La reforma generó duros cruces en la Legislatura

Marcelo Ochoa

VIEDMA (AV).- La Legislatura postergó ayer el debate para la interpelación al secretario General, Francisco González, aunque ratificó la voluntad mayoritaria de convocarlo próximamente al recinto por los costos estatales de la anticipada campaña a favor de la reforma de la Constitución Provincial.

Labor Parlamentaria había acordado su pase a las comisiones de la iniciativa, pero el bloque justicialista insistió en su debate sobre tablas en la sesión de la víspera, pero no sumó los votos necesarios. En respuesta, el oficialismo reiteró que González concurrirá para informar sobre las erogaciones y las razones de la actual difusión. El PJ machacó que no existe proceso de la reforma porque la Legislatura no aprobó la ley de necesidad.

El legislador Martín Soria pidió “institucionalidad” porque el proceso se iniciará con la decisión de la Legislatura “no por la voluntad de un grupo, de una facción o del gobernador ante un medio de comunicación” o en “una confitería con unas copas de más”. Su compañero de bancada Carlos Peralta manifestó que se trata de “malversación de fondos”.

En su respuesta, el presidente del bloque oficialista, Adrián Casadei, defendió que el proyecto se analice en las comisiones pero adelantó que el secretario General concurrirá al recinto, reiterando que “nunca el radicalismo ocultó a sus funcionarios”. Luego, el legislador Daniel Sartor reafirmó que González asistirá a la Legislatura.

En las atribuciones legislativas (artículo 139), la Constitución expresa en el inciso cuarto que “llama al recinto a los ministros con la cuarta parte de los votos para pedirles las explicaciones e informes que estime conveniente, citándolos por lo menos con tres días de anticipación”.

Sólo se requieren once votos para su convocatoria cuando llegue al debate en el recinto, por lo cual el oficialismo acepta que acordará su presencia. Ayer, el radicalismo logró la postergación para cumplir con el dictamen de cada comisión. Soria aceptó que la Constitución habla de ministros pero recordó que, en otras épocas. concurrieron funcionarios de rangos inferiores, como un “jefe de la policía” o “el presidente del Consejo de Educación”.

La votación para el tratamiento del expediente originó un mayor embrollo cuando gran parte del oficialismo se confundió y votó favorablemente pero, tras la revisión, el justicialismo pidió el voto nominal (cada legislador a voz alzada) pero su propuesta fue rechazada por los restantes bancadas.

Anteriormente, Soria reiteró que el artículo 111 de la Constitución faculta a la Legislatura a la puesta en marcha del proceso de reforma. Afirmó que eso no ocurrió ni existe un proyecto con estado parlamentario y, en cambio, existen erogaciones para la difusión de la campaña de reforma.

Después, Casadei reiteró -en varias ocasiones- que González ofrecerá informes en “cualquier ámbito” legislativo porque la UCR nunca ocultó a sus funcionarios cuando tuvo que dar explicaciones.

Soria reclamó “institucionalidad” y dijo que el proceso de reforma “no puede salir de una confitería, con unas copas de más”.