Ley de radiodifusión: una una deuda de la democracia 08-12-03

n estos días se cumplen 20 años ininterrumpidos de gobiernos civiles en Argentina. Un tiempo excepcionalmente prolongado para nuestra historia institucional y todo un récord saludable en un país donde la presencia de gobernantes militares como consecuencia de los golpes de Estado fue una constante. Sin embargo, ese lapso no parece haber resultado suficiente para que los distintos gobiernos que se alternaron en el poder desde 1983 tuvieran la voluntad política necesaria para cambiar ciertas leyes heredadas de la dictadura militar que regulan cuestiones trascendentes, dictando en su reemplazo normas sobre la base de principios democráticos acordes con la etapa política que vivimos los argentinos.

Tal es el caso de la radiodifusión, que sigue rigiéndose por el decreto ley 22.285 del dictador Jorge Rafael Videla. Normativa que reemplazó a la ley 19.798 de 1972 del gobierno de Alejandro A. Lanusse. Conforme estos antecedentes resulta evidente que los gobernantes militares le asignaron importancia a la información, a la que consideraron una materia dentro de la doctrina de la seguridad nacional, en cambio para los gobernantes civiles la cuestión no parece haberles resultado significativa como tampoco afectarles ni la autoría de la ley ni su contenido, ya que han podido convivir sin problemas con normas emanadas de regímenes de facto que sistemáticamente ejercieron la censura y conculcaron el derecho a la información.

Obra de la dictadura, la esencia de la ley 22.285 es la Doctrina de Seguridad Nacional como lo expresa el artículo 7º: «Los servicios de radiodifusión deberán difundir la información y prestar la colaboración que les sea requerida para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional…». Entre sus contenidos encontramos disposiciones restrictivas, chauvinistas y obsoletas típicas de las concepciones militaristas tales como disponer que la radiodifusión debe propender «…al afianzamiento de los valores inherentes a la integridad de la familia y la preservación de la tradición histórica del país y los preceptos de la moral cristiana» (Art. 5º).

El gobierno de Raul Alfonsín no sancionó una nueva ley a pesar de anunciarlo en la campaña, limitándose a intervenir el Comfer, lo cual implicó el mantenimiento de una estructura burocrática fuertemente dependiente del gobierno de turno y sin canales formales de consulta u opinión, a revisar algunas concesiones hechas por el gobierno de facto y dictó el decreto 1.151/84 que suspendió la realización de concursos hasta que se sancionara una nueva ley de radiodifusión.

El gobierno de Carlos Menem dispuso privatizar todos los medios de comunicación comerciales estatales, para lo cual a través de la ley 23.696 de Reforma del Estado eliminó la restricción de la ley 22.285 que impedía otorgar licencias de radios y televisoras a quienes fueran propietarios de medios impresos, posibilitando así la conformación legal de multimedios con la consiguiente concentración de la información, que se acrecentó más aún con el decreto de 1999, que permitió a un solo titular explotar hasta 24 licencias de radiodifusión.

Este proceso de concentración constituye un potencial riesgo ante la posibilidad de manipulación de la información, sobre todo teniendo presente el carácter no neutral de la misma, la indisoluble relación existente entre el orden económico y el orden informativo junto con la función de la comunicación de masas como instrumento de control social.

La ley no sufrió cambios durante los gobiernos posteriores, pero recibió un serio cuestionamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, que en fallo reciente declaró la inconstitucionalidad del artículo 45 que restringía sólo a particulares y a sociedades comerciales el acceso a licencias, impidiendo que pudieran hacerlo las personas jurídicas sin fines de lucro. La Corte consideró esa disposición «arbitraria y discriminatoria, importando una irrazonable limitación al derecho a expresarse libremente y de asociarse o no hacerlo, resultando violatoria de la Constitución nacional y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos».

En estos 20 años de democracia se ha registrado un fuerte crecimiento de radios FM, que en su gran mayoría no han podido regularizar su situación por no existir una ley de radiodifusión acorde con las condiciones existentes. Desde el Estado, en lugar de procurar solucionar los problemas generados por la inacción, desidia o falta de compromiso de los propios gobernantes, se promueve penalizar a quienes continúen trasmitiendo sin la autorización del Comfer, mediante un proyecto con media sanción de Diputados y que en caso de ser aprobado por el Senado significaría una grosera violación de la disposición del art. 13. 3 del Pacto de San José de Costa Rica, que obliga a los estados a no establecer abuso de controles sobre frecuencias radioeléctricas o impedir de modo indirecto la libre circulación de informaciones y opiniones.

La comunicación está ampliamente reconocida como un bien social esencial para el desarrollo cultural, educativo y económico de la sociedad. El espacio radioeléctrico es un bien social público que debe ser administrado por el Estado, teniendo presentes esos objetivos.

La comunicación está íntimamente ligada al derecho a la información, derecho humano fundamental que comprende tres elementos principales: la búsqueda (o investigación), la recepción y la difusión de la información.

El derecho a la comunicación y a la información y la libertad de expresión son presupuestos esenciales de la democracia real.

El fortalecimiento de la democracia en la Argentina exige en forma urgente una nueva ley de radiodifusión que promueva la democratización de las comunicaciones, garantizando el respeto por el pluralismo y la libertad de expresión y por las realidades regionales.

Esa ley, injustificadamente postergada, debe ser el resultado de un profundo y amplio debate en el que participen todos los sectores de la sociedad, no sólo los propietarios de medios y los dirigentes políticos.

Mientras siga la postergación y continúe vigente la ley 22.285, la democracia tendrá una deuda con la libertad de información más amplia e irrestricta.