La encuesta que ya no sirve y las luces que en vez de aclarar, oscurecen

La encuesta de los casi 4,5 millones representa un problema con varias capas para el gobierno roquense.

Principal y obviamente, por el gasto aprobado. El Ejecutivo debe explicar ahora al Tribunal de Cuentas y al Concejo Deliberante cómo llegó a la conclusión de que las consultoras especializadas en estudios de opinión son tan escasas en Roca y en el norte de la Patagonia que tuvieron que buscar presupuestos en Buenos Aires para conseguir lo que buscaban.

Y luego de eso, deberá mostrar a todos los roquenses los resultados de esa muestra estadística de 1.200 casos. Se pagó con fondos públicos, por lo tanto, todos los contribuyentes que solventan con sus tasas el Presupuesto municipal tienen derecho a conocer las conclusiones.

La oposición pidió conocer el alcance de la encuesta, para saber si efectivamente se limitó a la opinión sobre la prestación de distintos servicios municipales o se distorsionó el objetivo, midiendo la imagen de la intendenta o de algún referente político de la ciudad.

Difícilmente la respuesta formal del gobierno al poder de contralor conduzca directo hacia ese terreno, porque la mayoría de los que rompen las reglas no se entregan en las puertas de la Justicia.

Lo que será valioso en ese caso será el aporte ciudadano. El municipio tiene la obligación de mostrar la encuesta y cualquiera de esas 1.200 personas contactadas por la consultora de Florencia Filadoro podrá determinar rápido si lo publicado representa el 100% de las preguntas que se le hicieron o surge algún “olvido” llamativo.

Lo paradójico del escenario es que los datos del sondeo tendrán una utilidad efímera.

Si sus funcionarios leen los comentarios en medios y redes sociales, todos deben estar seguros de que el gasto realizado para la encuesta fue un autogolpe para la imagen del gobierno. Por lo tanto, los números recibidos ya tienen una validez relativa.

Ahora bien, hay otro aspecto para analizar, centrado en la recurrencia de una conducta por parte de la gestión local.

No informar o aportar detalles en cuentagotas sobre los actos de gobierno no parece ser una excepción, sino la regla en Roca.

Ocurrió con las ciclovías y los importantes cambios en el tránsito, se repitió con el contrato directo para el sistema de fotomultas y ahora con la encuesta.

Y hay más casos. Esta misma semana se viralizó la difusión oficial que hizo el municipio sobre la Licitación 34/2022, destinada a la compra de “hilo led para acondicionamiento de figuras navideñas”.

El presupuesto oficial para ese objetivo es de 5.542.930 pesos. Y lo relevante es que el informe público elaborado por el Ejecutivo no presenta en ninguna parte dos datos fundamentales: cuántos metros de hilo led piensan comprar y por qué razón consideran al mes de agosto como una buena oportunidad para pensar en la ornamentación que tendrá la ciudad a fines de diciembre.

La sucesión de eventos donde organismos del Estado o los propios vecinos deben reclamar información al gobierno para saber de qué se tratan sus decisiones es una señal preocupante.

Porque se ratifica un camino surcado antes de esta gestión, donde gastos importantes no fueron acompañados por la transparencia necesaria. La Fiesta de la Manzana es el ejemplo más claro de esa convicción latente entre algunos funcionarios: son los que creen que menos información significa más tranquilidad y pasan por alto las obligaciones que impone el cargo público que ostentan.


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