La riesgosa vuelta al endeudamiento



EDITORIAL

El arreglo con los holdouts generó una oportunidad para que vuelva la inversión al país. Pero también el acuerdo abre la puerta a la toma de nueva deuda en el mercado internacional.

Las provincias han visto esta herramienta como una muy buena posibilidad para sortear la coyuntura financiera por la que atraviesan. El apoyo contundente que recibió en el Congreso nacional el gobierno de Mauricio Macri para convertir en ley el pago a los holdouts, que incluye la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, va en línea con esta necesidad de caja de los gobernadores.

Los números de los que se habla no son menores. El déficit financiero consolidado de los Estados subnacionales se ubicó, al cierre del 2015, en torno a los 41.000 millones de pesos. Los estudios privados dan cuenta de que para este año se proyecta un rojo superior a los 55.000 millones.

Muchas son las voces que relacionan el arreglo con los holdouts con un nuevo ciclo negativo de endeudamiento del país. Es obvio que la deuda pública sirve para financiar a los gobiernos, pero no es lo mismo que los fondos obtenidos del mercado se utilicen para cancelar gastos corrientes o se orienten para financiar obras públicas, por ejemplo.

Los economistas opinan, en general, que la toma de deuda debe emplearse en la adquisición o construcción de bienes que produzcan un retorno económico, de modo que ese mismo bien termine por cancelar el capital e intereses comprometidos.

Si las provincias utilizan la emisión de pasivos para construir puertos que permitan exportar sus productos, puentes para conectarse comercialmente con otras regiones o represas hidroeléctricas para ofertar energía al sistema, los dólares que generaren en el tiempo estas obras pagarán con creces los compromisos adquiridos. Si en lugar de eso los gobernadores se abocan a emitir deuda para cancelar salarios u otros desequilibrios corrientes del presupuesto, el negocio en el tiempo terminará siendo ruinoso para las arcas provinciales.

En definitiva, la emisión o toma de deuda pública no es mala per se, pero debe utilizarse de forma correcta pues, en caso contrario, empeorará la situación que se pretende corregir.

Los gobernadores ya han salido a colocar letras y bonos al mercado internacional buscando compensar los desequilibrios producidos por el progresivo incremento del gasto público. Muchos están adquiriendo estas semanas financiamiento a tasas muy altas para poder sortear sus compromisos salariales y cancelar vencimiento de deuda anterior. Claramente, van por el peor de los caminos.

La irresponsabilidad en el manejo de fondos públicos durante estos últimos años, que llevaron a los Tesoros provinciales a tener enormes déficits fiscales, no da margen como para poder proyectar obras públicas de las dimensiones mencionadas párrafos arriba.

En un escenario de inestabilidad macroeconómica y financiera como el existente, un simple ejercicio de simulación sugiere que la sustentabilidad de las deudas provinciales es altamente sensible a las variaciones del tipo de cambio y el costo de su financiamiento, lo que siembra interrogantes en el corto y mediano plazo sobre los posibles impactos de estos pasivos en aquellas provincias cuyos presupuestos muestran significativos desequilibrios.

Para no volver a caer en las históricas crisis de endeudamiento que sufrieron las provincias, es necesario contar con una política de financiamiento a nivel nacional basada en restricciones sobre el uso de los recursos provenientes de la toma de deuda, permitiendo, por ejemplo, que sólo un porcentaje de ella sea destinada a gastos corrientes.

Para lograr estos objetivos es clave una nueva relación Nación-provincias y el establecimiento de nuevos criterios de transparencia e institucionalización, aspectos que hoy son difíciles de encontrar en la política del país.


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