M.E. Soria a favor de la actividad petrolera pero “sustentable”

Dos expedientes difundió ayer en la audiencia pública, la diputada nacional, María Emilia Soria, los cuales provocaron la reacción del gobierno y sorpresa en los participantes y espectadores que seguían su alocución.





ENERGÍA :: AUDIENCIA PÚBLICA EN RÍO NEGRO

El primero de ellos fue una causa que se tramita en la Corte Suprema de la Nación, en la que según informó la legisladora nacional, la empresa Petrobras litiga contra el Estado provincial.

El siguiente, en tanto, es un informe de EJM, una consultora privada en cuestiones de medioambiente que concluye contundentemente acerca de graves perjuicios ecológicos con efectos de severa contaminación por parte de la firma petrolera y que según la diputada había sido retirado del expediente. En varios de los informes se observan hidrocarburos, grasas, aceites, detergentes, fenoles, situaciones que podrían estar indicando eventuales contaminaciones provenientes de extracciones cercanas a los freatímetros, quiere decir que el agua está contaminada, sostuvo Soria.

El gobierno respondió horas más tarde que el estudio de EJM “fue un trabajo realizado por esta consultora a pedido de la Secretaría de Energía y por orden de la empresa estatal Edhipsa, que revisó los informes ambientales presentados por las operadoras en el marco de la ley 4.818, que define los lineamientos de la renegociación de áreas en Río Negro.

El comunicado oficial indica que ese informe fue analizado por un equipo de la Autoridad de Aplicación quien, “por su insuficiencia técnica, decidió encomendarle un trabajo mucho más amplio y exigente al organismo provincial competente en la materia, el Departamento Provincial de Aguas (DPA)”.

El gobierno aclaró que el estudio incorporado al expediente analizado en la audiencia pública es más abarcativo que el anterior. Allí aparecen las constancias de las visitas al campo realizadas por el DPA con Ambiente, así como también los dictámenes técnicos emitidos por su personal especializado.

Soria recordó que Petrobras adeuda a Río Negro 76 millones de pesos desde el 2006 por Ingresos Brutos. La concesionaria solicitó una medida cautelar para que el Estado se abstenga de reclamar administrativa o judicialmente los impuestos adeudados, dijo la diputada.

La diputada hizo fuertes cuestionamientos al acuerdo propuesto por el gobierno provincial. “Quiero recordarles que con su voto tenemos la última barrera de protección frente al saqueo”, dijo a los legisladores.

Agencia Viedma


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