La opción uruguaya

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Como se había previsto, fracasó el intento de todos los diputados, salvo uno, del Frente Amplio de derogar la ley de Caducidad que rige en Uruguay y que, para más señas, fue ratificada en los plebiscitos celebrados en 1989 y el 2009. Aunque el presidente José “Pepe” Mujica se oponía a la derogación, procuró convencer al único disidente del Frente Amplio gobernante, Víctor Semproni, de votar con los demás integrantes de la bancada oficialista por una cuestión de unidad partidaria. No logró hacerlo, con el resultado de que hubo un empate, de suerte que queda intacta la amnistía que favorece a militares acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Tanto Mujica como Semproni fueron guerrilleros que sufrieron maltratos a manos del régimen militar que, como sucedió en nuestro país y tantos otros en la América Latina de cuatro décadas atrás, libró una guerra sucia despiadada contra organizaciones terroristas que luchaban por una revolución a un tiempo izquierdista y nacionalista, pero ambos llegaron a la conclusión de que sería mejor romper con el pasado de lo que sería dejarse obsesionar por él. Su propia experiencia les habrá enseñado que los comprometidos con esquemas ideológicos, como los tupamaros por un lado y muchos militares y ciudadanos comunes por el otro, suelen resultar ser capaces de perpetrar actos aberrantes que más tarde les parecerían imperdonables. A pesar del deseo de los militantes del Frente Amplio y, desde luego, de los familiares de víctimas de la dictadura de perseguir judicialmente a los militares y policías acusados de violar los derechos ajenos cuando podían hacerlo con virtual impunidad, en Uruguay la mayoría está más interesada en el presente y el futuro que en lo que sucedió dos generaciones atrás. A juzgar por los resultados de los dos referendos y las encuestas opinión, sólo los politizados, y los que tienen motivos personales para querer ver encarcelados a represores, creen que serviría para algo procesar a quienes Mujica calificó una vez de “milicos viejos”. Es que a esta altura pocos supondrían que condenarlos luego de un juicio disuadiría a otros tentados a emularlos, ya que se acerca a nula la posibilidad de que Uruguay sea gobernado por una dictadura militar en los años próximos. Por lo demás, en el caso apenas concebible de que se produjera tal catástrofe, el destino de los represores de décadas antes no incidiría del todo en la conducta de sus eventuales sucesores. De todos modos, concentrarse en los crímenes cometidos por los militares y sus auxiliares policiales o civiles, sin prestar atención alguna al aporte al horror de los terroristas y quienes los apoyaron, es en el fondo escapista. Para no repetir los errores del pasado, es necesario entender las razones por las que tantos jóvenes inteligentes, a su manera idealistas, llegaron a creerse con pleno derecho a secuestrar, robar, torturar y asesinar por motivos políticos. Ensañarse con los militares so pretexto de que en aquellos tiempos actuaban en nombre del Estado, y “comprender”, porque nadie ignoraba que la sociedad era estructuralmente injusta, a otros que en última instancia compartían el mismo desprecio por la vida ajena, es una forma de reivindicar la violencia política al afirmar que puede justificarse aun cuando existan alternativas democráticas. En Uruguay –y en nuestro país– la dictadura militar fue una obra conjunta a la que los tupamaros y grupos afines, además de sus muchos simpatizantes, hicieron una contribución fundamental. Aunque en Uruguay la complicidad de la clase política “burguesa” fue decididamente menor que en la Argentina, también hizo su parte negándose a enfrentar los primeros brotes “revolucionarios” con la firmeza exigida por las circunstancias, permitiendo así que un fenómeno que pudo haberse limitado adquiriera proporciones inmanejables. A juzgar por sus declaraciones, el presidente Mujica y el diputado Semproni entienden que su país no se vería beneficiado si el oficialismo actual se aferrara a una versión maniquea de una tragedia en que muchos, casi todos, desempeñaron un papel. Aquí, en cambio, dirigentes de mentalidad sectaria que nunca militaron en ninguna banda armada y no sufrieron represión siguen tratando de sacar provecho de un desastre colectivo, demorando así la evolución ética y política del país.