Las cárceles del dolor

MARTÍN LOZADA (*)

Una delegación del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes visitó, hace un año atrás, 24 establecimientos carcelarios y celdas de comisarías ubicadas tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. El Protocolo de la Convención Internacional contra la Tortura, instrumento vinculante al que la Argentina adhirió en 1985, y que fuera ratificado en el 2006, permite a los expertos realizar visitas sorpresivas en los centros de detención sospechados de albergar prácticas de tortura. Los miembros del Subcomité no son funcionarios a sueldo, sino personalidades de significativa envergadura moral y conocimiento técnico, elegidas por los Estados miembros de la institución, a través de mecanismos democráticos pactados en el seno de sus organismos. El informe resultante de dicha visita, pese a haber sido entregado oportunamente a las autoridades argentinas, no ha sido dado a conocer públicamente, según informó días atrás el periodista argentino residente en Suiza, Juan Gasparini, en el sitio www.plazademayo.com De su texto surgiría una minuciosa información acerca de las condiciones materiales en la cuales muchas personas son actualmente obligadas a transcurrir sus días en prisión. Condiciones regidas por criterios de subsistencia obsoletos y en establecimientos deteriorados, algunos sin calefacción y con servicios médicos integrados por personal falto de capacitación. La delegación, compuesta por dos latinoamericanos, tres europeos y una integrante de Oceanía, percibió un fenómeno equivalente en los recintos policiales. Los calabozos federales son más amplios, con mejor pintura y luz, y áreas administrativas con ciertas comodidades. En cambio, a nivel provincial imperan los olores nauseabundos, la suciedad y las cucarachas. En estos últimos se detectó la falta de ventilación en los ambientes y una escasa calefacción, electricidad y agua caliente. En muchas celdas sobrevienen inundaciones en las alcantarillas comunes y hay otras clausuradas por su estado de deterioro que, no obstante, siguen siendo utilizadas. La comisaría que funciona en la planta baja del Palacio de Justicia de la ciudad de Buenos Aires fue también objeto de graves críticas. Así sucedió en virtud del grave hacinamiento que deben experimentar los detenidos en tránsito que aguardan turno, a veces durante varios días, para comparecer ante los juzgados en los que se encuentran imputados. Los integrantes del Subcomité se sorprendieron al no observar afiches informativos en los centros de detención sobre los derechos de las personas presas. En particular, de aquellos que aluden a la prohibición de la tortura. En tal contexto, destacaron que los internos guardan un pesimismo generalizado respecto de las autoridades penitenciarias y su compromiso para erradicar los actos abusivos perpetrados por los efectivos de rangos inferiores, encargados de su custodia. Circunstancia que refleja “una estructura corporativa” que responde a “lineamientos superiores y estructurales”. Tanto es así, informa Gasparini, que las investigaciones de torturas en las cárceles son obstaculizadas por una red administrativa que genera el temor de los internos de sufrir represalias a raíz de sus denuncias practicadas en el ámbito penitenciario. De ese modo, se elevan a los ministerios públicos una serie de presentaciones que son inicialmente tipificadas como “delitos de lesiones, abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza o extorsión”. Figuras delictivas que traen aparejadas penas y plazos de prescripción menores que los considerados como torturas. Los miembros de la delegación detectaron, además, la ausencia “de una línea de investigación sistémica que permita desarticular el entramado de actores” penitenciarios o policiales, así como extirpar la tortura como medida disciplinaria y de amedrentamiento. Hicieron lo propio, además, en relación con la “subutilización de los registros y bases de datos de tortura levantados por algunas instituciones públicas como marco para el inicio de investigaciones fiscales”. Las condiciones de arresto verificadas resultan deplorables y signadas por una brutalidad de trato que se extiende a todos los estamentos. A punto tal de incriminar a personal de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y de la Policía bonaerense. Tratos inhumanos ejercidos con el fin de arrancar confesiones o escarmentar protestas suscitadas por las indignas condiciones de detención. En función de ello, advirtieron que en los establecimientos inspeccionados subyace una impronta aún no abolida, propia de un sistema penitenciario militarizado y hostil a la gobernabilidad democrática. Es decir, marcada por un rechazo frontal al avance del modelo de promoción y defensa de los derechos humanos impulsado por las Naciones Unidas. (*) Juez Penal – Catedrático Unesco