La Defensoría Pública llega al barrio en Neuquén

El servicio de orientación jurídica (SOJ) es el que brinda asistencia a las personas que requieren patrocinio en materia civil y evalúa si sus casos son admisibles por la defensa pública: Desde un divorcio, autorización para salir del país, hasta un cobro sumario. Los funcionarios que atienden diariamente en la Ciudad Judicial, ubicada en Leloir y Entre Ríos, a partir de este mes lo hacen también en cinco centros de salud de Neuquén capital.

“Atendemos aquella porción de la población que no puede costearse un abogado particular. La intervención de la defensa pública está limitada a esa parte de la población, que es aquella de menores recursos. El servicio es la puerta de entrada a la defensa pública”, aseguró la secretaria civil y de nuevos derechos de la Defensoría General, Mónica Barrutia.

La materia civil abarca tanto lo patrimonial (desalojos, sucesiones) como no patrimonial (situaciones vinculadas al ámbito de Familia).

Desde febrero los funcionarios del poder Judicial recorren las salitas de los barrios Sapere, San Lorenzo Sur, Colonia Rural Nueva Esperanza y Ciudad Industrial para prestar el servicio. Atienden de 8 a 12.30. Generalmente se le designa un lugar en el centro. En la meseta, por ejemplo, se destinó un consultorio. Pueden concurrir las personas mayores de 18 años.

Hay una pauta económica que se toma como parámetro de acceso a un defensor público. Se admiten los casos de personas que perciben un salario inferior a 25.000 pesos, que es el monto mínimo para que un grupo familiar (dos mayores y dos niños de 6 y 8 años) pueda adquirir la Canasta Básica Total -alimentos, indumentaria, servicios básicos-, según los datos publicados por el Indec.

Barrutia explicó que este aspecto es ponderado por los funcionarios judiciales, junto a otras circunstancias.

Las causas más comunes que llegan al servicio son la obligación de alimentos, el régimen de comunicación (lo que comúnmente se conoce como “régimen de visitas”) y violencia (como patrocinantes). Según las estadísticas del ministerio público de la defensa, entre noviembre y diciembre de 2018 en la Ciudad Judicial fueron a consultar al SOJ 1.463 personas. Se asignaron 650 turnos con defensores y hubo 241 urgencias.

“La mayor parte de la población que atendemos va a la primera consulta que no tiene que ver con lo jurídico. Podrá tener que ver con lo administrativo, con algún reclamo en otra dependencia del poder Ejecutivo, pero no es un caso para llevar a un juez”, afirmó Barrutia.

Agregó: “El derecho de defensa es una garantía del ciudadano. Es lo único que le va a permitir al ser humano igualar las desigualdades existentes”.