Malestar por las deficiencias que presentan los servicios públicos

El malestar de la ciudadanía por los “tarizafos”, los efectos de la crisis social económica y el deficiente funcionamiento de los servicios públicos, se llevó gran parte de los cuestionamientos que formuló la Defensoría del Pueblo de Río Negro.

Al entregar la memoria 2018-2019, la defensora Adriana Santagati planteó que ante la inflación y el estancamiento económico, se participó en audiencias por revisiones tarifarias “con la premisa de que los caracteres de un servicio público son la generalidad, la igualdad, la regularidad y continuidad; y que el Estado debe velar por la accesibilidad ponderando diversas realidades económicas y sociales.

Hizo mención a que en la audiencia por revisión tarifaria de Edersa se tuvieron en cuenta las actuaciones que durante estos últimos años se tramitaron en el organismo de control por irregularidades en la prestación del servicio de la distribuidora eléctrica, entre los cuales se mencionan: falta de inversiones, cortes de luz constantes causados por inclemencias climáticas, falta de reparación y/o cambio de postes de línea, subas y bajas diarias de tensión incumplimientos por ejecución de obras, reclamos por roturas de artefactos como consecuencias de diferencias de tensión, cortes en el suministro del servicio eléctrico errores en la facturación, entre otros.

Se consideraron además las sanciones económicas aplicadas por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), lo que a criterio de la funcionaria “demuestra que incumplió con su obligación de realizar las inversiones necesarias que permitan brindar un servicio eficiente”.

Insiste en que también incumplió con las obligaciones de la empresa mayorista Cammesa “situación por la que la acreedora la ha calificado como morosa crónica”, con un pasivo de 2.874 millones de pesos y que “genera el riesgo de una inminente interrupción de la regularidad del servicio público de abastecimiento de energía”.

A la eliminación de la Tarifa Social -particularmente en el servicio de gas- le otorgó un párrafo significativo. Cuestionó que la política llevada adelante para los sectores más vulnerables “es sin dudas un progresivo retroceso” porque “se limitó el beneficio a un porcentaje del consumo” y “se dispuso una serie de trámites burocráticos que debían realizarse a través de la página web de los entes reguladores o las distribuidoras”.

La defensoría rionegrina advirtió que en el último período “se duplicó la cantidad de reclamos por problemáticas relacionadas con aguas y problemas de saneamiento” poniendo como ejemplo que “las temáticas se repiten y están vinculadas a desbordes cloacales, interrupción del servicio de agua potable, rotura de caños, solicitud de ejecución de obras o reparaciones, entre otros. La mayor demanda corresponde al aumento de la facturación del servicio.

Salud y grupos vulnerables

Las fallas en las prestaciones de salud y en el Ipross disparó la atención en segundo lugar, según el informe de gestión.

La falta de vacunas, según Santagati, es un tema muy preocupante ya que representa un riesgo sanitario al disminuir el nivel de inmunización de la población, aumentar el riesgo de contraer enfermedades y la aparición de patologías consideradas erradicadas.

Los motivos por los reclamos recibidos abordan las siguientes temáticas: provisión de prótesis; demora de entregas de medicación oncológica y de planes especiales; pago de reintegros; demoras en la autorización de derivaciones; asignación de turnos en Buenos Aires; falta de incorporación en el Registro de Pacientes Crónicos a partir de la implementación del Programa de Farmacia, entre otros.