La responsabilidad social

A casi 80 días de iniciado el aislamiento social, la pandemia está lejos de ser controlada, si bien hay enormes porciones del país que pueden levantar restricciones. La nueva etapa, donde conviviremos con el virus mientras intentamos reanudar algunas actividades, implicará un aumento de la responsabilidad social para evitar contagios masivos y retrocesos.

Como señaló el presidente Alberto Fernández, casi el 85% del territorio presenta una situación controlada. Sin embargo, se aceleró el ritmo de contagios y la circulación comunitaria en la zona más densamente poblada del país: el AMBA, que incluye a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Además, están en situación similar la zona del Gran Córdoba, Chaco y ciudades de Río Negro. Un indebido aumento de la circulación, un error en los protocolos de actuación o la desobediencia de unos pocos a las medidas de distanciamiento pueden acelerar brotes que ponen a prueba a los sistemas de salud.

La semana que pasó fue una evidencia de esto, tanto a nivel nacional como en la región. Un viaje a la Capital de un ciudadano de Necochea generó un brote inesperado en una ciudad que llevaba dos meses sin casos. Un “funeral clandestino”, un “baby shower” inoportuno y fiestas generaron otros brotes. En nuestra región, la desaprensión de un jefe policial y agentes que compartieron mate y desdeñaron el uso de barbijos, asados y celebraciones de cumpleaños masivos, un viaje y salidas recreativas que se volvieron grupales se volvieron focos de contagio en las dos provincias, con decenas de casos, cientos de personas aisladas y búsquedas epidemiológicas para intentar frenar la propagación de la enfermedad.

Un indebido aumento de la circulación, un error en los protocolos de actuación o la desobediencia de unos pocos a las medidas de distanciamiento pueden acelerar brotes que ponen a prueba a los sistemas de salud.

Estas situaciones ilustran que, como señalan los expertos, estamos lejos de cualquier normalidad y son indispensables las medidas de distanciamiento, autocuidado, respeto a los protocolos en las actividades autorizadas, fortalecimiento de los controles públicos y monitoreo preciso de cada situación de apertura de la cuarentena.

Es cierto que los niveles de responsabilidad no son los mismos para las autoridades del Estado, las fuerzas de seguridad, el personal de Salud o las empresas que para los ciudadanos comunes. También que las posibilidades de cumplir con el aislamiento no son las mismas para todas las clases sociales: para quienes trabajan en el sector informal o viven hacinados en viviendas precarias y sin infraestructura a menudo resulta una quimera. Pero los casos que trascendieron no fueron de personas que violaron la cuarentena por necesidad extrema o por la apertura comercial. Se trató de individualismo, ignorancia o desdén a las normas y subestimación de los riesgos.

También las cifras muestran que no se trata solo de “vigilar y castigar”. Desde el inicio de la pandemia, las fuerzas federales y provinciales han apercibido o multado a más de diez millones de personas y han detenido a más de 100.000. Se controlaron casi 8 millones de vehículos y se secuestraron unos 5.000. Hubo más de 30.000 denuncias vecinales por violación de cuarentena. Y los casos ocurrieron igual.

Como muestran Corea del Sur, Alemania, Nueva Zelanda, Paraguay o Uruguay, los países que mejor han llevado esta crisis sanitaria no fueron ni los más ricos ni los más autoritarios. Todos han mantenido el respeto por la opinión de los expertos, amplio consenso político para tomar las medidas y coordinación entre distintos niveles del Estado, con debate amplio y funcionamiento de las instituciones democráticas, capaces de articular y procesar intereses divergentes.

Apostaron a la responsabilidad social de la gente, sin paternalismo. Un Estado presente para cuidar a la población y activo para detectar, aislar y controlar cada brote epidemiológico, que explique y genere confianza en los ciudadanos. Una clase dirigente que aporte ideas, mesura, transparencia y racionalidad a las decisiones. El apego de los agentes estatales, empresarios y comercios a los protocolos. Y desde los ciudadanos, un sentido de pertenencia a la comunidad que supere el sálvense quien pueda y que tenga en claro que la salud es un bien social que depende del cuidado mutuo y la solidaridad.


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