La desidia como sistema



En medio de las quejas de los sufridos usuarios por el deterioro de la Ruta 22, nuevamente los trabajos para su mejoramiento y ampliación volvieron a sufrir demoras y alteraciones por falta de fondos, estirando una vez más los plazos de una obra que parece interminable.

La “normalidad” prometida a principios de año por Vialidad para la ejecución de las obras del tramo Fernández Oro-Cipolletti duraron apenas dos meses, y un conflicto por la falta de pago de salarios a los obreros de las dos empresas que realizan tareas en este sector -una de ellas propiedad del empresario Cristóbal López y otra de la familia Sapag- volvió a paralizar las obras durante varios días. Las firmas a cargo de este tramo aducen demoras en la entrega de fondos de Nación que les han generado serios problemas financieros, mientras que desde el gobierno central señalaron que los retrasos son mínimos. Una gestión del gobierno provincial para reubicar a unos 15 obreros y la liberación de fondos permitió que un puñado de operarios volviera a las tareas que avanzan a ritmo cansino.

Para colmo la paralización ocurrió en momentos en que las lluvias recientes evidenciaron el pésimo estado en que se encuentran tanto la traza histórica como los desvíos transitorios a lo largo de la ruta, con lo cual se multiplicaron en las redes las quejas de los miles de automovilistas que circulan cada día por esta vía y sufrieron demoras y averías en sus vehículos como consecuencia de las ondulaciones, baches, pozos, ripio suelto y mala señalización.

Mientras la Nación, provincias, empresas constructoras y sindicatos se dedican cada semana al juego del Gran Bonete para definir quién es el culpable, lo cierto es que esta obra de vital importancia para la seguridad vial y la economía de la zona lleva ya más de nueve años de tareas intermitentes y poco efectivas, que hacen que la ampliación y el asfaltado de apenas 77 kilómetros de vías esté todavía en un 40% de realización, con casi 7.000 millones de pesos comprometidos.

Errores de diseño, polémicas con las autoridades municipales, retraso en la entrega de fondos y escasos controles por parte de tres administraciones nacionales y provinciales han generado permanentes paralizaciones de la obra, la última de más de ocho meses el año pasado. Los mayores retrasos se producen en el sector más transitado, el de Godoy-Cipolletti, con casos como el tramo de Roca donde las tareas ni siquiera han comenzado debido al enfrentamiento entre Nación y Municipio por el diseño de la obra y posibles problemas ambientales.


Mientras la Nación, provincias, constructoras y sindicatos juegan al Gran Bonete para definir quién es el culpable, la obra de la Ruta 22, vital para la seguridad vial y la economía de la zona, languidece.


El gobierno actual, que asumió la obra en 2016, señala que se encontraron con decenas de inconvenientes técnicos en el proyecto original que obligaron a replantear muchos sectores, además de las sospechas de arreglos políticos y corrupción que caracterizaron a toda la obra pública durante el kirchnerismo.

A esto se sumaron los problemas financieros a partir del 2017. Sin embargo, su gestión no mejoró el panorama, manteniendo a las mismas contratistas, modificando mínimamente el plan de obra y manteniendo la burocracia y lentitud de decisiones. Y cada demora implica el deterioro de lo poco ya hecho, aumento de costos por inflación y la necesidad de nuevos cálculos y replanteos. Un despilfarro de recursos públicos.

Mientras tanto cada semana, en el caos de tránsito en una ruta saturada, obsoleta, en pésimo estado, mal señalizada y con escasas vías alternativas se multiplican los accidentes, que el año pasado dejaron más de 34 muertes, decenas de heridos e incontables daños materiales.

Si bien es cierto que la mayoría de los hechos se produjo por errores e imprudencia de los conductores, una vía que aumenta en vez de solucionar los problemas contribuye al estrés de los conductores, no perdona errores y alienta decisiones temerarias para ganar unos pocos minutos de tiempo.

Es lamentable que por falta de diálogo, negligencia e inoperancia se siga postergando la obra. Nuestros representantes deberían encarar un diálogo sin especulaciones políticas y realizar acciones urgentes para que de una vez por todas el Alto Valle pueda contra con una vía moderna y segura, clave para su desarrollo económico.


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