La pandemia, la cuarentena y un estado presente

La crisis sanitaria puso a la vista la necesidad de un estado fuerte, que limite las libertades individuales y se ponga al servicio del conjunto en la atención básica.

Redacción

Por Redacción

Dice el diccionario de la lengua española que “Libertad” es la “facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad”. Desde la revolución francesa en adelante, la ‘libertad’ se convirtió en una de las piedras basales de la sociedad moderna, los estados nación, y el sistema económico capitalista. Las libertades individuales son el gen fundacional de la estructura social tal y como la conocemos desde hace 250 años.
La teoría económica, en tanto se concibe como una ciencia social, también se construye desde su génesis sobre la plataforma de la libre elección de los agentes a la hora de consumir, producir, ahorrar e invertir. Dos Siglos, dos guerras mundiales y cuatro revoluciones industriales después, el pensamiento económico se divide en dos grandes corrientes: aquella que pueden catalogarse como ‘progresista’, que pone al estado como un actor necesario y principal en la dinámica de la economía, y aquella que puede denominarse ‘liberal’, que sostiene que el mercado por sí solo genera la mejor asignación posible de recursos y el estado debe abstenerse de intervenir.
En el extremo, los cultores de esta última vertiente se hacen llamar ‘libertarios’. Uno de los máximos exponentes de esta corriente en el país, economista de larga trayectoria y presencia mediática, suele autodenominarse como un ‘anarco-capitalista’. La conjunción de anarquía y capitalismo sugiere un mundo en el que sean los mercados los encargados de elegir al más apto para sobrevivir en la producción de bienes y servicios o en el trabajo, y donde al mismo tiempo el estado se reduzca a su mínima expresión. Bajo esta concepción, el estado es el responsable de todas las distorsiones que existen en la economía, en tanto se autoerige en el centro de la actividad económica, absorviendo recursos del sector privado para sostener su estructura, gastando más de lo que recauda, y generando desequilibrios insostenibles. En pocas palabras, para los libertarios, el estadío ideal o utópico es aquel en que el estado dejara de existir y la libre elección de los actores sociales autoregulara no solo las relaciones económicas, sino la vida en sociedad.
El telón de fondo, es la concepción romántica de que si las personas pueden elegir libremente y sin que nadie las controle, tomarán buenas decisiones, o al menos en el promedio, el resultado final será el bien común.

Compradores compulsivos. Muchos habitantes arrasaron con las góndolas en supermercados.


La irrupción del coronavirus a nivel global y su llegada a las costas del Río de la Plata, trastocó por completo el escenario político, social y económico. Tambien socavó los fundamentos del idealismo liberal. En pocos días luego de la aparición de los primeros casos de coronavirus en Argentina, quedó claro que las personas no son capaces de auto controlarse, y que cuando no existe control, muy probablemente las personas se toman la licencia de elegir mal. Infinidad de ejemplos de irresponsabilidad civil lo demostraron en los últimos días. Cientos de personas que habiando llegado de viaje no respetaron su cuarentena, y casos indignantes como el automovilista que circulaba con 39° de fiebre rumbo a la costa, el preparador físico que tomó a golpes de puño al guardia que lo advertía respecto al confinamiento obligatorio, o el argentino que llegó de Londres por Uruguay e intentó burlar los controles arribando a Buenos Aires por Buquebus, obligando al control sanitario de las 400 personas que iban en la misma embarcación. Cuando existe libertad plena, las personas suelen elegir mal. El confinamiento obligatorio decretado el último jueves, es un intento del gobierno por regular aquello que los habitantes no son capaces de hacer por sí mismos: dejar de pensar en sí mismos y por una vez, levantar la mirada para contribuir al bienestar del conjunto.
La situación, alarmante, agobiante, incierta e incluso para muchos desesperante, genera un contraste inocultable. De repente, la pandemia puso a la vista y sin matices, que el estado es necesario. La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” se convirtió en protagonista indispensable, los hospitales públicos en cada ciudad y pueblo son el centro neurálgico de la prevención, la aerolínea de bandera es el vehículo para el regreso de los argentinos varados en el exterior, las universidades públicas aportan elaborando alcohol en gel, fabricaciones militares dedica sus talleres a la confección de barbijos, y los bancos públicos elaboran programas de crédito para asistir a productores, comerciantes y habitantes golpeados por la pandemia. En todos los casos, lejos de la ecuación eficientista que pone por delante la rentabilidad antes que la atención de las necesidades básicas, los estamentos oficiales antepusieron el bienestar de la población.
Ni las prepagas, ni las aerolíneas comerciales, ni las universidades privadas, ni los talleres textiles de las grandes marcas de ropa, ni los bancos (muchos de ellos de capital extranjero), se ocuparon ni se ocuparán de la atención primaria.

Lejos de la ecuación de beneficio, el estado se puso al frente de la lucha contra la pandemia. Nunca el sector privado podrá reemplazar ese rol.


Aun así, la secuencia de políticas aplicadas por el gobierno durante los últimos días, no dejó de generar polémica. En este sentido, se plantearon dos paradojas. Por un lado, la de los especialistas que perteneciendo a la escuela liberal, levantaron la voz para reclamar que el estado al que siempre denostaron, aplique los controles y las regulaciones de las que siempre descreyeron. Por el otro, la coincidencia entre dirigentes de la extrema derecha y la extrema izquierda, para criticar la cuarentena decretada el último jueves. Por distintos caminos, los extremos se unieron para reclamar por la limitación de las libertades individuales.
Naturalmente, la medida genera un sin número de dificultades y quebrantos. Pequeñas y medianas empresas impedidas de trabajar con normalidad, comercios sin demanda que deben afrontar costos fijos impagables, y pagar los sueldos a fin de mes sin poder facturar, o familias enteras que dependen de changas o trabajos cuasi artesanales, que se verán impedidos de contar con sus ingreso. Irremediablemente, significará el cierre de muchas persianas y la pérdida de miles de puestos de trabajo, lo cual se agravará si es que las restricciones se extienden en el tiempo.
Lo sabe el Presidente Alberto Fernández, y lo sabe su equipo de gestión. En los planes del mandatario, el mes de marzo significaba abroquelar definitivamente la negociación con los acreedores privados, a fin de alivianar la carga de los vencimientos de la deuda, que solo en 2020, superan los u$s 37.000 millones. A ello se sumaban tres objetivos de corto plazo con los cuales se pretendía estabilizar la coyuntura y generar las condiciones macro para la recuperación: mantener a raya el tipo de cambio, iniciar una senda a la baja de la inflación, y alcanzar al menos una tibia recuperación del consumo minorista. Enero y febrero habían mostrado buenos indicios en cuanto a los dos primeros. Marzo será otro cantar.
Está claro que la realidad hizo añicos cualquier previsión, y cambió por completo las prioridades de gestión. La corrección monetaria que el Ministro Martín Guzman intentó plasmar desde el inicio de su gestión, sin dudas se verá diluida a medida que el estado flexibilice sus metas de gasto para atender el control de la pandemia. En efecto, el plan anunciado esta semana implica un gasto extraordinario de unos $700.000 millones, los cuales no estaban presupuestados. Con todo, dificilmente alguien se atreva a cuestionar la pertinencia de un estado presente, allí donde los privados no llegan.

En números

u$s 1.000
Los millones diarios que podría significar la pérdida económica a raíz de la parálisis que generará la cuarentena decretada el jueves.
37.674
Los millones de dólares que Argentina debe pagar durante el año 2020 por vencimientos de la deuda.

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