La defensa de la paz social

Para alivio no sólo de gobernadores provinciales como el bonaerense Daniel Scioli sino también de muchísimos comerciantes, sobre todo los de origen chino que suelen estar entre las víctimas principales de los reclamos extorsivos de grupos que se movilizan para atacar a supermercados, este año no se produjeron los ya tradicionales saqueos prenavideños. No es que hayan “fracasado” quienes preveían una repetición de los desbordes de años anteriores, como afirmó Scioli al criticar a “los que auguraban un escenario apocalíptico”, sino que en los distritos más conflictivos las autoridades prestaron atención a las advertencias que formulaban para tomar medidas preventivas. Alarmados los gobernadores e intendentes de las municipalidades más grandes por el peligro de que el 2014 terminara como el año pasado, en muchas partes del país formaron comités de crisis para reaccionar con rapidez frente a cualquier síntoma de inestabilidad, mientras que aumentó mucho el número de efectivos policiales disponibles, lo que ha posibilitado una mayor presencia callejera de uniformados. También ha colaborado el gobierno nacional al erigirse el secretario de Seguridad, Sergio Berni, en una suerte de paladín de la mano dura contra los violentos, politizados o no. Parecería que, luego de haber alentado durante años a los revoltosos, tratándolos como aliados, por suponer que sería de su interés contar con el apoyo de personajes como el piquetero Luis D’Elía y otros “luchadores sociales”, los kirchneristas más sensatos han llegado a la conclusión de que no les convendría correr el riesgo de que el caos se apoderara esporádicamente del país. Sucede que los más beneficiados por la agitación incesante de agrupaciones contestatarias resultaron ser los militantes de la izquierda dura que, sin tener que preocuparse por las eventuales consecuencias electorales de su conducta, siempre pueden ir más lejos que los oficialistas. Aunque algunos progresistas han acusado al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de girar hacia la derecha autoritaria al permitir la represión, primero en la provincia de Santa Cruz y después en el resto del país, la verdad es que no tuvo más alternativa que la de apoyar las iniciativas de Scioli que, después de reconciliarse con la Policía Bonaerense otorgándole un aumento salarial importante, puso en marcha lo que calificó de “la mayor campaña de reclutamiento policial de todos los tiempos”, incorporando 10.000 cadetes a la fuerza provincial. Para más señas, el precandidato presidencial juró que “la seguridad fue, es y será mi prioridad hasta el último día de mi mandato”, un compromiso que, algunos años antes, hubiera motivado protestas virulentas por parte de los militantes de La Cámpora y otras fracciones kirchneristas. Puesto que el país ya ha entrado en una etapa de deterioro económico que amenaza con agravarse, una en la que continuará cayendo el poder adquisitivo de virtualmente todos y aumentará la desocupación, conservar la paz social hasta que por fin se revierta la tendencia así supuesta requerirá un gran esfuerzo colectivo. Además de la presencia física de uniformados en las zonas más sensibles del conurbano bonaerense y ciudades como Rosario, Tucumán y Bariloche, los encargados de la seguridad tendrán que insistir en que el orden no es “derechista” ni “oficialista”, como quisieran hacer pensar los resueltos a politizar todo, sino un bien común que es necesario defender. Últimamente distintos voceros gubernamentales, encabezados por Cristina, han acusado a los dirigentes gremiales Luis Barrionuevo y Hugo Moyano de suministrarles a los saqueadores en potencia los pretextos que necesitan, pero por muchos años los kirchneristas mismos brindaron la impresión de simpatizar con ellos por creerlos víctimas de una sociedad radicalmente injusta que pronto se vería reemplazada por otra mejor. Aunque es difícil medir el impacto concreto que habrá tenido la prédica contestataria favorecida no sólo por los contrarios a la democracia sino también, según las circunstancias, por muchos otros, no cabe duda de que contribuye a debilitar las defensas sociales contra la violencia de los que se las han arreglado para convencerse de que la militancia política les da el derecho a violar aquellas normas que hacen posible la convivencia civilizada.

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