Malvinas

Ya han transcurrido 18 años desde el intento de la dictadura militar de salvar el pellejo «liberando» las islas Malvinas, error que, por fortuna, sirvió para desprestigiarla hasta tal punto que marcó el fin del militarismo en la Argentina. Se trata de un lapso bastante largo. En 1963, británicos, alemanes, franceses e italianos ya eran aliados íntimos, a pesar de haber combatido 18 años antes en la guerra más salvaje de todas las libradas en la historia sanguinaria del género humano. Aquí, empero, el tiempo tiene otro ritmo. Además, es notoriamente escaso el interés de la clase política por preguntarse cuáles son las razones de su estrepitoso fracaso colectivo. Es por eso que a muchos, incluyendo a individuos como el belicoso gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, les gusta hablar como si la presencia británica en las Malvinas estuviera entre las causas principales del trágico atraso nacional. Se equivocan, claro está. Antes bien, la obsesión con las islas es un síntoma de dicho atraso. De haberse convertido la Argentina en la primera mitad del siglo pasado en una democracia próspera y moderna comparable con Australia o Nueva Zelanda, una en la que se respetaba la dignidad de sus ciudadanos, las Malvinas nunca hubieran constituido un tema significativo y una eventual decisión británica de cederlas a nuestro país hubiera sido tomada por una medida meramente administrativa.

Tal como están las cosas, el destino diplomático de las islas depende de la voluntad de sus habitantes, los cuales, por motivos bien comprensibles, guardan recuerdos ingratos de la breve ocupación de su pequeña patria por las tropas del Proceso y no sienten demasiado entusiasmo por la idea de ser entregados a un país en el que uno de los políticos más populares debe su eminencia a su voluntad de «meterles bala» a los sospechosos de violar la ley. Tampoco podrían impresionarlos mucho ni el ex presidente Carlos Menem ni su sucesor, el actual presidente Fernando de la Rúa, aquél porque luego de ensayar una «política de seducción» ha revertido a su viejo estilo, llamándolos «intrusos» -calificativo que podría aplicarse con igual justicia a todos los habitantes no aborígenes del hemisferio occidental-, éste porque por motivos netamente políticos está más que dispuesto a batir el parche patriotero, tratando al asunto como una «causa nacional, una cuestión de Estado».

¿Qué quiere decir De la Rúa con esto? ¿Que los que discrepan con sus opiniones y la de Ruckauf serán considerados «traidores»? ¿Que no está permitido afirmar que sería mejor dejar las cosas como están, porque los derechos de los isleños deberían respetarse y, de todos modos, la eventual recuperación del territorio «irredento» no aportaría nada en absoluto a la solución de problemas argentinos que son infinitamente más graves? Puede que de la Rúa no lo entienda, pero existe una multitud de opiniones legítimas sobre las Malvinas, de suerte que es absurdo, además de poco democrático, proclamar el irredentismo una «causa nacional» que «está por encima de las diferencias de los partidos políticos», actitud propia de épocas que a juicio de los optimistas ya se habían visto consignadas al pasado.

A través de los años, el tema de las Malvinas ha hecho las veces de una suerte de termómetro sociopolítico que nos ha permitido medir el estado anímico del país. En períodos signados por la confianza, pocos se interesan por el destino de un archipiélago remoto que, de haber sido gobernado desde Buenos Aires a partir de 1833, hoy en día estaría tan despoblado y miserable como amplias zonas de la Patagonia. En cambio, cuando impera en el país una sensación de frustración, para no decir bronca, porque los problemas internos parecen irremediables, entonces sí los políticos se ponen en pie de guerra para rabiar contra la perfidia de los británicos, aludir con jactancia a su propio patriotismo y hablar de la presunta necesidad de que todos cierren filas en pos de esta «causa nacional», acaso porque, además de no exigirles nada más que palabras fogosas, sea la única en torno de la cual los integrantes de nuestra clase política puedan proclamarse monolíticamente unidos.