“Los Campo Maripe no tienen la posesión de los lotes”

En el juicio contra la comunidad indígena declaró Jorge Lara, funcionario provincial, en calidad de testigo. Dijo que no hay pruebas documentales que le den la razón a los denunciados. Los integrantes del pueblo indígena están acusados de usurpación. Hoy son los alegatos.



Albino y Mabel, dos de los acusados, hablaron ayer ante el juez en la anteúltima jornada de juicio.

Albino y Mabel, dos de los acusados, hablaron ayer ante el juez en la anteúltima jornada de juicio.

Jorge Lara entró a la sala de audiencias a las 11.23. Llevaba puesta una campera color tiza. Cargaba una carpeta con el escudo de la provincia. Le contestó sin problemas a la fiscalía y a la querella. “No acreditamos nosotros, desde el área administrativa, ocupación en esos lotes”, dijo sobre el área que es objeto de controversia y por la que se acusa a la comunidad Campo Maripe de usurpación. Pispeó de a ratos al público y miró la pantalla de su celular. Su actitud cambió cuando comenzaron las preguntas de la defensa. Dejó la carpeta a un costado y no disimuló su disgusto. “Usted me está interrogando sobre cosas que están fuera de la requisitoria”, afirmó.

El secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente fue citado como testigo en el juicio que finaliza hoy con los alegatos. La semana próxima se conocerá el veredicto del juez, Gustavo Ravizzoli, que deberá determinar si los seis integrantes de la comunidad cometieron el delito, o si como sostiene la defensa, su ocupación es tradicional, actual y pública.

Los funcionarios que están en la dirección de Tierras no tienen porqué tener especialización en derecho indígena”.

Jorge Lara declaró como testigo en el juicio contra la comunidad mapuche.

“Siempre tuve la temática indígena bajo mi responsabilidad”, aseguró Lara, un funcionario histórico de las administraciones del MPN. Se refirió a los imputados como “los Campo”, nunca los nombró como integrantes del pueblo mapuche. Planteó que el informe que elaboró el gobierno provincial concluye en que no se comprobó la posesión en ese lote. Aclaró: “Sí contra el río, no en la meseta, contra el río es yendo de Añelo a Cutral Co a mano izquierda”. Mencionó que la norma que se aplica en estos casos es la ley 263 de tierras fiscales.

Uno de los momentos de mayor tensión fue cuando Lara le contestó al defensor Emmanuel Guagliardo: “No me diga lo que tengo que hacer”. Debió intervenir Ravizzoli para calmar los ánimos. Duró poco. “¿Es un instrumento idóneo, para la resolución de conflictos de comunidades indígenas que pretenden territorios que involucran tierras privadas, la ley de tierras fiscales?”, preguntó Guagliardo. “Sí doctor”, respondió el testigo, luego del pedido de cortesía que deslizó el juez. El defensor insistió: “¿La ley de tierras fiscales sirve para resolver todos los problemas que tienen las comunidades indígenas y sus pretensiones territoriales?” “Hasta ahora, conmigo, las que llegaron a mí, sirvieron, las que no sirvieron están en sede judicial”, subrayó.

Hacia el final le consultaron porqué no ponderó el informe histórico-antropológico que considera documentada la ocupación de la comunidad. Lara manifestó: “Esas son 2 páginas de 400. La valoración que se hizo es de las 400 páginas. Por más que lo relate un antropólogo, nosotros fuimos a los elementos, a ver dónde está la prueba de la delimitación del territorio y no la en-con-tra-mos (pronunció separadamente cada sílaba) en los expedientes, es un relato que hace de una cuestión abstracta. En la práctica bajo la legislación nuestra no existe ninguna prueba documental”.


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