Los judiciales denunciaron a Fernández y Sommariva por salarios impagos
NEUQUEN (AN).- El Sindicato de Empleados Judiciales del Neuquén (Sejun) radicó ayer una denuncia contra los vocales del TSJ Roberto Fernández y Jorge Sommariva por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación se fundamenta en que no se aplicó el aumento salarial dispuesto por el tribunal y aprobado por la Legislatura en octubre del 2004 mediante la sanción de la ley 2472.
La denuncia fue presentada en la fiscalía general por el secretario general de Sejun, Edgardo Chervabaz, el secre
tario gremial Rafael Rubio y el secretario general de la Federación Judicial Argentina, Jorge Izquierdo. Pero quien entenderá en la presentación hecha por los judiciales será el fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Pablo Vignaroli.
En esta oportunidad, SEJUN exige que se cumpla el aumento salarial para los empleados de los juzgados de paz y del área de servicios aprobado mediante la ley 2472, que fue sancionada en octubre del año pasado. Sin embargo, y luego de varios reclamos y notificaciones al máximo tribunal provincial, el pago de 200 pesos para más de 100 empleados judiciales jamás se concretó. «Esto es la discrecionalidad del poder manifiesta y forma parte de una actitud deliberada de parte del TSJ», declaró Rafael Rubio luego de firmar la presentación. Por otra parte, Chervabaz, calificó de «capricho» a la actitud de los vocales de omitir el pago de salarios.
La denuncia acusa a Jorge Sommariva y Roberto Fernández en su carácter de ex y actual presidente del TSJ, respectivamente, por la falta de liquidación del rubro «complemento por ubicación no escalafonada» asignado a los empleados de los juzgados de paz y del área de servicios. En sus fundamentos, la acusación deja constancia de una presentación hecha el 12 de noviembre de 2004 en la que ya se denunciaba las irregularidades en el pago. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta.
Los delegados de Sejun ofrecieron pruebas documentales y testimoniales que ratificarían los hechos imputados a los vocales Sommariva y Fernández. Entre los testigo están Alberto Paponi y Miguel Angel Muñoz del área de administración y sueldos del Poder Judicial, a quienes SEJUN también responsabiliza por la omisión de los pagos. Rubio dijo a «Río Negro» que Muñoz manifestó en una oportunidad que el aumento salarial «era mucho» y que por esa razón no se había efectivizado.
Será el fiscal Pablo Vignaroli quien decida el destino de la denuncia. Al frente de la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, tendrá quince días para expedirse y decidir el requerimiento de instrucción para la indagatoria de los vocales, aunque puede pedir una prórroga de sesenta días.
