La cuestión criminal

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Hace algunos años, en el 2007, Bernardo Kliksberg escribió un sugerente trabajo titulado “Mitos y realidades sobre la criminalidad en América Latina. Algunas anotaciones estratégicas sobre cómo enfrentarla y mejorar la cohesión social”. Por su vigencia y actualidad, tiene sentido reproducir aquí algunas de sus principales consideraciones.

Destacaba entonces que para la Organización Panamericana de la Salud un índice normal de criminalidad es el que se halla entre cero y cinco homicidios por cada 100.000 habitantes por año. Cuando el índice de homicidios está entre cinco y ocho la situación es delicada, pero cuando excede de ocho traduce un cuadro de criminalidad “epidémica”. Tal resultaba el caso de América Latina.

Para entonces los países con criminalidad más aguda eran Colombia (diez veces la epidémica), El Salvador (cinco veces), Venezuela (4,25 veces) y Brasil (3,8 veces). Sólo se hallaban debajo de la cota de ocho homicidios Costa Rica, Cuba, Perú, Argentina, Chile y Uruguay.

Kliksberg afirmaba que el camino hacia una gestión inteligente de la cuestión criminal en América Latina ha estado frecuentemente bloqueado por una serie de mitos que se toman como verdades, a pesar de su permanente choque con la realidad.

Esos mitos no sólo llevan a caminos altamente ineficientes, sino que además poseen un sustento, a punto tal que satisfacen los intereses tanto de sectores que pretenden ganar poder mediante demagogias fáciles como de aquellos que no están dispuestos a enfrentar las razones estructurales de la violencia en la región.

El primero de esos mitos afirma que el problema del crimen es de naturaleza policial y se resuelve con mano dura; es decir que las respuestas deben darse en el marco del afianzamiento de los aparatos de seguridad.

Sin embargo, Kliksberg destacaba que el concepto de “tolerancia cero” no implica la rigurosa aplicación de todas las leyes, lo cual sería imposible, sino más bien una imposición extremadamente discriminatoria contra determinados grupos de personas en ciertas zonas simbólicas. Se preguntaba dónde está la “tolerancia cero” de los delitos administrativos, el fraude comercial, la contaminación ilegal y las infracciones contra la salud y la seguridad. En su opinión, sería más exacto describir las formas de actividad policial realizadas en nombre de la “tolerancia cero” como estrategias de “intolerancia selectiva”.

El segundo mito sostiene que los países exitosos han conseguido resultados porque han aplicado mano dura, argumento que actúa como una legitimación que se basa en la falsa premisa de que, si así lo hicieron los Estados desarrollados, pues entonces una respuesta del tipo es inherente a la modernidad y el progreso.

El mito de que la mano dura solucionará el problema se desvanece cuando se contrasta con la evidencia empírica que el autor se encarga de detallar en su trabajo. Tanto es así que sus fracasos crean el terreno para demandas sociales más agudas y para consolidar su propia perpetuación.

El tercer mito se corresponde con la afirmación de que las causas últimas de la criminalidad son poco conocidas. No obstante ello, afirmaba que a partir de una visión de conjunto esas causas carecían de todo misterio.

Prueba de ello resulta que la región ha visto en las últimas décadas la agudización de los problemas sociales y de las desigualdades, lo cual multiplicó los factores de riesgo respecto de la delincuencia. Cuentan, en tal sentido, la combinación de jóvenes excluidos que no tienen por dónde ingresar a la vida laboral y la existencia de familias desarticuladas, todo lo cual crea un inmenso grupo de jóvenes altamente expuestos.

Según el cuarto mito, el enfoque integral sólo produce resultados a largo plazo. Sin perjuicio de ello, Kliksberg sostenía que cuando se logra cambiar la lógica puramente policial en el análisis de la criminalidad por una lógica integral que atiende a sus causas últimas surge una última barrera de rechazo.

Ésta consiste en argumentar que un enfoque integral de la cuestión criminal sólo producirá resultados a largo plazo. Este tipo de razonamiento ofrece a la población legítimamente alarmada una solución supuestamente “inmediata”, frente a una fecha indefinida de resolución de los conflictos.

Si bien es cierto que las soluciones estructurales pueden significar cambios que requieren plazos históricos significativos, no lo es menos que asumir una lógica integral permite avanzar en una dirección que puede arrojar resultados satisfactorios.

Por último, a modo de conclusión, afirmaba que el crecimiento de la criminalidad en la región estaba vinculado con factores precisos; entre ellos, las condiciones sociales básicas, especialmente la evolución de la tasa de desocupación juvenil y las oportunidades laborales, los niveles de educación y el grado de articulación de las familias.

En tiempos marcados por el facilismo penal y la criminología mediática, las anotaciones de Bernardo Kliksberg aportan un poco de sensatez al abordaje de la cuestión criminal.

MARTÍN LOZADA

Juez penal. Catedrático Unesco en Derechos Humanos, Paz y Democracia

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