Lento avance en la creación del Comité Contra la Tortura en Río Negro
Recién ayer la comisión especial de Derechos Humanos de la Legislatura rionegrina aconsejó la aprobación de cuatro postulantes externos. La ley fue sancionada en 2010.
La comisión especial de Derechos Humanos de la Legislatura rionegrina resolvió recién ayer aconsejar la aprobación de cuatro postulantes externos que se presentaron para integrar el Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura.
En ese marco, se dispuso que la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General evalúe cómo se completará la integración del Comité, ya que la ley establece que lo deben constituir seis representantes y en la audiencia pública solo se presentaron cuatro. Inicialmente, se había informado sobre nueve postulantes pero al parecer, el interés se fue diluyendo.
De esta forma se aconseja la aprobación de las postulaciones de Cristina Andrea Reile, Jimena Melina Haro, Federico Batagelj y Maximiliano Emanuel Merani, quienes cumplimentaron el proceso de la audiencia pública, y la comisión de Asuntos Constitucionales evaluará la legalidad del artículo 6 de la Ley N° 4621, y sus modificatorias, respecto a la integración del Comité. Resuelto este punto, regresará a la comisión de Derechos Humanos para su tratamiento.
El legislador Marcelo Mango (FpV) cuestionó algunas impugnaciones que se hicieron en el proceso de selección de los integrantes e interpretó que existe falta de decisión política para que el Comité se constituya. Aseguró que se está incumpliendo con el derecho que tienen las personas en situación de encierro a tener este Comité.
Por el oficialismo, la presidente de la Comisión, Silvia Paz, Rodolfo Cufré y Elsa Inchassendague negaron que exista falta de voluntad política por parte del Gobierno para constituir el órgano y coincidieron en que los plazos legales se cumplieron y que no se puede violar la ley que prevé que el Comité lo constituyan seis integrantes y no cuatro.
La mencionada norma fue sancionada y promulgada en diciembre de 2010, sin embargo ninguna gestión oficial se hizo cargo de brindar explicaciones en torno a los motivos por los cuales se dilataron las sesiones como para que comience a tener plena vigencia.
Pasaron los años, y el comité debiera tener funciones como para actuar en todo el territorio respecto de todos los lugares de detención de jurisdicción provincial.
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