Leyes que no sirven
Tanto el gobierno actual como otros anteriores han procurado hacer pensar que normas determinadas serían inmodificables por basarse en leyes nacionales debidamente aprobadas por el Congreso, pero los diques de contención así construidos raramente han sido tan fuertes como suponían sus artífices. Antes bien, casi siempre han resultado ser tan precarios como las promesas formuladas por políticos en campaña o aquellas garantías constitucionales que, por razones económicas, el país no está en condiciones de respetar. Así, pues, se rompieron bajo el peso de la realidad económica las barreras que supuestamente servían para defender la convertibilidad y, con ella, los ahorros de millones de personas y, según se informa, están por compartir el mismo destino las erigidas a fin de convencer a los acreedores de que la Argentina nunca arreglaría con los reacios a aceptar los canjes ofrecidos por el gobierno kirchnerista. Parecería que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía Axel Kicillof y el secretario legal y técnico Carlos Zannini han llegado a la conclusión de que sería peor que inútil continuar luchando contra “los buitres” y, por lo tanto, están pensando en pedir –mejor dicho, ordenar– a los legisladores derogar varias leyes, como la de Pago Soberano, que fue aprobada hace menos de dos meses pero que fracasó por completo, puesto que ningún bonista manifestó interés alguno en cobrar fuera de Nueva York, y la “ley cerrojo” del 2005, que de todos modos fue suspendida pasajeramente en el 2009 al intentar el gobierno un nuevo canje. Los esfuerzos por subordinar lo económico a lo político mediante leyes suelen tener consecuencias desafortunadas. Además de causar dificultades adicionales cuando un gobierno quiere impulsar reformas por entender que las circunstancias no le dejan más alternativa, la imposibilidad de acatarlas desprestigia no sólo el Congreso sino también la juridicidad misma. Para demasiados gobiernos, leyes como aquellas que se aprobaron a fin de impresionar a los agentes económicos son a lo sumo manifestaciones de su propia voluntad. De sentirse obligados a cambiarlas nuevamente por entender que les convendría eliminar obstáculos que ellos mismos crearon, los gobernantes en efecto advertirán a todos de que las próximas leyes también podrían ser derogadas. Para justificar la negativa a acatar el fallo del juez norteamericano Thomas Griesa, el gobierno de Cristina pudo subrayar el peligro planteado por la célebre cláusula RUFO, conforme a la cual, si pagara voluntariamente a “los buitres” el dinero que reclamaban, tendría que tratar a todos los acreedores de manera igual. Por fortuna, la cláusula RUFO vence dentro de un par de meses, de suerte que no le sería dado seguir esgrimiendo el mismo argumento. Aunque por motivos políticos e ideológicos los halcones kirchneristas preferirían continuar negándose a alcanzar un arreglo con los holdouts porque a sus ojos encarnan el mal absoluto, saben que los costos económicos de la intransigencia serían insoportablemente altos. Se prevé que, sin un arreglo, la recesión se agravaría muchísimo en el año que viene, pero que, con uno satisfactorio, podría reanudarse el crecimiento. Por lo demás, lo que comenzó como un default “parcial” o “selectivo” –o sea casi nada, a juicio de los voceros oficiales– está ampliándose al tomar nota calificadoras de riesgo como Fitch de que el gobierno no ha podido pagar a los bonistas con legislación extranjera. Sucede que, sin financiación externa, no habrá forma de afrontar los pagos previstos para el año próximo, ya que, debido en gran medida al estado desastroso del sector energético, el país ha dejado de contar con un superávit comercial tan abultado como en el pasado reciente. Si pudiera, el gobierno se mantendría en sus trece, confiado en que le sería fácil aprovechar en beneficio propio los intentos de su eventual sucesor por reconciliarse con los acreedores acusándolo de arrodillarse ante “los buitres”, pero la crisis está adquiriendo dimensiones tan amenazadoras que no le será dado postergar hasta diciembre del 2015 la hora de la verdad, de ahí las versiones sobre la presunta decisión de la cúpula kirchnerista de despejar de obstáculos legales el camino de un acuerdo que, con toda seguridad, procuraría tratar de vender como si fuera cuestión de un gran triunfo político.
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