Lesa humanidad: queja por retraso de la Corte Suprema

Se trata de dos de los seis juicios que se sustanciaron en la provincia de Neuquén que aún están esperando una confirmación por parte del máximo tribunal de justicia del país.

La Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe en el que manifiestan su preocupación por el “grave retardo” en la resolución de recursos por causas de delitos de lesa humanidad juzgadas en los años 2012 y 2016, que están en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Ambas organizaciones se reunieron hoy con integrantes de la CIDH en Buenos Aires, en el marco de las actividades que la entidad internacional realiza en nuestro país a 40 años de la histórica visita de 1979 en la que recibió miles de denuncias de familiares de detenidos desaparecidos en plena dictadura cívico militar.

En Neuquén se llevaron a cabo cinco juicios, más uno que está en desarrollo y este miércoles los jueces emitirán la sentencia. Sólo el que se hizo en 2008 tiene condena firme. El resto están en apelación, dos en instancia de la Corte Suprema de Justicia.

En el escrito, la APDH y el CELS manifiestan su preocupación por “el grave retardo de justicia que sufren aquellas víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, cuyos casos fueron juzgados por la justicia federal de Neuquén en los años 2012 y 2016, confirmados por la Cámara Federal de Casación Penal en los años 2015 y 2018, y que aún no cuentan con una respuesta judicial efectiva” porque no resuelve la Corte Suprema.

La primera de las causas, caratulada “Luera, José Ricardo y otros s/ delitos c/la libertad”, fue seguida contra 17 ex militares y policías por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados cometidos en perjuicio de 39 víctimas.

El juicio oral y público se llevó ante el Tribunal Oral en lo Criminal de Neuquén durante casi todo el año 2012 y en ella declararon más de 200 testigos. En noviembre de 2012, el citado tribunal impuso elevadas penas de prisión a la mayoría de los imputados.

La segunda de las causas es la caratulada “Castelli, Néstor Rubén y otros s/ delitos contra la libertad y otros” seguida contra 19 ex militares y policías por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios agravados cometidos en perjuicio de 28 víctimas.

El juicio oral y público se llevó a cabo entre los años 2015 y 2016 y el Tribunal dictó su sentencia el 30 de septiembre de 2016, condenando a 15 de los imputados y absolviendo a 4 de ellos.


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