La energía no es gratuita
Toda vez que hay una ola de calor, o de frío, se multiplican los cortes de luz en diversas partes del país, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires donde el impacto político es más fuerte, lo que en vista de las deficiencias notorias del sistema energético nacional no es nada sorprendente. Como muchos previeron cuando el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner optó por mantener congeladas las tarifas, la consecuencia lógica de la política de estimular el consumo de energía, manteniendo muy bajas las tarifas en zonas electoralmente sensibles como la Capital Federal, sin preocuparse en absoluto por la falta de inversión resultante, sería un colapso generalizado. Todavía no hemos llegado a este punto pero, como acaba de explicarnos el presidente boliviano Evo Morales, “cualquier empresa tiene derecho a recuperar su inversión y tener derecho a las utilidades”: de lo contrario, se negará a invertir. Mientras las tarifas de la zona metropolitana sean una pequeña fracción de las corrientes en países vecinos y en algunas ciudades del interior, las empresas se limitarán a minimizar sus propias pérdidas y por lo tanto los problemas provocados por la extrema precariedad de la oferta energética seguirán agravándose año tras año. Tal y como están las cosas, tarde o temprano el gobierno se verá constreñido a ordenar un ajuste mayúsculo para los consumidores de energía de la Capital y sus alrededores parecido al que intentó Morales hace poco en Bolivia, provocando una reacción furibunda que lo obligó a batirse en retirada, aunque es de suponer que lo dejará para después de la campaña electoral. Por ahora, la prioridad oficial consiste en tratar de asegurar que otros tengan que pagar los costos políticos ocasionados por apagones acompañados por los ya rutinarios cortes de ruta y cacerolazos protagonizados por usuarios indignados, de ahí las embestidas del ministro de Planificación, Julio De Vido, contra la empresa Edesur de capitales italianos –el 75%– y brasileños. Según el integrante clave del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Edenor es culpable de “un llamativo abandono del servicio y una incomprensible desidia en la regularización de los problemas”, razón por la que el contrato “corre un altísimo riesgo de ser revisado y eventualmente rescindido”. Por su parte, sindicalistas como el jefe vitalicio de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, se oponen a la estatización de Edesur pero creen que sería una buena idea reemplazar a los empresarios extranjeros por argentinos, alternativa ésta que con toda seguridad encantaría a un gobierno deseoso de impulsar “la burguesía nacional”, o sea, “el capitalismo de los amigos”. Si bien parecería que los brasileños de Petrobras quieren salir de un negocio que sólo les ha ocasionado dolores de cabeza, no están dispuestos a resignarse a perder mucho dinero. Por lo demás, el gobierno tendrá que manejar el asunto con cierto cuidado porque no le convendría que surgieran problemas diplomáticos con Brasil o con Italia. Huelga decir que el eventual traspaso de las acciones de Edesur a manos argentinas no solucionaría nada. Aun cuando dicha empresa y otras como Edenor y Edelap fueran dechados de eficiencia administrativa manejadas por personas comprometidas con el “modelo” kirchnerista y dotadas de gran sensibilidad social, no les sería dado encontrar la forma de repartir energía barata y mejorar la calidad de los servicios que prestan, a menos que recibieran subsidios cada vez más cuantiosos. Por desgracia, en este mundo no hay ni almuerzos gratuitos ni energía casi gratuita. De un modo u otro, será necesario que alguien pague. Desde hace muchos años, los consumidores de electricidad de las zonas más prósperas del país se han visto beneficiados por los aportes de la población en su conjunto, incluyendo, desde luego, a los sectores de ingresos muy magros, con el resultado de que, a diferencia de los habitantes de las grandes ciudades brasileñas, chilenas y uruguayas, se han acostumbrado a tarifas tan insólitamente bajas que, para regocijo de un gobierno resuelto a fomentar el consumo, han comprado cantidades notables de acondicionadores de aire y otros aparatos, confiados en que los costos de mantenerlos funcionando continuarían siendo mínimos. Se trata de una ilusión comprensible, pero de una que tiene los días contados.
