la salud. Todos los subsectores –público, privado, prepagas y obras sociales– serían manejados por el Estado, “coordinando” sus prestaciones y sus ingresos, de acuerdo con el proyecto.

El riesgo es que esa “coordinación” repita lo sucedido en 2008 con las ex AFJP, que fueron estatizadas por la gestión de Cristina Kirchner. A pesar del millonario traspaso de los fondos privados a las arcas de la Anses, las jubilaciones siguen deprimidas.

Tampoco se cumplió la promesa de Alberto Fernández, quien aseguró que destinaría el dinero de las Leliq para mejorar los magros haberes. La deuda pública interna creció, y hoy es una peligrosa bola de nieve.

El plan de frizar todo y abrir los grifos para poner pesos en manos de una sociedad angustiada por la crisis es de resultado incierto en lo electoral.

En el plano económico, la mayor demanda no podrá ser atendida por una industria al 63% de su capacidad, sin grandes inversiones e importaciones limitadas. Así, es probable una “ola” inflacionaria tras los comicios.


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