La política de tierras también tiene grieta
La usurpación de una casa en el plan de 22 viviendas que se construye en Roca reveló algo más que la decisión de una persona de atravesar los límites legales.
El protagonista de esa historia es uno de los tantos rionegrinos estafados en el recordado escándalo de House Vial y consideró que después de ese perjuicio, quedarse con un inmueble social era un acto de justicia.
Esa conducta obligó a desplegar un complejo proceso de negociación, para conseguir el desalojo de la casa, ya que ese plan ya está adjudicado a mujeres víctimas de violencia y a familias con integrantes con alguna discapacidad.
Pero además de demandar una estrategia eficiente, la situación también impuso a los responsables de las políticas habitacionales la necesidad de explicar de qué manera se estaban dando respuestas ante las demandas de tierra y vivienda en Roca.
Y a través de declaraciones de autoridades del IPPV se confirmó que, lejos de la aceitada coordinación que requiere un área tan sensible, en la ciudad todavía hay una política habitacional paralela entre el municipio y el gobierno provincial.
Esos caminos bifurcados ya se habían advertido en mayo, cuando se anunció la construcción de 457 viviendas, que tendrán 231 unidades administradas por el gobierno local, mientras que las 226 restantes serán adjudicadas por el instituto provincial.
Ahora se sabe que en Roca también existen dos bancos de tierras y que la puesta en marcha del programa Suelo Urbano por parte de la Provincia no contempla un único padrón de familias anotadas, con el consecuente orden de mérito para recibir un lote de acuerdo con el nivel de vulnerabilidad social.
La asignación de esos inmuebles con servicios será a partir de un listado que manejará el IPPV y los fraccionamientos se darán sobre tierras fiscales del Estado provincial.
Mientras tanto, el municipio seguirá adelante con su banco, creado en el marco de la Ordenanza N°3782/03 de Tierras Fiscales, que sirvió para dar numerosas respuestas durante los últimos años pero que al mismo tiempo recibe cuestionamientos por las demoras para atender situaciones emergentes.
Ante una consulta periodística, desde Provincia garantizaron que a último momento existirá un cruce de los registros, para evitar que una misma persona reciba lotes desde dos sectores diferentes del Estado.
Una medida lógica e ineludible, aunque también poco eficiente, porque no evita la duplicación de trámites para aquellos que buscan desesperados una porción de tierra y probablemente prueben suerte en los dos bancos de tierras.
Tampoco está claro si en ambas estructuras piden los mismos requisitos y, principalmente, si tasan de la misma manera el metro cuadrado.
Para tomar dimensión sobre la necesidad de una política coordinada de acceso a la tierra alcanza con repasar las estadísticas del 2020: más de 200 familias se habían anotado en los primeros 10 meses del año en el Banco Municipal de Tierras.
Lo conocido ahora ratifica que los vecinos roquenses siguen pagando el costo de las diferencias políticas entre el Municipio y el gobierno provincial. Y difícilmente cambie algo en medio de un tiempo electoral que ya transitamos.
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