Libertad vigilada

LA SEMANA EN SAN MARTÍN

FERNANDO BRAVO

rionegro@smandes.com.ar

Dos personas ingresan a un domicilio de Cordones de Chapelco. Según se conocería luego, se valen de un ardid para que una joven les facilite el acceso mientras su madre no está en casa. Y no hacen nada en especial. Sólo esperan…

Así comienza una historia que podría ser tan insignificante como para justificar su rápido olvido, o bien constituirse en una oportunidad perdida para aportar luz sobre un asesinato salvaje.

La menor envía a su madre un mensaje de texto por la visita inesperada, y la mujer reacciona yendo a la Comisaría 43, a advertir sus sospechas de que algo no estaba bien. Los policías dan crédito a su alarma y rodean la casa con discreción.

Mediante otro “SMS” logran que la joven abandone el domicilio y la ponen a resguardo. Ingresan y detienen a los personajes, que no oponen resistencia. Estaban indocumentados y eran chilenos por sus acentos. Resultaron tener antecedentes penales en Argentina y Chile, con sentencias cumplidas pero sin nuevos pedidos de captura.

Finalmente fueron identificados como Pedro Navarrete Mora y Héctor Vargas Avila. Al parecer ya habían estado en la misma casa semanas antes y pretendían recuperar un maletín o funda tipo “notebook”, que habían olvidado la primera vez.

Hasta ese momento parecía un caso “raro” pero sin otra consideración. Salvo por un detalle: una persona cercana a la investigación dijo a las autoridades que había visto meses antes a esos mismos individuos, acompañados en la zona de quien luego sería identificado como Gabriel Salcedo Fernández.

Se trata del hombre que fuera detenido en la ciudad de Buenos Aires e imputado por el homicidio a golpes en Junín de los Andes del empresario Roca Jalil. El rostro y la figura de Salcedo Fernández, junto con una mujer de paradero aún ignorado, quedaron registrados en una cámara de la Sucursal Junín de los Andes del Banco de la Provincia del Neuquén. La grabación se hizo pública.

Tras el procedimiento en “Cordones”, el testimonio que vinculó por entonces a Salcedo Fernández con los detenidos de paseo por San Martín, se contrastó con el hecho de que, conforme datos preliminares, parecía haber coincidencias entre las fechas y lo sitios de detención en los que los individuos habían cumplido sus respectivas sentencias en otras provincias.

¿Era aquello suficiente para presumir de verdad algún tipo de vinculación entre los tres hombres y, luego, de relación con el crimen de Roca Jalil? Naturalmente no, pues se necesita mucho más que coincidencias para consolidar una hipótesis así. Pero eran datos alentadores para orientar nuevas pesquisas.

Ahora bien, más allá de las sospechas no había materia consistente como para mantener detenidos a los dos ciudadanos chilenos, de modo que se les imputó “violación de domicilio” (forzadamente porque, si bien con engaños, recuérdese que les habían abierto la puerta).

El juez de Garantías instruyó que quedasen ligados a la causa con un régimen de libertad asistida (vigilada), sin poder abandonar San Martín hasta que se realizara una audiencia a siete días vista.

Ambos se alojaron en una hostería de calle Rodhe y debían dar cuenta de cada una de sus salidas a la Comisaría 23 del casco histórico, cuyos agentes a su vez hacían un “rondín” de control.

Pero sucedió lo que casi todo el mundo intuía. Los chilenos pusieron los pies en polvorosa. Dos días antes de la fecha de audiencia dejaron de reportarse y luego no acudieron a la cita.

Poco y nada podrá discutirse desde el punto de vista judicial. Se hizo lo que se podía hacer, más incluso cuando por estos días se debate, a mitad de camino entre la doctrina y la política, si corresponde ampliar el menú de herramientas para la aplicación de la prisión preventiva a los casos graves o conmocionantes para la sociedad neuquina.

Desde esa mirada, bajar preventivas por una dudosa “violación de domicilio” y algunas inquietantes coincidencias hubiera sido disparatado, aun a sabiendas del desarraigo y los antecedentes de los demorados.

Pero más allá de lo que digan las tribunas académicas y los límites inevitables de la ley, la sensación es que ha faltado algo de sentido común. Ese que tanto reclama el ciudadano de a pie…