LA SEMANA EN BARILOCHE: Demandas que resuenan
DANIEL MARZAL
dmarzal@rionegro.com.ar
El Ejecutivo municipal propuso y consiguió hace pocos días una ampliación de 4 millones de pesos en el presupuesto 2006 para dar marco formal a un auspicioso aumento de recaudación que superó el cálculo previo. También espera desplegar a lo largo del verano una batería de obras públicas que contribuya a reducir al menos en parte el histórico déficit en el rubro.
Esos datos que pueden ser leídos como síntomas del ordenamiento administrativo y el buen momento económico que disfruta el municipio pero no alcanzan a delinear respuestas para algunas de las demandas básicas de la comunidad que cada tanto se reciclan y repican, obstinadas, sobre el gobierno local.
A causa del ataque sufrido por un taxista y también por la sucesión de robos, el intendente Icare debió atender una vez más los reclamos por mayor seguridad.
Parecidos planteos suelen instalarse en los pasillos de la intendencia y también del Concejo Municipal ante cualquier conflicto relacionado con la educación y la salud.
Las respuestas a mano, cuando los ánimos se caldean, suelen abundar sobre la responsabilidad primera del Estado provincial y nacional en esas tres áreas, sobre las cuales el municipio apenas puede «canalizar» los reclamos.
Como en otras crisis anteriores en materia de seguridad, Icare se ofreció a establecer contactos con las «fuerzas federales» para que colaboren en los patrullajes. Que se sepa no esbozó ningún aporte en temas de directa incumbencia municipal como son el de limpiar baldíos o mejorar el alumbrado público, que en algunos barrios es deplorable.
Mucho menos se comprometió a fortalecer las políticas de trabajo y de vivienda que -como cualquier estadista sabe- son herramientas indispensables para bajar el índice de delitos en el mediano plazo. Y menos irritantes que llenar la calle de policías.
A lo largo de la actual gestión, la única iniciativa puntual en la materia fue la creación de la dirección de Seguridad. Y no fue impulsada por el Ejecutivo sino por el concejal entonces opositor, y hoy cercano al oficialismo, Andrés Martínez Infante.
En cuanto a las políticas sanitarias y educativas la situación no es muy distinta. Con el agravante de que existe un mandato expreso de la Carta Orgánica, cuyo art. 7 inc. 4 impone al municipio la función de «asegurar la educación y la salud pública en coordinación con la Provincia y la Nación».
En su balance anual de diciembre pasado Icare había diagnosticado que los sistemas provinciales de Salud y Educación necesitaban «cambios drásticos» y anunció que el municipio instrumentaría proyectos propios a fin de participar en la prestación de esos servicios. Llegó incluso a criticar la forma en que se gastaba el presupuesto en Salud, estimando que con ese dinero «distribuido según la cantidad de habitantes alcanzaría para tener una obra social excelente».
Luego de aquel amague no hubo mayores novedades, fuera de la reciente firma de un ambiguo «convenio marco» para incluir a Bariloche en la red nacional de «municipios saludables», donde no está claro cuáles obligaciones deberá asumir y en qué plazos.
En la actual situación, al menos, no parece realista aspirar a que el municipio tenga un hospital propio. Pero hay algunos terrenos en los que sí podría avanzar porque son claramente de su incumbencia como las políticas antitabaco, la adicción a los juegos de azar, la multiplicación de conductores ebrios o la venta callejera de alimentos de dudosa calidad bromatológica. Rubros todos en los que el municipio ha hecho poco y nada.
En Educación el panorama exhibe un desierto similar. Icare parece no haberse repuesto todavía de la aciaga experiencia que le deparó la reparación de escuelas, que tomó a su cargo a comienzos de 2004 pese al rechazo unánime del Concejo Municipal, de los padres y de los docentes.
Aquel proceso «piloto» que abarcó sólo un par de establecimientos naufragó a poco de nacer, empantanado por la demora en las obras, la flaqueza del presupuesto asignado y el cruce de acusaciones entre el municipio y la provincia.
El plan de becas implementado por el municipio es apenas simbólico y sólo premia por año a la veintena de jóvenes que consiguen el mejor promedio de sus cursos al terminar quinto año. Según la trillada metáfora contable, corresponderá entonces que las necesidades de aprender y de curarse vayan a parar a la columna del Debe de la actual gestión municipal.
La atención de esas demandas populares habitualmente insatisfechas tendría que tener lugar preferencial en la agenda del Centro Cívico. No por una concesión graciosa o una promesa de campaña sino porque así lo impone la Carta Orgánica, que en este punto al menos bien podría ser cumplida antes que reformada.
