Las PASO en Río Negro y una excusa poco creíble
Con sorpresa leí declaraciones del señor gobernador, que expresa su desinterés por la implementación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y del señor ministro de Gobierno, que pone en duda su aplicación en el 2015 por supuestas dificultades en la reglamentación de la ley 4988, desinterés de los partidos políticos y necesidad de tiempo para capacitación.
No voy a hacer consideraciones de carácter técnico porque no soy abogado y mucho menos especialista en Derecho Electoral, pero quisiera hacer y compartir algunas reflexiones políticas que es lo que sí puedo hacer, como ciudadano y militante. La primera de ellas es que se trata de excusas y de un intento burdo de diluir responsabilidades políticas que sin duda son inherentes al Poder Ejecutivo provincial.
Es realmente inaudito que el señor gobernador diga que no tiene interés en la aplicación de una ley que él mismo envió a la Legislatura con acuerdo de ministros luego de consultarla con todos los partidos políticos en lo que pomposamente denominó “Diálogo político” (en el que todas las fuerzas se expresaron a favor) y que fue aprobada por unanimidad y sin disidencias hace aproximadamente cinco meses… ¿o acaso pretende borrar con el codo lo que escribió con la mano? Más aún asombra que el señor gobernador y el señor ministro hayan efectuado esas declaraciones cuando en el mensaje que firmaron aluden reiteradamente tanto a la opinión de los partidos como a la mayor transparencia electoral que las primarias abiertas brindarían a la ciudadanía ¿Han descubierto repentinamente que ya no garantizan esa transparencia o intentan acomodar las instituciones a su conveniencia personal? Cabe, lamentablemente, recordarles que no estamos en una monarquía absoluta y que las instituciones no se manosean a su antojo.
El señor gobernador debe entender y aceptar que no es omnipotente, que estamos en democracia y que no puede adecuar las leyes electorales a sus intereses coyunturales de carácter interno. Mucho menos aún ejercer un poder de veto en forma indirecta al no reglamentar una ley de semejante importancia inventando como excusa supuestas diferencias entre los partidos políticos en un tema (el de las llamadas listas colectoras o de adhesión) que no figura en la ley y que fue introducido por el Poder Ejecutivo en el proyecto de decreto reglamentario que hizo circular. Los partidos se expresaron, en forma directa y en algunos casos también por escrito, tanto antes del envío como luego, en el recinto legislativo. El decreto reglamentario es responsabilidad absoluta del gobierno, que no puede intentar descargar en los partidos políticos y debe atenerse estrictamente a la letra de la ley, sin atribuirse facultades legislativas que no le corresponden. No puede tampoco aducirse la necesidad de tanto tiempo para capacitación ¿Acaso no se instrumentaron ya las PASO nacionales en dos oportunidades? No son tan diferentes. ¿No hay autoridades de mesa y fiscales que ya tienen esa experiencia? ¿Tan complejo es? Estamos ante un claro intento de disfrazar las verdaderas razones, que no son otras que acomodar el andamiaje electoral a intereses políticos personales del gobernador. Eso es autoritarismo.
Considero que el señor gobernador también debería leer la Constitución provincial, que en su artículo 148 dice que las leyes entran en vigencia a partir de su publicación. La ley 4988 fue sancionada (insisto: en forma unánime) el 22 de agosto, promulgada por el señor gobernador con su firma en el decreto 1191/14 el 10 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial el 18 del mismo mes. No tiene otra alternativa que aplicarla, le convenga en este momento o no, por la simple y sencilla razón de que es una ley vigente y él es el primero que debe cumplir las leyes.
¿El Tribunal Electoral no debe intervenir? ¿No habría un grave vacío legal al haberse modificado artículos de la ley 2431 si no se aplicara la 4988? ¿Con qué normativa se regirían las próximas elecciones provinciales?
Si el señor gobernador está tan convencido de que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son inconvenientes (no para él sino para la ciudadanía), debería decir que hace menos de ciento cincuenta días se equivocó y que ya no opina lo mismo respecto de lo que firmó entonces y enviar otro proyecto derogándolas (¿suspendiéndolas? ¿Es razonable esa figura que equivale a dejar la voluntad de los legisladores en un limbo indefinido?).
Me pregunto: si ese desatino y papelón institucional sucede, ¿cuál será la actitud de los legisladores que la votaron y que se expresaron con enfáticos discursos a favor de la misma? ¿Serán cómplices de semejante burla a los rionegrinos?
Roberto Luis Rulli
Exministro. Militante de la Unión Cívica Radical de Río Negro
Roberto Luis Rulli
