La Nación y los empresarios alertan por subas impositivas en comercios

La suba impositiva en Río Negro para la actividad comercial y servicios, llevando las alícuotas de Ingresos Brutos al 5% (el año pasado fue del 3 a 4%), generó reacciones empresariales y alertas de aumentos de precios aunque el gobierno provincial los desestimó porque existen “bajas” de tributos “en etapas previas”.

Además ya asoman quejas de Nación, pues su diputado Sergio Wisky entendió que esa determinación no respeta “las directrices económicas” del equipo nacional, focalizadas en reducir la presión fiscal y la inflación. Entendió que Río Negro “así no cumple” con el acuerdo firmado en noviembre.

En la adecuación impositiva acordada, la Provincia –dice el gobierno– ha fijado disminuciones en alícuotas pero, “en contrapartida, a los fines de no resentir fuertemente los ingresos”, se “elevan las alícuotas de comercio y servicios a los consumidores finales”.

El paquete fiscal fue aprobado el 22 de diciembre por la Legislatura, pero su impacto comercial fue expuesto en la última semana por la Federación de Entidades Empresarias que preside Walter Sequeira.

Esa organización remitió una nota crítica y un pedido de reunión con el gobernador Alberto Weretilneck.

Relativiza la entidad las bajas impositivas en otras “actividades primarias” y, en cambio, anticipa que “posiblemente” el alza en comercio y servicios “se traslade a los precios o nos quite competitividad y rentabilidad”

En un comunicado, el gobierno respondió con un análisis general, con las bajas en Ingresos Brutos en “construcción, energía, actividades primarias, industria y transporte”, y su ampliación de “beneficios a los contribuyentes cumplidores”.

Entiende que esas disminuciones “tendrán un efecto en los costos de producción y comercialización de todos los bienes”, ponderando la fuerte incidencia del flete para Río Negro.

Afirmó que las alícuotas rionegrinas en comercios y servicios “estaban por debajo del promedio de las provincias”, explicando que se aplicó “un leve aumento en esas actividades” para compensar “el costo fiscal” de otras bajas o eximiciones, “resultado en un impacto neutro en la recaudación” impositiva provincial.

En respuesta a la Confederación, se reafirma que el precio al consumidor final “no debería incrementarse” por la “reducción y eliminación general de las alícuotas en las etapas previas “. También consignó de la reducción de sellos y afirmó que disminuirá “costos de todas las actividades económicas”.

En la tabla del pacto acordado por Nación se acordó la reducción de alícuotas para aliviar la presión fiscal sobre actividades productivas, pero la meta para el comercio quedó alta.

Proporciones

Denuncian que en los hechos el alivio fiscal no aparece

Nación exigió a las provincias que bajen sus impuestos y se formalizó un cronograma de reducción de cinco años –2018 a 2022–, integrado al texto del llamado Consenso Fiscal.

El tope fijado para Ingresos Brutos fue del 5% y Río Negro tenía alícuotas por debajo del límite establecido entonces en su paquete fiscal 2018 –ley 5265– subió ese tributo en ciertas actividades, como en comercio y servicios, con el argumento que se respeta el máximo acordado.

La mirada nacional no coincide con esa conclusión rionegrina. El propio diputado de Cambiemos Sergio Wisky afirmó a “Río Negro” que la provincia no cumple así con “el espíritu” del Consenso Fiscal, cuya prioridad es la reducción de la presión fiscal.

Pero lo cierto es que en el acuerdo figura la posibilidad de llevar el impuesto al comercio al 5%.

En el último año, Río Negro recaudó casi 8.012 millones por tributos provinciales, de los cuales 5.712 millones fueron de Ingresos Brutos. Así, su incidencia es innegable: siete de cada diez pesos percibidos equivale a ese tributo.