Liporace quedó a un paso del juicio político
El juez en lo Penal Económico Carlos Liporace, quien tuvo a su cargo la primera etapa de la investigación por el contrabando de cocaína a España a través de un vuelo de Southern Winds, quedó ayer un paso más cerca del juicio político.
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó un dictamen que le imputa «mal desempeño de sus funciones». En su última reunión del año, con la presencia de sus nuevos consejeros legisladores, la Comisión aprobó por unanimidad tres acusaciones contra Liporace, entre ellas una vinculada a la causa de las «narcovalijas».
El dictamen pasará al primer plenario del Consejo, previsto para el 8 ó 9 de febrero, que deberá decidir con dos tercios de los miembros presentes la suspensión del juez y el envío del expediente al Jurado de Enjuiciamiento.
Liporace fue acusado por su desempeño en la causa por las narcovalijas, devolución de impuestos por 8 millones de pesos al Grupo Yoma e intervención en una causa relacionada con una compañía de seguros. En todos los casos las denuncias fueron formuladas por la Cámara en lo Penal Económico, superiores jerárquicos de Liporace, que además lo imputaron penalmente y apartaron de los respectivos expedientes.
La acusación contra Liporace fue votada por la presidenta de la Comisión, Marcela Rodríguez, en su última jornada en ese cargo, su reemplazante el diputado Federico Storani, y los consejeros Carlos Kunkel, Diana Conti, Beinusz Szmukler y Luis Pereyra Duarte. La Comisión decidió elegir a Storani como presidente de Acusación a partir del 2006 en reemplazo de Rodríguez, cuyos seis meses de mandato como titular caducaron ayer.
En febrero, Liporace se hizo conocido cuando estalló el escándalo de SW, por el cual se reveló que cuatro valijas cargadas con 60 kilos de cocaína salieron en un vuelo de esa compañía de Buenos Aires, el 16 de setiembre de 2004, y llegaron al aeropuerto de Madrid, donde nadie las pasó a buscar.
Pero Liporace no investigó debidamente a los directivos de SW, según planteó la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico, que entonces acusó al juez de demorar la pesquisa y lo instó a avanzar en nuevas medidas. Como esas diligencias no se concretaron, la Cámara terminó apartándolo de la causa SW y lo denunció ante la Magistratura. (DyN)
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