Los tampones como cuestión de Estado

La semana económica

La insólita denuncia de una “corrida” para explicar la escasez de tampones femeninos, con la cual seguramente pasará a la historia Augusto Costa -sucesor de Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio Interior-, forma parte del típico estilo kirchnerista de atribuir falsamente a culpas ajenas los problemas generados por sus propias políticas. En todo caso, Costa innovó en caracterizar un clásico fenómeno económico: cuando escasea la oferta de un bien (ya sean tampones, azúcar, combustibles o dólares), la demanda tiende a aumentar por las dudas, con lo cual los faltantes se agudizan y quienes disponen de stock suben los precios. En épocas lejanas se hablaba del “agio y la especulación” o de desabastecimiento. Ahora, el joven funcionario atribuyó a “operaciones mediáticas” la “corrida” por esos protectores en farmacias y góndolas, hasta hacerlos desaparecer. Como si la causa fuera la difusión y no el problema en sí. Para justificar ese diagnóstico reveló el exceso de previsión de una de sus colaboradoras en la SCI, que habría comprado en diciembre nada menos que 800 unidades, para varios años y desconcierto de su propio jefe, quien adjudicó la escasez a “problemas logísticos” frente a las mayores ventas veraniegas del producto. Aquí también hubo varios sofismas; o sea, definiciones que parecen ciertas pero encubren falacias. Los tampones que se venden en la Argentina son importados de Brasil por tres multinacionales y en ningún verano anterior hubo faltantes. Hace casi dos meses, el gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores (CIRA), Miguel Ponce, ya había denunciado públicamente trabas en el ingreso de esos productos. No muy diferente a lo que ocurre con determinados tipos de pañales y productos de higiene y tocador no fabricados en el país. Pero lo más increíble fue que la falta de tampones terminó por transformarse en una cuestión de Estado. Directivos de la CIRA fueron citados por el jefe de Gabinete para que relativizaran el problema y avalaran la desmentida del titular del Banco Central sobre atrasos en pagos de importaciones. La convocatoria oficial precipitó la renuncia de Ponce, quien ratificó sus declaraciones en ambos casos. Horas más tarde, la principal compañía importadora prometió normalizar el suministro en los próximos días, aunque pocos crean que sólo hubo problemas logísticos. En rigor, la raíz del problema está en la política del gobierno de Cristina Kirchner de racionar “a dedo” las importaciones para cuidar al máximo las reservas del BCRA. Lo mismo había ocurrido en el 2014 con la industria automotriz, cuando la propia CFK acusó a las fábricas de “encanutar” vehículos para boicotear el plan Procreauto y la realidad fue que el BCRA había acumulado atrasos por más de 2.500 millones de dólares en pagos de piezas y modelos importados. El conflicto se zanjó transitoriamente con la fijación de un cupo de importaciones por 120 millones mensuales, que en diciembre fue elevado a 150 millones sólo para evitar un desplome de la producción mayor que el 25% registrado el año pasado. Otro tanto ocurrió con la industria electrónica fueguina, que utiliza más de 90% de insumos importados y cuyo cupo pasó de 120 a 180 millones. Tampoco quedaron al margen los fabricantes de motos, que en septiembre pasado fueron incluidos en el plan “Ahora 12”, de créditos subsidiados, pero sufren problemas para importar partes de muchos modelos, por lo cual los patentamientos cayeron un 32% en el 2014. En estos y otros sectores castigados por la recesión, la intención oficial es ahora flexibilizar los permisos previos (DJAI) a las empresas que comprometan inversiones en el 2015. Sin embargo, aunque el gobierno de CFK pretenda mantener a raya a los sectores más demandantes de divisas, las restricciones tienen excepciones políticas y beneficiarios no alcanzados por el largo brazo del intervencionismo estatal. Por un lado, no sólo las importaciones de gas y combustibles (unos 9.000 millones de dólares en el 2014) tienen vía libre para encubrir el déficit energético que estalló en el 2011. También ocurre lo mismo con compras externas de apuro encargadas por organismos oficiales para ocultar problemas estructurales que el gobierno sigue sin admitir. Para paliar la fragilidad del sistema eléctrico en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde cada verano hay apagones, el ministro Julio de Vido activó la importación desde Portugal de tres subestaciones completas de alta tensión, que fueron transportadas en aviones rusos e instaladas en zonas críticas para reforzar el suministro, así como siete transformadores de alta potencia importados de la India. Y subsidia el combustible de unos 200 generadores móviles conectados a la red, que consumen hasta 400 litros de gasoil por hora. Aún así, cada vez que se producen cortes de luz y “cacerolazos”, acusa y multa a las distribuidoras eléctricas del AMBA, cuyas tarifas están congeladas desde hace 12 años, por falta de inversiones que hoy se financian con fondos públicos al igual que el pago de sueldos. Un dato a tener en cuenta por las provincias que ya adhirieron al plan de congelar tarifas a cambio de inversiones en la red eléctrica. Además, para mejorar los ferrocarriles suburbanos antes de las elecciones, el ministro Florencio Randazzo activó la compra de los flamantes trenes chinos con pago cash, así como nuevas formaciones para los servicios que unen Buenos Aires con Mar del Plata (habilitados este verano) y con Rosario (previstos para marzo), a un costo de 1.500 millones de dólares. Las divisas, como se advierte, no alcanzan para todos; de ahí la importancia del swap de China. Por otro lado, la escasez de dólares e insumos beneficia a quienes pudieron importar productos o repuestos por derecha o izquierda (hay empresas que ofrecen por mail entregas a domicilio desde Miami) y los remarcan a gusto (como en el caso de automotores, náutica o informática), incluso bien por encima del dólar paralelo según las urgencias de sus clientes. Todo esto contribuye a deprimir las ventas en los mostradores y también a mantener alta la inflación de bolsillo. A pesar de todo, Axel Kicillof sigue negando que en el 2014 el PBI haya caído entre -1,5 y -2%, según la mayoría de los cálculos privados y el Indec, y que la inflación haya sobrepasado el 25% anual. No sólo eso. Al lanzar la segunda temporada del plan “Precios Cuidados”, que abarca a sólo 450 productos y a menos de la mitad del país, el ministro se despachó contra los “pronósticos asquerosos y horripilantes” de los consultores económicos, así como las “campañas infectas” de la prensa no oficialista. Esta adjetivada verborragia no alcanza para ocultar la realidad. Ni sus groseros errores en los pronósticos del Presupuesto 2014 (inflación de 9,9%; dólar promedio de $6,33 y crecimiento del PBI de 6,2%). Ni que la devaluación de hace un año catapultó los precios, tras lo cual el tipo de cambio real concluyó en 2014 igual que a fines del 2013. Ni que las reservas del BCRA cerraron el año pasado en 31.400 millones de dólares incluyendo casi 9.000 millones entre atrasos de pagos de importaciones y deuda pública por el fallo de Griesa; swaps de China y Francia y prefinanciación de exportaciones agrícolas. Tanto los dólares como el relato oficial siguen sujetos a la misma consigna de “aguantar” hasta las elecciones.

Néstor O. Scibona