La gran carrera

Por Redacción

Los aumentos salariales reclamados por los jefes sindicales tienen más que ver con su ubicación en el tablero político que con el estado económico de los distintos sectores. Mientras que oficialistas como el secretario general de la CGT Hugo Moyano y el mandamás de una parte de la CTA escindida, Hugo Yasky, dicen creer que el 20 “y pico” por ciento sería razonable, el rival de Yasky, Pablo Micheli, afirma que este año los incrementos no pueden ser inferiores al 30% y Luis Barrionuevo de la CGT Celeste y Blanca insiste en que el 35% reflejaría el verdadero alza del precio de la canasta básica. Frente a la competencia así desatada, el gobierno está procurando moderar las expectativas, pero no le está resultando nada fácil. No puede oponerse a los aumentos aferrándose a las estadísticas confeccionadas por el Indec, según las cuales el año pasado la tasa de inflación fue levemente superior al 10%, porque nadie lo cree. Tampoco le sirve para mucho decir que la inflación no es su culpa porque, como nos explicó el ministro de Economía, Amado Boudou, “los precios no los sube el gobierno, sino que los suben los empresarios y los industriales”, puesto que ni siquiera a los gremialistas más leales a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se les ocurriría pedirles a los afiliados ayudarla a triunfar en las elecciones próximas conformándose con menos. El funcionario encargado de frenar a los sindicalistas opositores es el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien les advierte que, de fijarse el piso por encima del 30%, “todo se iría al diablo”, pero a esta altura es poco probable que Micheli, Barrionuevo y otros –que no sienten mucha simpatía por el kirchnerismo– opten por batirse en retirada. Pueden argüir que, por haber superado el 25% anual la tasa de inflación real y por haber crecido la economía más del 8% en el 2010, el 35% exigido por el gastronómico dista de ser tan exagerado como asevera Tomada cuando dice que “no aporta racionalidad a la discusión”. Por lo demás, los sindicalistas entienden muy bien que en un año electoral el gobierno estará más interesado en ahorrarse problemas que le ocasionarían una ola de conflictos laborales, que en el futuro de la economía nacional, de suerte que les conviene intensificar las presiones. La incipiente ofensiva sindical es una reacción natural ante el aumento continuo del costo de vida que, de acuerdo con mediciones privadas, ha golpeado con fuerza excepcional a los sectores de ingresos bajos que en los doce meses últimos han visto mermar casi el 30% su poder adquisitivo. Por razones comprensibles, los más perjudicados que trabajan en la parte formal de la economía son reacios a ser víctimas del ajuste resultante, mientras que el gobierno no podrá correr el riesgo de oponérseles porque se trata de su reserva electoral más importante. No sorprendería, pues, que los militantes más decididos terminaran consiguiendo los aumentos que están reclamando, lo que tendría un impacto negativo en la marcha de la economía, ya que en un sistema tan centralizado como el existente en nuestro país los salarios no dependen de la condición de las distintas empresas sino de negociaciones sectoriales. Como es su costumbre, el gobierno apuesta a que las consecuencias a mediano plazo de su estrategia económica voluntarista no se hagan evidentes antes de la jornada electoral, pero si Cristina resultara reelegida iniciaría su segundo mandato con una tasa de inflación superior al 30% anual. Puesto que en diversas oportunidades la presidenta se ha comprometido a “no ajustar a los argentinos” y, de todos modos, no cree en medidas monetarias que a su juicio podrían calificarse de “neoliberales”, parecería que se ha resignado a convivir con el mal con la esperanza de que merced al crecimiento macroeconómico se cure sin que se vea obligada a hacer nada antipático. No sería la primera vez que un gobierno ha actuado así. Por el contrario, todos los precursores del gobierno del entonces presidente Carlos Menem, incluyendo a los militares, se negaron a enfrentar la inflación por temor a los previsibles costos políticos, de ahí la larga decadencia de una economía que antes había sido, por un margen muy amplio, la más próspera de América Latina.


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