Llegar a tiempo
“Llegamos tarde”, admitió esta semana el gobernador neuquino Omar Gutiérrez al referirse al asesinato del nene brutalmente golpeado y abusado, por el cual se encuentra detenido su padrastro. El caso se suma a otros hechos conmocionantes que muestran de qué manera aumentó la vulnerabilidad y el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, cuyas negativas consecuencias comprometen su futuro si no hay decidida acción, tanto del Estado como en la sociedad civil.
La opinión pública ya estaba sensibilizada por otro hecho ocurrido días antes en La Pampa, donde se demostró que sigue fallando la articulación entre distintos organismos estatales para actuar conjuntamente y con rapidez ante los primeros indicios de maltrato. En los últimos años, tanto Nación como Río Negro y Neuquén aprobaron leyes de avanzada y crearon organismos para recibir denuncias sobre maltrato y abuso infantil, acoso escolar y en entornos virtuales, además de reformar organismos proteccionales y de acogida ante situaciones de riesgo o abandono. Como informó este diario, el maltrato físico en las familias, el emocional, las negligencias y el abuso sexual son los casos más denunciados a las líneas especiales o detectados a través de Salud o Educación.
Sin embargo, organizaciones dedicadas a la protección de los derechos infantiles coinciden en señalar serias deficiencias: falta de coordinación entre dependencias estatales (Justicia, organismos proteccionales, sistema de Salud, Educación, Desarrollo Social) a la hora de detectar y abordar con celeridad los casos, falta de recursos para implementar legislaciones con más de 10 años, ausencia de dispositivos específicos en escuelas y hospitales, personal escaso y desbordado en los servicios que atienden problemas de familia e infancia, enormes disparidades entre grandes centros urbanos y zonas rurales o localidades pequeñas. Con sólo ver las asignaciones presupuestarias, la situación del personal y las condiciones materiales de estas dependencias en relación a otras, queda claro que están lejos de ser prioridad, más allá de los discursos.
La pandemia agravó la situación de la niñez y nuestro país no fue la excepción. Según Unicef, la infancia atraviesa la peor crisis en 75 años, poniendo en peligro décadas de progreso en pobreza, salud, acceso a la educación, nutrición, protección de la infancia y bienestar mental. Hay un 10% más de niños en pobreza multidimensional que en 2019, “que pasan hambre, no van a la escuela, sufren abusos, cuentan con menos atención de salud, vacunas, alimentos suficientes y servicios esenciales”, señaló el reporte. La cantidad de niños obligados a trabajar o realizar tareas de cuidados aumentó y se interrumpieron servicios de atención a la violencia.
El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA), también esta semana, alertó que se profundiza la infantilización de la pobreza en Argentina: mientras el 43% de la población es pobre, el 65% de la niñez está en esta situación y un 34,3% padece inseguridad alimentaria. El cierre de escuelas y la limitación de los servicios de salud postergaron la atención preventiva y los controles del niño/a y adolescente sano: el 31% no fue al doctor en 2020, disminuyó la vacunación y el 71% no realizó actividades físicas, entre otras. El aislamiento, los problemas económicos y el mayor estrés familiar potenciaron una cultura que a menudo naturaliza el maltrato infantil.
No basta con una legislación de vanguardia para proteger los derechos de niños y adolescentes. Es necesario que se apliquen debidamente y con celeridad, mejorando los mecanismos de detección y respuesta entre instituciones. Mucha violencia infantil no es visible por el ocultamiento de los agresores pero también por errores en la lectura de las situaciones de alarma en operadores estatales, activando respuestas tardías por falta de coordinación.
Y sin dudas se deberán generar mejores estrategias de concientización comunitaria y educativa para dejar de naturalizar la violencia, los malos tratos y el descuido de la niñez. No podemos seguir llegando tarde.
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