Los sobornos más notorios
Puesto que, según los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 3, no hubo pruebas contundentes de que, en el 2000, el entonces presidente Fernando de la Rúa haya ordenado el pago de cinco millones de dólares para que senadores de la oposición aprobaran una reforma de la ley laboral, no tuvieron más alternativa que la de absolver a los ocho acusados de participar del asunto, pero aun así la decisión, luego de 13 años de audiencias, ha dejado un sabor amargo en la boca de muchos. Si bien virtualmente nadie pensaría en incluir a De la Rúa entre los mandatarios más corruptos del país, el que la Justicia haya llegado a la conclusión de que no sucedió nada en un caso tan resonante como el de “los sobornos en el Senado” no podrá sino contribuir a difundir la impresión de que políticos vinculados con el peronismo y el radicalismo se sienten por encima de la ley porque están acostumbrados a nombrar a los que, andando el tiempo, podrían juzgarlos. Asimismo, la sentencia alentará a los muchos que desean minimizar la importancia de los delitos atribuidos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el vicepresidente Amado Boudou y otros funcionarios del gobierno actual. Aunque hay un diferente orden de magnitud entre lo imputado a De la Rúa, Fernando de Santibañes, Alberto Flamarique y demás miembros del gobierno de la Alianza por un lado y, por el otro, el enriquecimiento ilícito de los Kirchner y sus amigos, los más beneficiados por la convicción de que todos los políticos son corruptos siempre son los peores. De ser más confiable y menos politizada la Justicia, De la Rúa tendría razón al afirmar que “la absolución reivindica mi dignidad” pero, desafortunadamente para él, siempre habrá algunos, tal vez muchos, que lo creerán culpable de haber repartido dinero entre los “padres de la patria” a fin de facilitar un trámite parlamentario que de otro modo le hubiera supuesto una nueva frustración. No es que lo consideren una persona especialmente inescrupulosa conforme a las pautas locales sino que dan por descontado que en nuestro país es habitual que los políticos operen así, aunque no necesariamente de manera tan flagrante como la planteada por los responsables de las acusaciones. Por lo común, los presidentes se limitan a comprar los votos de legisladores provinciales financiando obras públicas en sus distritos, lo que, mal que bien, suele ser perfectamente legal. No se trata de una particularidad argentina; en Estados Unidos es normal que el mandatario de turno distribuya obras federales de acuerdo con criterios que tienen más que ver con sus propios intereses políticos que con las necesidades económicas o sociales; en la jerga política norteamericana, las coimas así disfrazadas se llaman “carne de cerdo”. Aunque en comparación con las denuncias que han tenido que afrontar mandatarios como Carlos Menem, Néstor Kirchner y, desde el día en que inició su gestión, Cristina, la que causó tantos dolores a De la Rúa y varios miembros de su gobierno fue apenas anecdótica, el asunto tuvo repercusiones muy fuertes. Entre otras cosas, dio al vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez un pretexto para renunciar, debilitando así a un gobierno ya tambaleante; más tarde, Álvarez se sumó al kirchnerismo, de tal modo echando dudas sobre su presunto compromiso con valores éticos superiores a los de su exjefe. El affaire de los presuntos sobornos en el Senado desprestigió no sólo a la Alianza sino también, a ojos de ciertos peronistas por lo menos, la idea misma de que en circunstancias determinadas al país le conviniera un gobierno de coalición. Asimismo, si bien hubiera sido poco probable que De la Rúa sobreviviera al cataclismo económico que le aguardaba aun cuando su gobierno hubiera permanecido intacto, la renuncia principista de Álvarez lo dejó inerme frente a sus adversarios peronistas y radicales supuestamente progresistas que no vacilaron en asestarle el golpe de gracia. A muy pocos les preocupaban los rumores acerca de los sobornos que, de todos modos, afectaron a los senadores peronistas presuntamente sobornados, pero en aquel momento estaban decididos a aprovechar cualquier cosa que pudiera servirles para privar al gobierno de la autoridad necesaria para hacer frente a una crisis que, al estallar, dejó a medio país por debajo de la línea de pobreza.
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