La política de salud mental en Río Negro
Carolina Semprini (*) carolinasemprini@gmail.com
Desde el retorno de la democracia surge el debate sobre las condiciones de Salud Mental en nuestra provincia. Los ejes del debate se dieron en torno al déficit de los servicios en esa área, la superpoblación del Hospital Neuropsiquiátrico de Allen, defectos en la organización de los recursos técnicos y efectos nocivos en el tratamiento psiquiátrico. El modelo existente pone en tela de juicio, entre algunos aspectos, el recorte individual aislado del sujeto de la problemática psicosocial, la relación excesivamente técnica del profesional con el paciente, la hegemonía de la terapia farmacológica y los efectos alienantes de procesos de internación carentes de dinamismos de rehabilitación y aprendizaje (Brambilla; 2002). A partir de 1984, profesionales y no profesionales interesados en un cambio de paradigma en la política de salud mental presentan alternativas al modelo vigente: además de abrir un espacio de participación y consulta, se decide abrir en todos los hospitales camas para internación en todas las salas generales y se presenta a la salud mental como la quinta clínica básica. Es importante, a los fines de comprender el grado de participación de la esfera comunitaria como también el diseño de la política pública de Salud Mental en la Provincia, hacer una breve descripción de los paradigmas que rigieron y rigen en Salud Mental de formas muy distintas, colocando a los sujetos con padecimiento mental y a la comunidad en posiciones subjetivas muy opuestas. De esta manera podemos caracterizar a los paradigmas de la siguiente manera: “En el modelo médico, la búsqueda de una ‘cura’ para las personas con enfermedades mentales fue fuente de instauración del saber médico como palabra de autoridad más allá de la lógica humanitaria, y fue constitutiva de poder económico y político. Y la persona con discapacidad fue considerada un ‘enfermo incurable’. En este marco, la persona con discapacidad resultaba una carga social. Este cambio de enfoque, mediante el cual se medicalizó el concepto de discapacidad, justificó el rol médico en el diseño de una industria en torno de estos nuevos ‘enfermos incurables’”. Esa industria, apoyada teóricamente por el utilitarismo y el darwinismo social, colocó a las personas con discapacidad en el lugar de objetos de explotación, ya que se las consideraba improductivas como trabajadores, pero funcionalmente productivas para la industria médica. Así, surge el modelo médico de la discapacidad como una respuesta de las estructuras de poder político-económico a la supuesta improductividad de la persona con discapacidad” (REDI; 2011). El modelo médico y el social son contrapuestos. El primero ubica a la discapacidad como deficiencia, mientras que el segundo la considera como una construcción social en la cual se obliga a los sujetos que puedan a desarrollar ciertas capacidades productivas para la misma. La Provincia se hace presente en materia de salud mental, produciendo un quiebre con el modelo de atención médico basado en la atención manicomial en el cual se violaban todos los derechos humanos de las personas con padecimiento mental: se pasa al diseño de una política pública (a partir de 1984) enmarcada en el modelo biopsicosocial, que se basa en la atención sociocomunitaria, en el marco del respeto de los derechos humanos, confiando en la reinserción social de estos sujetos a los que se considera como portadores de capacidades (condición que antes estas personas no poseían, al ser simplemente consideradas como objetos que había que ocultar y con quienes experimentar). De esta manera Río Negro se convierte en pionera en política de salud mental en la Argentina. Por último, si bien es evidente la falta de presupuesto en esta área, lo cual conlleva a un incumplimiento inevitable con la creación de todos los dispositivos y estructuras que estipula la ley 2440, considero que no por eso se debe abandonar todo un largo camino de lucha por mejores condiciones de vida y tratamientos para un colectivo de personas que antes de esta ley no eran consideradas como sujetos portadores de derechos. Creo que eliminar esta normativa es el camino más fácil, dejando sin voz y medios para hacer valer sus derechos a una parte de la ciudadanía. Que exista una Ley Nacional de Salud Mental no significa que debamos abandonar y dejar de producir los medios locales específicos para la singularidad de nuestra comunidad. (*) Estudiante avanzada de la Licenciatura en Ciencias Políticas del Curza, integrante del proyecto de investigación “Transformación del régimen de bienestar en Río Negro desde 2001 hasta la actualidad” y becaria de la Universidad Nacional del Comahue
