Polémica por el posible desalojo de un merendero del barrio Quinta 25, en Roca

Una familia, que vive en la zona norte de Roca, recibió una intimación de desalojo por parte del municipio de Roca. Dentro del predio, donde se encuentra la vivienda, funciona un merendero que asiste a más de una docena de chicos de escasos recursos. Sin embargo, las autoridades municipales, fijaron un plazo de 72 horas para liberar el lugar, asegurando que la adquisición del terreno fue ilegal.

«Lo que pido es que, por favor no me saquen de acá. Soy mamá soltera y tengo un nene de tres años. Además, en mi vivienda funciona un merendero donde asistimos a casi 14 niños y niñas del barrio Quinta 25″, expresó Iara Torres, la mujer que recibió la intimación.

Hace cuatro meses que el merendero «Quinta 25», entró en funcionamiento en un salón ubicado en calle Pasteur 3224, en Roca. Según confirmó Torres, durante las últimas noches, observó personal policial rondar su casa continuamente.

«Nosotros damos asistencia para que los chicos puedan comer y tomar algo. Todo lo hacemos a base de donaciones y a pulmón porque la situación económica está difícil para todos«, reiteró la referente del merendero.

La mujer también expresó que la compra del inmueble se realizó de «buena fe», siendo su tío el dueño anterior y que se realizó un boleto de compra y venta, para la obtención de la tenencia.

«Estoy desesperada por la situación. Ayer, mi tía fue a hablar al municipio de Roca y la trataron súper mal, diciéndole que no le importaban las circunstancias y que el desalojo se iba a realizar igual«, sostuvo.

Torres alegó que, otro de los motivos por los cuales accedió a la tenencia de esa tierra fue por la imposibilidad de que el propietario anterior continúe con los requisitos de construcción, previstos en un plazo de dos años. El valor de la transferencia lo fijaron en 300 mil pesos, en concepto de tenencia y adelanto de obra, sobre el terreno de calle Pasteur 3224.

«Nunca se me notificó que no podía avanzar con la edificación, la cual actualmente se encuentra finalizada. Poseo la propiedad y he realizado mejoras de buena fe«, reafirmó la mujer.

Aclaró que, en ninguna oportunidad se negó a abonar la tierra ni los gastos que sean necesarios para poder adquirir una posesión legal como le solicitaron.

Para el municipio de Roca, la orden de desalojo sigue en pie

El pasado 10 de febrero, el municipio de Roca realizó una denuncia por una ocupación ilegal en un lote social dado. Según informaron desde la secretaría de Prensa, el marco de la intervención se produjo por la presencia de personas no autorizadas, quienes estaban trabajando en una construyendo un local de tipo «comercial».

«En ese momento, no estaba habitando nadie el lugar, solo construyéndose y por esto de forma inmediata se intimó -por acta- a que se cesara con la construcción, pero pese a ello nunca se frenó la obra, haciendo caso omiso a la oposición del parte del Municipio», siguió el informe que brindó el equipo de prensa municipal a este medio.

Además, las autoridades de la comuna expresaron que -sumado a la falta de autorización-, la obra no se registró en los términos en los cuales estaba destinada la tierra. Aclararon que, el destino de la construcción debería tener fines habitacionales para personas de escasos recursos y que transiten, sin excepción, el procedimiento administrativo previsto.

Por otro lado, apuntaron a que la falta de medidas para proteger el inmueble se generó a partir de una responsabilidad de la Justicia, que no ordenó medidas precautorias para paralizar la obra.

«Por ese entonces, estaba en manos de alguien que el municipio no solo no tenía conocimiento de su identidad sino que mucho menos podía haberlo autorizado. Esta persona siguió en su postura pese a que sabía que no debía seguir construyendo y los propios supuestos trabajadores de la construcción también hacían caso omiso a las intimaciones«, continuó el escrito.

Respecto a la adquisición, desde el área de Obras Públicas informaron que se celebró un contrato de venta con los anteriores poseedores precarios -la cual se encontraba revocada-, lo cual no se podía realizar porque no eran propietarios y estaba vedado, según las condiciones dadas para la entrega de terrenos.

Los voceros del municipio local categorizaron de «irrisorio» el precio que se había pagado por el terreno, fijándose en un valor de 300 mil pesos. Asimismo, detallaron que ese tipo de negocio ilegal lo realizaron a sabiendas de que estaba prohibido y en pleno conocimiento de las consecuencias.

«Las negociaciones a espaldas municipio son nulas y de ningún valor, están terminantemente prohibidas, porque como en este caso, puede resultar que se viole la finalidad de la ordenanza y se termine quedando con la tierra alguien que no cumple con los requisitos legalmente establecidos», relataron desde Obras Públicas del municipio de Roca.

Además, fueron enfáticos con que la adquisición de tierra fiscal bajo esta modalidad solo es un modo «artero de saltar y/o adelantarse ilegalmente a quienes sí se inscriben y aguadan su turno para adquirir» esa oportunidad.

«Ni las formas, ni la actitud resultan tolerables, porque contienen una mala fe manifiesta y lo realizado no es otra cosa que una maniobra con la que pretende aprovecharse de tierras que están destinadas a cumplir una finalidad específica y para personas con características y necesidades específicas», concluyeron en el escrito que brindó el municipio.