La plaga de los cortes de ruta



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ALEARDO F. LARÍA aleardolaria@rionegro.com.ar

La crónica periodística registra la pesadilla que vivieron días atrás los automovilistas que se desplazaban por la Ruta Nacional 237 debido a un corte en la localidad neuquina de Picún Leufú. Durante cuatro días se mantuvo la interrupción total dispuesta por un reducido grupo de trabajadores de la planta de agua potable municipal que reclamaban una mejora salarial. La medida coactiva perjudicó a centenares de turistas que iban o volvían de Bariloche sin tener vías alternativas. Lo que llama la atención no es sólo la parsimonia de los fiscales federales para poner fin al atropello sino que todavía se registran voces que legitiman estos comportamientos. De que estamos ante actuaciones claramente delictivas, según la actual redacción del artículo 194 del Código Penal, no existen dudas. Por este motivo, en algunas iniciativas legislativas que se han formulado para regular el derecho de protesta se ha solicitado también la amnistía para archivar alrededor de 4.000 sumarios judiciales labrados a lo largo y ancho del país en la última década. La pregunta que cabe formular frente a esta propuesta es el objetivo que persigue la susodicha amnistía. ¿Se pretende eximir de responsabilidad a los autores de estos excesos en el pasado confiando en que cesará esta metodología extorsiva en el futuro o lo que se quiere es sencillamente legitimar esta práctica como un derecho más para protegerlo? Se incurriría así en un grave error conceptual puesto que una cosa es regular el derecho de manifestación estableciendo, como acontece en otros países, unos requisitos para que las manifestaciones sean comunicadas con anticipación para advertir a los usuarios de esas vías y otra muy distinta es modificar el Código Penal para que lo que hoy es un delito mañana deje de serlo. Algunos de los proyectos presentados confunden ambas cuestiones, al punto que establecen unos mecanismos complicados con la intervención de “mediadores” cuyo único resultado práctico previsible es que terminen brindando subterfugios para que los cortes se sigan produciendo. Los cortes de rutas y de calles conforman el uso de una clara metodología extorsiva que consiste en causar perjuicios a ciudadanos ajenos a los conflictos confiando en que de esta manera se obtendrán soluciones más rápidas de los poderes públicos. Es posible que los protagonistas de los cortes, desde una mirada estrecha vinculada con su exclusivo interés corporativo, obtengan algún rédito por el uso de estos métodos. Pero si las cosas se observan desde una perspectiva más general, la que pierde es la sociedad en su conjunto. Imaginemos lo que sería una sociedad donde, cual plaga, se extendiera el método y todas y cada una de las peticiones vecinales o reclamaciones salariales dieran lugar a un corte de ruta. Una de la tesis más extravagantes es la que asimila los cortes de ruta al ejercicio del derecho de huelga, sugiriendo que del mismo modo que las huelgas en el pasado no tenían reconocimiento legal hasta que la lucha obrera lo consiguió, algo similar ocurrirá en el futuro con los cortes de ruta. Se trata de una visión ideológica equivocada que idealiza ingenuamente cualquier protesta que provenga del mundo del trabajo, sin tomar en consideración la relación de razonable proporcionalidad que debe existir siempre, en un Estado de derecho, entre medios y fines. Actualmente no existe ningún país en el mundo que tolere la práctica de los cortes de ruta del modo en que se producen en Argentina. Ésta es otra de las anomalías que han caracterizado a nuestro país en estos años de “década ganada”. Naturalmente, como lo registra la crónica diaria, existen en otros países protestas de trabajadores y estudiantes que en ocasiones interrumpen el tránsito en las ciudades. Pero son siempre ocasionales y por poco tiempo. En ningún Estado las autoridades permanecen impasibles cuando se interrumpe el tráfico de modo sistemático o se limita la posibilidad de la prestación de servicios esenciales para la comunidad. No es posible imaginar ninguna sociedad racionalmente organizada donde se legitime el uso de la fuerza, la coacción o la extorsión para dirimir los conflictos. El nacimiento del Estado moderno viene necesariamente asociado al monopolio del uso de la fuerza por la autoridad legítimamente constituida. El despliegue administrativo que demanda la organización del Poder Judicial y el elevado costo que supone está dirigido a evitar que los particulares resuelvan sus diferencias utilizando la ley del más fuerte. Existe un profuso entramado normativo de obligado cumplimiento que no hace más que regular o dar directivas sobre la forma en que se deben encauzar los conflictos. Toda la creación del derecho responde al mismo propósito. Suponer que nuestra notoria capacidad de ser originales permite tirar por la borda todos los años de civilización que arrancan con el nacimiento del Estado moderno es otra manifestación de nuestra proverbial soberbia intelectual que tanto asombra a quienes nos contemplan.


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