Límites inusuales

Aparecen problemas inusuales en el gobierno de Weretilneck. Asoman límites, borrosos aún. Hay señales de efectiva escasez de recursos y emerge una disputa con un organismo de control externo, que insinuó una supervisación estatal. Río Negro cerró el año con alarmas en sus finanzas, combinándose caídas en recursos nacionales y un inusual despliegue de sus erogaciones. Existe un remanente de las prórrogas petroleras, pero las carencias se detectan frente a la pila de obligaciones pendientes, a pesar de que algo disimuló el crédito de 450 millones recibido en diciembre del banco Patagonia. Existe cierta expectativa de que la Corte Suprema genere otra oleada de ingresos extraordinarios. Río Negro presentó una demanda por la inconstitucionalidad del 15% de coparticipación que la Nación retiene para la Anses, que ya recuperaron tres provincias. Un fallo favorable derivaría en que Río Negro acceda a más de 1.500 millones anuales. La Justicia no ofrecería esa salida inmediata porque prevé una negociación política entre la Nación y las provincias. Weretilneck se esforzó por que esa ofensiva judicial no dañara más su relación con el gobierno nacional. “No puedo hacer otra cosa”, se justificó, aludiendo a un plan provincial conjunto. El poder macrista reaccionó indeferente. Sigue atado al pasado por la displicente conducta que el rionegrino le ofreció cuando reinaba el kirchnerismo. “Siempre nos rechazó mal”, repite el mandamás de Interior, Rogelio Frigerio, y los suyos. Esa cartera no es poca cosa ya que controla la relación con las provincias, con financiamiento y obras. Ese ministro visitó o recibió a 18 gobernadores. Weretilneck integra la reducida nómina de los cinco que no lo hicieron. Sólo Luis Di Giacomo llegó al secretario de Interior, Sebastián De Luca, enlazados por el diputado Sergio Wisky. Curiosamente, Marcelo Martín –con entusiasmo macrista– es el miembro del gabinete con mayor maniobra en Capital Federal. Participó con sus pares nacionales de Agricultura en la confección de las medidas frutícolas, incluso compartieron gestiones ante el banco Patagonia por líneas crediticias. El rionegrino llegó el viernes al Alto Valle y fue quien explicó la propuesta nacional a dirigentes frutícolas. Allí, el gobierno provincial quedó atado al ofrecimiento macrista, a pesar de que Weretilneck eludía ese compromiso porque sabía que esa oferta no prosperaría. El secretario de Agricultura, Ricardo Negri, le adelantó en qué acciones trabajaban. Weretilneck intenta un lugar propio y son los productores quienes insertan a la Provincia en el conflicto, reclamándole un desembolso pendiente: 50 millones prometidos. Otra obligación colgada, suspendida por falta de recursos. El gobernador observa y calla. Quebró ese mutismo en el enfrentamiento con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Ocurre que ese órgano de control parece –finalmente– haberse despabilado, y autorizó a sus técnicos a hurgar en los extraños expedientes administrativos del poder. Marcelo Ponzone fue subsecretario legal en el inicio del gobierno del FpV y, tras el asesinato de Carlos Soria, Weretilneck lo promovió a la titularidad de ese organismo, condicionado aún por el justicialismo. Ese círculo igual le cerró bien. Ponzone no investigaba y el gobierno lo protegía, más allá de que se amagaban con ciertas diferencias. El legislador Facundo López siempre se encargó del objetivo superior: la cooperación mutua. La fiscalía de Ponzone debutó con una denuncia penal recién 32 meses después de su asunción. Forzado por las evidencias, en octubre del 2014 cargó contra el legislador oficialista Luis Bartorelli por su incompatibilidad. El año pasado registró dos presentaciones más: una contra un profesional del hospital de Jacobacci y otra contra el director de Patrimonio, Héctor Illuminati. Marcó diferencias en noviembre y diciembre con dos auditorías que concluyeron que los expedientes –módulos alimentos y kits escolares– arrojaban sobreprecios. El sospechoso y enmarañado mecanismo de compras no se explica con el siempre usado relato oficial que los expedientes pasaron por los órganos de control, especialmente cuando cualquier cruzamiento demuestra que el Estado paga mucho más que el mercado. No existen ni registros estatales de precios de referencias. En realidad, las revisiones técnicas de la FIA expusieron las falencias y las irregularidades de las operaciones, pero ese núcleo se extravió en la disputa de las partes. A Weretilneck lo sorprendió la mutación de la FIA. Respondió con dureza, acusando a Ponzone de “extorsión” al aludir que pedía un favor no correspondido, en referencia a la promoción de un tercero en un organismo del Ejecutivo. El fiscal transmite que seguirá con otras denuncias. Ya desempolva varias añejas, entre ellas aquel trámite de una frustrada compra de vehículo de alta gama para el mandatario. El gobierno contraataca con que Ponzone está identificado políticamente y conspira con un “sector del justicialismo”. Ambos se reinventaron. El fiscal descubrió su función y el gobierno abandonó su protección. Ya pasó a acusarlo de conspiraciones con el PJ. Prepara el terreno. Se olvidan su anterior indiferencia frente a evidentes violaciones anteriores para un órgano independiente, como cuando Ponzone juró en el 2012 por el “justicialismo y Soria”, y, después, cuando formó parte de la creación de la fugaz agrupación sorista 25 de Setiembre. En cambio, el oficialismo archivó el pedido de juicio político contra el fiscal, que promovió Magdalena Odarda por maltrato de género e incumplimiento de sus funciones. La mano salvadora gubernamental también llegó a la Justicia, donde el juez Guillermo Bustamante lo liberó de una causa penal, generada por una presentación de una empleada. El expediente de juicio político está latente y sólo está en archivo porque no existían pruebas suficientes, dice hoy un legislador albertista de esa Comisión, develando otra intimación frente a la inconducta de Ponzone. El oficialismo sabe de eso. Ya utilizó el enjuiciamiento para neutralizar la ofensiva del Tribunal de Cuentas, que en el 2014 ensayó con la investigación de los gastos reservados legislativos. Así, el estado de las cosas no servirá para esclarecer nada de los sobreprecios. No se discute –obviamente– la razón de un Estado mejor, con funcionarios eficientes e íntegros. La controversia expuesta defiende otros capitales. El interés público –otra vez– está perdido.

Adrián Pecollo adrianecollo@rionegro.com.ar

Río Negro presentó una demanda por la inconstitucionalidad del 15% de coparticipación que la Nación retiene y ya recuperaron tres provincias.