La ilusión inflacionaria
A los dirigentes sindicales les gusta una tasa elevada de inflación porque les permite reclamar subas salariales importantes varias veces por año, de este modo asegurándose un papel protagónico en el escenario político, pero pocos se animan a tratar el aumento constante del costo de vida y los trastornos que provoca como fenómenos positivos. Uno que sí ha intentado hacerlo es el camionero Hugo Moyano. Según el jefe de la CGT y aspirante a convertirse en gobernador de la provincia de Buenos Aires, la inflación sirve para facilitar la movilidad social, mientras que tratar de frenarla supondría el congelamiento, cuando no la reducción, de los salarios. Para él, pues, la estabilidad monetaria que se dio en los años noventa era mala, ya que a su entender perjudicaba a los obreros, y por lo tanto siempre es bueno que haya cierto grado de imprevisibilidad para brindarles más oportunidades para aumentar sus ingresos y de tal modo modificar su situación social. Moyano dista de ser el único que piensa así. Desde hace más de medio siglo, buena parte de la clase política nacional parece estar convencida de que es mejor convivir con una tasa de inflación que en otras latitudes motivaría pánico de lo que sería hacer lo necesario para mantenerla bajo control, o sea “ajustar”, una palabra que en nuestro país tiene connotaciones tan tétricas que escasean los dirigentes que estén dispuestos a pronunciarla en público. A diferencia de lo que ha sucedido en Alemania, donde las consecuencias de la hiperinflación de los años veinte del siglo pasado fueron tan traumáticas que, para desazón de sus socios europeos, los dirigentes políticos teutones siguen rindiendo culto a la estabilidad, parecería que aquí la experiencia de la hiperinflación no ha impresionado a nadie. Puede que sea indiscutible que sólo aquellos que están en condiciones de especular logren aprovechar los hipotéticos beneficios de la inflación, mientras que encabezan la lista de los perdedores los obreros y los jubilados más pobres, pero muchos políticos, sindicalistas y economistas “heterodoxos” –como la actual jefa del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Economía, Amado Boudou, que han afirmado que, por ser la inflación el resultado de una oferta inadecuada, la forma más eficaz de contrarrestarla consistiría en aumentar la producción, reivindicando de esta manera la tesis desarrollista– siguen oponiéndose a cualquier intento de combatirla con las armas que han resultado ser eficaces en los países más ricos. De estar en lo cierto quienes suponen que convendría tolerar la inflación, puesto que cualquier alternativa sería peor, los ingresos de la mayoría de los argentinos se encontrarían entre los más elevados del planeta, pero por desgracia éste dista de ser el caso. No es a pesar de décadas de inflación crónica sino en buena medida a causa de ellas que se ha depauperado la clase obrera y parte de una clase media antes floreciente se ha visto reducida a la pobreza extrema. En el mismo lapso, ha subido tanto el poder adquisitivo de los obreros de países como Alemania en que el temor a la inflación es intenso que, según las pautas locales, muchos serían calificados de integrantes de la clase alta por disfrutar de los ingresos correspondientes. En el fondo, no se trata de una polémica entre “inflacionistas” y los decididos a privilegiar la estabilidad monetaria sino de la diferencia entre los preocupados sólo por lo que podría suceder la semana próxima por un lado y, por el otro, quienes piensan en el mediano plazo y el largo. Aunque virtualmente todos concuerdan en que es negativa una tasa de inflación superior al 5% anual, muchos gobiernos, incluyendo el kirchnerista, son reacios a tomar medidas destinadas a controlarla por miedo a los eventuales costos políticos. Si frenar la inflación fuera fácil, no constituiría un problema, porque toda vez que se produjera un brote las autoridades se las arreglarían para eliminarla; pero en aquellos países en que los gobiernos suelen ser demasiado débiles como para arriesgarse, y en que políticos opositores y sindicalistas sacarían provecho en seguida de cualquier intento de llevar a cabo “un ajuste”, prefieren hacer lo menos posible con la esperanza vana de que la amenaza termine esfumándose.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 860.988 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Viernes 20 de agosto de 2010
A los dirigentes sindicales les gusta una tasa elevada de inflación porque les permite reclamar subas salariales importantes varias veces por año, de este modo asegurándose un papel protagónico en el escenario político, pero pocos se animan a tratar el aumento constante del costo de vida y los trastornos que provoca como fenómenos positivos. Uno que sí ha intentado hacerlo es el camionero Hugo Moyano. Según el jefe de la CGT y aspirante a convertirse en gobernador de la provincia de Buenos Aires, la inflación sirve para facilitar la movilidad social, mientras que tratar de frenarla supondría el congelamiento, cuando no la reducción, de los salarios. Para él, pues, la estabilidad monetaria que se dio en los años noventa era mala, ya que a su entender perjudicaba a los obreros, y por lo tanto siempre es bueno que haya cierto grado de imprevisibilidad para brindarles más oportunidades para aumentar sus ingresos y de tal modo modificar su situación social. Moyano dista de ser el único que piensa así. Desde hace más de medio siglo, buena parte de la clase política nacional parece estar convencida de que es mejor convivir con una tasa de inflación que en otras latitudes motivaría pánico de lo que sería hacer lo necesario para mantenerla bajo control, o sea “ajustar”, una palabra que en nuestro país tiene connotaciones tan tétricas que escasean los dirigentes que estén dispuestos a pronunciarla en público. A diferencia de lo que ha sucedido en Alemania, donde las consecuencias de la hiperinflación de los años veinte del siglo pasado fueron tan traumáticas que, para desazón de sus socios europeos, los dirigentes políticos teutones siguen rindiendo culto a la estabilidad, parecería que aquí la experiencia de la hiperinflación no ha impresionado a nadie. Puede que sea indiscutible que sólo aquellos que están en condiciones de especular logren aprovechar los hipotéticos beneficios de la inflación, mientras que encabezan la lista de los perdedores los obreros y los jubilados más pobres, pero muchos políticos, sindicalistas y economistas “heterodoxos” –como la actual jefa del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Economía, Amado Boudou, que han afirmado que, por ser la inflación el resultado de una oferta inadecuada, la forma más eficaz de contrarrestarla consistiría en aumentar la producción, reivindicando de esta manera la tesis desarrollista– siguen oponiéndose a cualquier intento de combatirla con las armas que han resultado ser eficaces en los países más ricos. De estar en lo cierto quienes suponen que convendría tolerar la inflación, puesto que cualquier alternativa sería peor, los ingresos de la mayoría de los argentinos se encontrarían entre los más elevados del planeta, pero por desgracia éste dista de ser el caso. No es a pesar de décadas de inflación crónica sino en buena medida a causa de ellas que se ha depauperado la clase obrera y parte de una clase media antes floreciente se ha visto reducida a la pobreza extrema. En el mismo lapso, ha subido tanto el poder adquisitivo de los obreros de países como Alemania en que el temor a la inflación es intenso que, según las pautas locales, muchos serían calificados de integrantes de la clase alta por disfrutar de los ingresos correspondientes. En el fondo, no se trata de una polémica entre “inflacionistas” y los decididos a privilegiar la estabilidad monetaria sino de la diferencia entre los preocupados sólo por lo que podría suceder la semana próxima por un lado y, por el otro, quienes piensan en el mediano plazo y el largo. Aunque virtualmente todos concuerdan en que es negativa una tasa de inflación superior al 5% anual, muchos gobiernos, incluyendo el kirchnerista, son reacios a tomar medidas destinadas a controlarla por miedo a los eventuales costos políticos. Si frenar la inflación fuera fácil, no constituiría un problema, porque toda vez que se produjera un brote las autoridades se las arreglarían para eliminarla; pero en aquellos países en que los gobiernos suelen ser demasiado débiles como para arriesgarse, y en que políticos opositores y sindicalistas sacarían provecho en seguida de cualquier intento de llevar a cabo “un ajuste”, prefieren hacer lo menos posible con la esperanza vana de que la amenaza termine esfumándose.
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