La vicepresidenta escribe la agenda


El Senado, donde la vicepresidenta gobierna, confirmará probablemente este martes el rechazo a los traslados de los jueces y los removerá de la Cámara federal


La vicepresidenta escribe día a día la agenda de esta época. El sofisticado diseño que ha puesto en marcha Cristina Kirchner para despejar su frente judicial amenaza con llevar a Alberto Fernández hacia un conflicto de poderes insospechado en caso de que la Corte Suprema legitime los traslados de jueces del fuero federal dispuestos por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri. Un verdadero reto para la comisión de asesores que encabeza el abogado personal de la expresidenta Carlos Beraldi en el contexto de la ahora devaluada reforma judicial.

La saga de los traslados de jueces tiene todo lo que podría demandar la política cuando busca intervenir con una diagonal en el funcionamiento de la justicia. Cuanto más intrincado el proceso, más virtuoso promete ser.

Se trata de un capítulo de la estrategia de la doctora Kirchner destinado a desplazar a magistrados que han tenido y tendrán intervención en algunas de las varias causas que la acechan. A finales de julio, a instancias del Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura dispuso, con mayoría oficialista, que sean revisados los traslados de diez jueces, la mayoría resueltos en los años de Macri. El Consejo determinó que el proceso de designación de esos jueces no había sido completado y requería la aprobación del Senado. Elevó el expediente al Poder Ejecutivo, que lo derivó a la vez al Congreso. Este viernes, una audiencia pública de la comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, con el voto de los integrantes del oficialismo, rechazó las designaciones de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y, en ausencia de los jueces, dispuso que ambos regresen a los tribunales orales federales a los que pertenecían antes de sus traslados. La misma medida alcanzó al juez Germán Castelli, integrante de un tribunal oral porteño, quien deberá volver a la Cámara federal de San Martín.


Se comprende por qué Cristina Kirchner subestimó la reforma judicial aún en trámite en el Congreso. Para sus verdaderos fines, esa iniciativa es innecesaria.


Bruglia y Bertuzzi son los miembros de la sala I de la Cámara federal que en diciembre de 2018 confirmó el procesamiento de la expresidenta en la causa de los cuadernos de las coimas que investigó el trasiego de dinero negro entre Buenos Aires y Santa Cruz, narrado por el chofer del Ministerio Planificación kirchnerista Oscar Centeno. Estos dos camaristas también ratificaron el procesamiento de la doctora Kirchner en una causa por el pago de sobornos en la obra pública, lateral a la de los cuadernos de Centeno. Obstinados Bruglia y Bertuzzi: lo hicieron el 27 de octubre de 2019, dos días después de que fuera electa vicepresidenta. Castelli, el tercer juez sobre el que se pronunció la comisión del Senado, integra el Tribunal federal 7, que prepara el juicio oral, todavía sin fecha, por el caso de los cuadernos.

Bruglia y Bertuzzi sostienen que una acordada de la Corte Suprema de abril de 2018, en respuesta a una presentación del Ministerio de Justicia, dispuso que los traslados de jueces de la misma jerarquía en un mismo fuero no requieren un nuevo acuerdo del Senado. Así lo entendió también el entonces ministro de Justicia Germán Garavano. El contenido de esa acordada es materia de controversia incluso entre versados en derecho.

La Corte Suprema postergó para este jueves una decisión respecto del pedido de “per saltum” presentado por los jueces, que reclaman poner “remedio” a una situación de “gravedad institucional”. El tribunal no logró tomar una decisión en su último encuentro remoto: la misma Corte está atravesada por fuertes presiones de la expresidenta.

El Senado, donde la vicepresidenta gobierna, confirmará esta semana el rechazo de los traslados de los jueces y los removerá de la Cámara federal. Se comprende por qué Cristina Kirchner subestimó la reforma judicial aún en trámite en el Congreso. A sus verdaderos fines, es ociosa.

En sucesivos fallos desde 1998, la Corte Suprema ordenó al gobierno de Santa Cruz reponer al procurador Eduardo Sosa, destituido de manera irregular por el entonces gobernador Néstor Kirchner cuando investigaba una serie de contrataciones de su gobierno. Es una vieja historia. Pero Sosa nunca pudo regresar a su cargo.


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