Le pusieron nueva fecha a la subasta de los terrenos de la ex U9

Luego de dos aplazos, Nación informó que la apertura de sobres será el 2 de agosto y la adjudicación el 14 de ese mes.



En los terrenos de la ex cárcel federal, el gobierno nacional pretende construir edificios. (Foto: Archivo)

En los terrenos de la ex cárcel federal, el gobierno nacional pretende construir edificios. (Foto: Archivo)

La tercera es la vencida: en agosto se prevé contar con las ofertas de la subasta electrónica de los terrenos de la ex U9 donde la jefatura de Gabinete de la Nación tiene la intención de desarrollar complejos de edificios.

La nueva fecha es para los interesados en adquirir el sector ubicado en Illia y Villegas, más otro tramo sobre Alberdi casi Illia.

Son dos lotes que se venden a un valor de 1.825.441 y 2.123.604 dólares para ejecutar un complejo de edificios y áreas comerciales. Es sólo la primera etapa del proyecto urbanístico, que tiene un diagrama de 10 lotes (ahora se subastan sólo 2) según la presentación pública que hizo la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

La subasta pública de estos terrenos estaba prevista para el 16 de mayo pasado. En una publicación del boletín oficial del 2 de ese mes se aplazó la presentación. Ahora se informó que la adjudicación será el 14 de agosto, con fecha de presentación de ofertas (apertura de sobres) para el 2 de agosto de 2019.

La explicación para el nuevo aplazamiento fue “lograr una mayor difusión y participación” en la subasta elctrónica, que ya tiene interesados que han cumplido con el proceso electrónico de registración, autenticación y autorización, según la publicación del boletín oficial.

Desde febrero está en marcha la orden judicial de “no innovar” de la Cámara Federal de Roca, que exigió la realización de un estudio de impacto ambiental y de los certificados ambientales como requisito previo a cualquier modificación, tanto en la parte del “pulmón verde”, como en el sector con destino inmobiliario. La decisión de los camaristas fue la respuesta a un amparo de la Defensoría Pública y ordenó a los poseedores abstenerse de seguir modificando el lugar, donde sólo se podrán llevar a cabo tareas “que demanden la conservación y preservación de la salud, higiene y seguridad del lugar”.


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