La confianza pública

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Vamos a examinar algunos aspectos relacionados con las deplorables actitudes políticas de la mayoría de nuestros gobernantes y funcionarios públicos.

Si bien el tema central lo hemos abordado en innumerables ocasiones, parece que la voluntad de cambiar democráticamente la organización de los poderes republicanos y empezar a respetar las leyes, no se encuentra en la agenda de nuestros dirigentes políticos. En la actualidad, vivimos en un estado de democracia sólo formal, con un creciente deterioro de la confianza pública y, lógicamente, de las instituciones del Estado. Descreemos de esta democracia que supimos conseguir, y lo más lamentable es que la inercia, la rutina y los comportamientos parasitarios siguen instalados en las esferas del poder.

Las anomalías más evidentes

Por el peso propio de esta evidente anomalía, es que la señalamos en primer lugar: las listas sábana. ¿En cuántas publicaciones tratamos el tema?, ya hemos perdido la cuenta. Más allá de las reiteraciones, la cuestión pasa por la forma que debe adoptarse para superar este lamentable procedimiento de elección de representantes. Con la meta siempre de recuperar la confianza del orden democrático y con los pies en la tierra, debemos exigir, como primer paso, la incorporación en el cuarto oscuro de una boleta en blanco con nueve renglones numerados (en el caso de las elecciones de octubre, dada la cantidad de legisladores que se elige en Córdoba) para que el votante pueda confeccionar su propia lista dentro de todas las ofertas partidarias. Nos obligan a votar y nos prohíben elegir. ¿Hasta cuando las corporaciones políticas abusarán de nuestra paciencia? ¿Quiénes generan la anomia ciudadana?

Con la intención de tratar otra irregularidad muy generalizada, transcribiremos una información extraída de un diario de circulación nacional: «El gobierno (nacional) utiliza para la campaña electoral la flota de los aviones presidenciales, los helicópteros, el alquiler de vehículos terrestres, el personal de ceremonial y protocolo, los locutores, los custodios para la seguridad y hasta los fotógrafos oficiales». Analizar semejante despropósito gubernamental nos exige recurrir a una construcción lógica que consideramos de singular utilidad y que nos permitirá poner en evidencia los continuos abusos en el ejercicio del poder. Hans Kelsen nos enseña una regla básica que asegura la aplicación racional de las leyes en el sistema democrático, alcanza a toda la ciudadanía y establece un límite infranqueable para los que ejercen la autoridad pública. Se enuncia así: «todo lo que no está prohibido, está permitido». Reflexionemos: las personas pueden realizar todas las conductas que no están expresamente prohibidas, garantizando las libertades individuales. Ahora bien, los gobernantes y funcionarios, como representantes del pueblo y en ejercicio de los poderes públicos, por una razón lógica y para proteger el ámbito de libertad ciudadana, se encuentran limitados por la regla inversa, o sea: «todo lo que no les está permitido, les está prohibido». Esto no es caprichoso, observemos la conformación de los poderes en las constituciones nacionales o provinciales y en las leyes que en su consecuencia se dictan. Allí se establece taxativamente un extenso catálogo de atribuciones y obligaciones correspondientes a las autoridades de los tres poderes del Estado (ésas y nada más que ésas). Naturalmente, si alguna conducta o acto de gobierno no está ordenado o permitido en la Constitución o ley específica, ese acto o conducta está estrictamente prohibida. S no se interpreta de esa manera, el gobernante de turno tendría potestades similares a las de un rey, identificando sus intereses y patrimonio con los intereses del propio Estado, violando el principio de libertad ciudadana y sometiendo al pueblo a la incertidumbre propia de los autoritarismos.

El estigma nacional

Sin ánimo de recordar fechas, sabemos que, desde tiempos inmemoriales, nuestra querida Argentina está signada por el asalto al poder del partido que gobierna. Para facilitar la comprensión de esta concepción disparatada del poder, utilizaremos un ejemplo muy corriente en nuestro país. Es una obligación republicana, en el área nacional, provincial y municipal, la publicidad de los actos de gobierno, ello se encuentra expresamente contemplado en las respectivas constituciones. También está permitido difundir, por todos los medios, las campañas de vacunación, educación o seguridad pública, para resguardar el bienestar general de toda la comunidad. Ahora bien, la propaganda de gestión de gobierno, como no está legalmente contemplada ni tampoco beneficia a la población, se encuentra absolutamente prohibida. Son actos y conductas delictivas que practican la inmensa mayoría de nuestros dirigentes políticos y que no encuentran eco en los estrados judiciales. Es una costumbre generalizada que asumimos como normal. Se trata nada menos que de la gigantesca propaganda instrumentada con nuestro dinero para financiar las campañas políticas de un grupo que utiliza la radio, los diarios o la televisión para asegurar su hegemonía y continuar en el poder. Es tan inmenso el despropósito y tan demostrativo, que llama poderosamente la atención la aceptación pacífica de semejante anomalía. Recurrimos a la memoria de nuestros lectores para que traten de identificar los distintos logotipos o consignas utilizados en afiches, vehículos, publicaciones oficiales, inauguraciones, actos culturales, etc. Actualmente, y en especial en los últimos 20 años, se acentuaron estas prácticas en las tres esferas: nacional, provincial y municipal. Todo ello es propaganda de gestión, y ésta no se encuentra permitida en ley o reglamento de ninguna naturaleza. Simplemente asistimos a otra acción de malversación de fondos públicos. Y semejante impunidad, ¿no genera la anomia ciudadana? Pretendemos subrayar aquí: es obligatoria la publicidad (transparencia) de los actos de gobierno, está permitida la propaganda para las campañas de bienestar general y, absolutamente prohibida la propaganda de gestión con recursos del Estado, destinada a engrandecer y mejorar la imagen del jerarca y de su partido.

Conclusión

Debemos reconocerlo, nuestra capacidad de asombro no tiene límites. Mientras redactábamos esta nota, nos enteramos de que el Fiscal General G. Pollicita dictaminó que no es delito haber usado los bienes del Estado en la campaña política del presidente y de su señora esposa. El Fiscal General debería refrescar sus conocimientos jurídicos leyendo no sólo a H. Kelsen sino también el Tomo IX de Estudios Póstumos de J. B. Alberdi. «¡Cosas vedere Sancho, que non credere!».

Una última observación relacionada con los comportamientos parasitarios. En realidad no necesita demasiada explicación, con sólo recordar su significado en el universo político es posible identificar numerosos ejemplos. Es muy frecuente, ante los pedidos reiterados de cambios en la estructura del poder, modificaciones de las leyes electorales, unificación de los regímenes de seguridad social y la exigencia de modernas transformaciones institucionales, que nuestros caros dirigentes políticos decidan no decidir. Así de simple, miran para otro lado y no deciden. Una estrategia que les brinda jugosos resultados, pues ellos quedan aparentemente legitimados con el voto obligatorio, aunque cada día el pueblo está más alejado de sus dirigentes, está perdiendo también la confianza en las instituciones públicas. Insistimos, entonces: ¿quiénes generan la anomia ciudadana?

Para cerrar transcribiremos una estrofa de la canción «La sal de la tierra» de «The Rolling Stones»: «(…) Pensemos en los millones de indecisos que necesitan líderes y a cambio reciben estafadores».

(*) Doctor en Derecho