Blindar escuelas: la triste respuesta de un Estado derrotado
Funcionarios de Seguridad y de Educación se reunieron el martes con padres de alumnos de la Escuela 357 y del Jardín 97 de Roca.
Una triste categoría se sumó la semana pasada al mapa de edificios escolares de Río Negro. Existen los colegios de una planta, los que tienen primer piso y ahora se incorporaron las escuelas “blindadas”.
Paredones más altos, rejas reforzadas y portones nuevos formarán parte del ecosistema en el que pasarán sus días los alumnos y docentes de la primaria 357 y del Jardín 97 de Barrio Nuevo, en Roca.
Una contradicción con las teorías que alientan a contar con instituciones educativas de “puertas abiertas”, pero también una necesidad urgente ante la realidad que vive el norte de la ciudad, donde los enfrentamientos entre grupos antagónicos se metieron a fuerza de bala dentro de las aulas.
La escuela 357 ya vivió la traumática experiencia de imponer a sus estudiantes el “cuerpo a tierra” ante los disparos y también tiene entre sus pizarrones las huellas del plomo cruzado.
Los muros, rejas y portones son la prueba de que nadie quiere un guardapolvo manchado con sangre, pero también una señal de resignación ante el escenario fuera de control que late en las calles.
Un predio educativo blindado es un reconocimiento de derrota ante los violentos.
Una escuela donde se respira un ambiente más carcelario que de libertad es la imagen de la impotencia y de la incapacidad del Estado para hacer cumplir las leyes.
Un recreo sin patio -como ocurre en Barrio Nuevo- es un techo puesto bien bajo sobre esas mentes que deberían volar sin ningún tipo de restricciones.
Está bien la reacción inmediata. En el caso puntual de la Escuela 357 ni siquiera fue tal, porque el primer reclamo público de los padres se dio a principios de año, pero puede tomarse como válido que el Ministerio de Educación haya resuelto una inversión de 10 millones de pesos a través de un mecanismo de excepción, para evitar los tiempos más extensos de una licitación.
Lo que no puede ocurrir es que esa sea la única respuesta del Estado.
Los gobiernos -el provincial como responsable inicial de la seguridad y de la educación, pero también el municipal, que no puede desentenderse de una situación con fuerte origen e impacto social- deberían estar debatiendo desde hace tiempo cómo atacar el problema de fondo.
Acorazar las escuelas no hará desaparecer el narcotráfico de la ciudad. Establecer corredores seguros y sumar cámaras de vigilancia a la vía pública pueden aportar la sensación de un espacio controlado, pero el trabajo necesario es más profundo.
El Ministerio de Seguridad y Justicia prometió la semana pasada a los integrantes de la comunidad educativa que incrementará el recorrido y la presencia policial en la zona norte.
Difícil convencer a esos padres y madres, cuando es palpable y crónico el déficit de móviles y de personal en la Comisaría 21.
De hecho, la falta de efectivos para realizar prevención en las calles no sólo afecta a la zona norte de Roca.
Días atrás, desde el bloque legislativo de Juntos por el Cambio se difundió un informe inquietante sobre la evolución de la planta del Estado provincial, donde aparece que entre enero del 2020 y mayo del 2022 la Policía rionegrina redujo un 2,08% la cantidad de uniformados asignados al área Seguridad.
Tal vez de esos números surja la explicación para entender por qué la respuesta a los pedidos de seguridad se hace con ladrillos y hierros, en vez de planificarla con recursos humanos.
Comentarios