Llevar tranquilidad a los inquilinos y garantías a propietarios
Lorena Matzen*
En una Argentina en la que Economía planteó una inflación para el 2021 del 29% y ya se ubica ubica por encima del 50%, ¿cómo se pretende que haya certezas en una negociación?
El debate sobre la Ley de Alquileres se ha instalado nuevamente en la sociedad y el desafío de los legisladores nacionales será lograr una nueva ley de alquileres que brinde certezas a los miles de propietarios, y garantías y tranquilidad a los también miles de inquilinos.
Digo inquilinos y propietarios porque parto de la comprensión que el Contrato de alquiler de un inmueble es un acuerdo de dos partes, en el que ambas deben estar conformes con su producido.
Si en cambio, una ley que tuvo como idea principal equilibrar la relación entre propietario e inquilinos, obtiene en la práctica una disminución de la oferta porque los inquilinos sienten que se le aumenta mucho el alquiler y los propietarios sienten que no es suficiente, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y generando incertidumbre y dificultades, es porque no ha funcionado.
Debo decir que no acuerdo con la derogación total de la Ley de Alquileres vigente, porque entiendo que hay aspectos que son positivos, como haber equilibrado la sobre exigencia de garantías y los costosos montos que se exigían al momento de la firma del contrato.
Sí entiendo necesaria una revisión de la misma, fundamentalmente en dos aspectos que son, la fórmula de indexación del monto y el plazo obligatorio de duración del contrato.
El primero de ellos está vinculado a la actualización de los alquileres, que con la nueva ley se realiza una vez por año de acuerdo a un índice que combina 50% la variación de los salarios y 50% la inflación.
Inicialmente, el reajuste anual es lo que ha llevado a la distorsión de los precios en el origen o la renovación de los contratos, muchas veces por encima de los valores reales.
Luego, en una Argentina en la que el Ministro de Economía de la Nación planteó una inflación para el Presupuesto 2021 del 29% mientras la información económica la ubica ya por encima del 50%, ¿cómo pretendemos que haya certezas en una negociación entre privados e inquilinos, en la que ambos buscan legítimamente poder dar satisfacción a sus requerimientos en un caso y a sus posibilidades en el otro?
Necesitamos una fórmula que cumpla, en forma razonable y ajustada, a la realidad territorial. De mismo modo, la obligatoriedad de la extensión de los tres años vinculada a lo ya descripto, solo han logrado una combinación que ha potenciado las dudas por sobre las certezas.
La resolución de este debate debe darse con la participación de los sectores involucrados.
Rescato como positiva la posibilidad de una federalización que combine presupuestos mínimos resueltos por la Ley Nacional y una legislación propia de las jurisdicciones provinciales a partir de la lectura de la realidad, propia y cercana.
Párrafo aparte, para mencionar el fondo de la discusión que tiene que ver, con un Estado regulando un mercado en base a una necesidad a la que no da respuesta por su propia incapacidad, vinculada a la inexistencia de una política de viviendas que esté a la altura de las circunstancias.
Una política orientada tanto a los sectores más humildes de la sociedad, como a las capas medias, que ven frustrada su posibilidad de contar con una vivienda propia, en base a una economía alejada de sus propias realidades.
Esta es la verdadera respuesta ausente que requiere de acciones en todos los niveles del Estado nacional, provincial y municipal.
* Diputada Nacional por Río Negro, UCR , JxC.
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