Luego del pedido de CFK, suspenden el paso de la causa de espionaje a Comodoro Py

El paso a los tribunales federales de Comodoro Py de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas durante el Gobierno de Cambiemos quedó hoy provisoriamente suspendido.

La medida se tomó a raíz de un recurso extraordinario que interpuso la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que el caso se siga tramitando en Lomas de Zamora.

El titular de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, habilitó el tratamiento del recurso presentado por el abogado Carlos Beraldi en contra del fallo de la propia Casación que dispuso que el caso de espionaje pasara de Lomas de Zamora a Comodoro Py.

El recurso extraordinario será tratado porque fue presentado dentro de los plazos establecidos y cumple con todos los requisitos formales para su tramitación y genera “efectos suspensivos” sobre la decisión recurrida, según explicaron a Télam fuentes judiciales.

El juez Borinsky le indicó al juez federal de Lomas de Zamora que deberá requerirle a la Cámara Federal porteña la “devolución” de las actuaciones que les remitiera la semana pasada.

El juez Auge ya le había enviado a la sala I de la Cámara Federal porteña los expedientes digitales de las causas en la que se investiga el espionaje político ilegal y la inteligencia ilícita desplegada sobre el Instituto Patria y el domicilio de la expresidenta, pero había supeditado el envío de los legajos físicos hasta el momento en que quedara definido el juzgado en el que tramitaría el expediente.

A partir de ahora, la sala IV tiene 10 días para definir se le habilita la vía para que el recurso extraordinario llegue a la Corte Suprema de Justicia, o si no lo hace, y para este último caso el abogado Beraldi ya anunció que irá en queja.

Durante el tiempo que la Casación le dedique a la tramitación del recurso, el juez Auge podría tomar decisiones en el expediente en el que, por ejemplo, quedaron sin resolver los pedidos de procesamientos a los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y una treintena de imputados, formulado por los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.

Entre los argumentos que esgrimió el abogado de la vicepresidenta para solicitar que la causa quede en Lomas de Zamora destacó el de afectación de la garantía del juez natural, es decir, que los procesos los sigue el juez que los inició y la “gravedad” de los hechos que se investigan.

«Tal como lo establece el artículo 18 de la Constitución Nacional, ningún proceso judicial puede ser sacado de los tribunales designados por ley con anterioridad al hecho enjuiciado, como ha ocurrido en estas actuaciones», señaló el abogado en la presentación a la que accedió este medio.

La principal explicación que dieron los camaristas para definir el cambio de jurisdicción es que la mayoría de los hechos de espionaje tuvieron epicentro en la Capital y apenas unos pocos eventos investigados ocurrieron en la provincia.

Por el contrario, Beraldi entendió que «la decisión adoptada determina el entorpecimiento de una investigación de una gravedad inédita, con el consecuente riesgo de que hechos que socaban la vigencia misma del sistema democrático puedan quedar en la impunidad».

Hasta hoy, la causa por espionaje al Instituto Patria tiene con procesamiento al mismo Arribas, a su segunda en la AFI, Silvia Majdalani, al entonces director de Operaciones Especiales, Alan Ruiz, y el director operacional de Contrainteligencia, Martín Coste, todos con imputaciones confirmadas por la Cámara Federal de La Plata.

Para la querella que impulsa la vicepresidenta, la mudanza de las actuaciones implicaría «el traslado (digital y/o físico) de múltiples expedientes, legajos e incidentes; la posibilidad de pérdida de objetos y/o documentos; el estudio y análisis del caso desde sus inicios por parte de los nuevos funcionarios que intervengan; la definición de estrategias investigativas (nuevas o no); la asignación de recursos; la distribución de funciones en las nuevas dependencias a cargo del caso; las notificaciones a las partes; la habilitación de instancias de recusación y excusación de los nuevos funcionarios intervinientes».