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La UNCo lleva gastados millones en 17 años por un servicio legal que no logra fin

Año a año renueva la contratación de asistencia profesional externa para la defensa de la Universidad ante demandas por la tragedia del cerro Ventana, ocurrida en 2002. Desde 2013 no hay avances en una causa que podría haber cerrado hace 10 años.



La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) lleva 17 años pagando honorarios por servicios legales ante las demandas emprendidas por familiares de estudiantes fallecidos y heridos en la avalancha de nieve del Cerro Ventana, en Bariloche.

En esa tragedia, ocurrida el sábado 31 de agosto de 2002, murieron 9 alumnos de la carrera de Educación Física y 7 resultaron heridos.

La institución académica lleva gastados en esos 17 años millones de pesos únicamente en el patrocinio legal de estas causas, que se va renovando año a año, sin que se observen actuaciones significativas desde por lo menos diciembre de 2013. Es más, los honorarios se pagan cada mes, incluso en períodos de inactividad por ferias judiciales. Y la más reciente renovación del contrato del servicio -el 27 de abril- se produjo en plena parálisis judicial debido a la cuarentena por el coronavirus.

La Universidad decide y sostiene durante 17 años la contratación pese a que dispone de un cuerpo de abogados de planta permanente que podría prestar el servicio de defensa de la institución, e incluso cuenta con el resguardo de una aseguradora -como es común en casos como este- que pone a disposición el patrocinio jurídico gratuito.

Por si fuera poco, las contrataciones se realizan en la institución bajo la figura de “locación de obra”, cuya naturaleza jurídica implica la retribución por tareas efectivamente ejecutadas. El mantenimiento del pago durante los recesos de feria judicial y la evidencia de estancamiento de actuaciones judiciales durante largos períodos no parecen ajustarse a los requerimientos de esta figura.

Una muestra del desatino es la desproporción que se observa entre la retribución de los abogados externos contratados y el pago de las indemnizaciones abonadas por esta tragedia, incluidos los honorarios a los patrocinantes de los damnificados. (Ver aparte).

Originariamente, fueron dos los abogados externos contratados para que ejerzan el derecho de defensa de la Universidad, pero tras el fallecimiento de uno de ellos en 2006, el restante es el que mantiene asegurada su contratación, sin solución de continuidad.

Esta y otras partidas destinadas al pago de prestaciones de los profesionales asesores son asignadas a discreción del Rectorado y -por lo que se conoce- no pasan por el control de Consejo Superior de la UNCo.

El último contrato se firmó pese a la cuarentena, que paralizó la actividad judicial.

Ni avances ni fin

La historia de esta contratación que ya hace historia comenzó el 14 de abril de 2003, cuando la Universidad fue notificada del primero de los reclamos de los familiares de las víctimas de la avalancha. La entonces rectora, Ana Pechen, decidió encomendar la gestión de defensa de los intereses de la UNCo a dos docentes de la casa: los abogados Hugo Frare (fallecido en 2006) y Pablo Gutiérrez Colantuono, a través de la Resolución 572 del 6 de agosto de 2003.

Se acordó como retribución de los abogados un pago mensual de 44 IUS, en sintonía con los valores definidos por el Colegio de Abogados de Neuquén.  En 2003 el valor IUS era $46,67; vale decir que en pesos la retribución mensual de honorarios se fijaba en $2.053 (para una referencia: el salario mensual básico de un peón rural en 2003 era de $285).

A raíz del fallecimiento de Hugo Frare (quien fue decano de Derecho de la UNCo), el contrato quedó en cabeza de Gutiérrez Colantuono. No obstante, en ese momento la retribución se mantuvo en el monto acordado para los dos: 44 IUS (resolución rectoral 0167 del 7 de marzo de 2006). Sin embargo, se elevaron a 55 IUS mensuales más IVA, vía resolución 184 del 7 de mayo de 2009, sin fundamentación visible.

Ya con Gustavo Crisafulli como rector, se acordó en 2014 (resolución 245 del 9 de octubre) una retribución de 35 IUS y se mantuvo el pago en los períodos de feria judicial, como ocurría en la gestión anterior.

Los contratos siempre se fueron renovando automáticamente. Es decir que, en el caso de Gutiérrez Colantuono, la contratación se mantiene vigente desde 2003 hasta hoy.

Hoy el valor del IUS está fijado en $2.361,36. Si tenemos en cuenta que el total percibido por los abogados patrocinantes de la UNCo desde 2003 a la fecha: fue de 8.617 IUS, y teniendo  en cuenta que cada IUS_está $ 2.361,36, lo abonado por la UNCo a su patrocinante desde el inicio de las contrataciones asciende -a valores actuales- a un equivalente de $21.195.566 más IVA; es decir, $25.646.634. Una clara evidencia del volumen que gasta una Universidad, asfixiada en recursos, para un solo servicio que no tiene avances ni fin.

Desproporción entre indemnizaciones y retribución

Las sentencias de primera instancia se dictaron entre noviembre y diciembre de 2009, con montos históricos en concepto de resarcimiento para los familiares de los estudiantes fallecidos, que oscilaron entre $ 173.115 y $ 226.370. Los honorarios de los letrados intervinientes promediaron el 20% para quienes patrocinaron a los actores, y alrededor de un 17% para los abogados de la UNCo. En segunda instancia, los montos se elevaron levemente por algunos de los rubros peticionados.

Significa esto que, ya en el año 2010, la UNCo habría estado en condiciones de cancelar la totalidad de los juicios y poner fin al contrato con el profesional de la casa. Sin embargo, la Universidad no arbitró los medios para cancelar las indemnizaciones, obligando a los actores a promover las instancias de ejecución.

El 1 de noviembre de 2012 la jueza María Carolina Pandolfi, a cargo del Juzgado Federal de Neuquén (donde tramitaron todos los juicios) aprobó la liquidación de capital e intereses correspondiente a los autos “López”, por la suma de $ 681.813,59. En concepto de honorarios, la sumatoria de capital de la regulación e intereses de los letrados de la parte actora ascendía a la fecha indicada a la suma de $ 84.722,64.

El 31 de octubre del 2013 la jueza dispuso llevar adelante la ejecución de la sentencia.

Quiere decir que en aquel entonces la sumatoria de honorarios de la totalidad de los abogados que patrocinaron a los damnificados era de (aproximadamente) $ 771.498. Y las indemnizaciones actualizadas para los familiares de las victimas (incluido capital e intereses), ascendía a aproximadamente $ 6.300.000.

Tomando el criterio de actualización de los honorarios percibidos por los abogados contratados por la UNCo, y considerando el valor del IUS en 2013, $ 326,92 (según registro histórico de la página jusneuquen.gov.ar), las sumas actualizadas pagadas por la Universidad en este concepto ascendían por entonces a $ 2.151.600.

No existen actuaciones posteriores en el expediente en cuestión desde el 27 de diciembre del 2013 hasta la actualidad. No obstante, el contrato siguió renovándose en las gestiones de Teresa Vega y Gustavo Crisafulli, hasta hoy.

La tragedia del Ventana

La tragedia del cerro Ventana fue uno de los hechos más conmocionantes vividos en la región. Fallecieron nueve estudiantes. El alud de tipo fusión (nieve húmeda y muy pesada) arrastró a los jóvenes mientras realizaban una caminata en fila india, actividad de la cátedra "Caminatas de Montaña. El experimentado guía de alta montaña Andi Lamuniere -titular de la materia y quien estaba al frente del grupo- fue condenado a tres años de prisión efectiva e inhabilitación por diez.

ANÁLISIS

Dispendio en medio de la estrechez

En una Universidad asfixiada, obligada a lanzar un SOS cada año para sostener su partida de recursos humanos que se lleva más del 90% del presupuesto, la evidencia de un gasto millonario para un servicio a término que no encuentra fin desde hace casi dos décadas, dispuesto bajo el arbitrio del rectorado y sin control alguno, suena a despropósito.

Por lo que se advierte de la documentación disponible, el contrato del profesional contratado pudo haber concluido en el año 2013, si se hubieran puesto a disposición de los actores en aquel entonces las sumas adeudadas en intereses, que en muchos casos eran inferiores a las que percibía de la UNCo en concepto de honorarios.

La Universidad desde el área legal específica pudo exigir al letrado arbitre los medios para la conclusión de los procesos, para evitar que este servicio “in aeternum” termine sospechado de mala praxis profesional. Nada de eso se ha ocurrido.


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