Mano de obra

Alarma la alianza de los ultras que se creen en guerra contra el "modelo neoliberal" con los autoritarios.





Los que quieren que la violencia política se haga rutinaria en el país pueden dividirse en dos grupos. Uno, el más visible, está conformado por aquellos piqueteros y militantes «clasistas» que sinceramente creen que la mejor forma de defender a los auténticamente pobres consiste en amenazar a los demás, cortando rutas y organizando manifestaciones masivas. Otro, que prefiere mantenerse en las sombras, está integrado por miembros de los servicios, militares y policías deseosos de recuperar el poder que disfrutaban durante el Proceso y políticos inescrupulosos que toman muy en serio aquella definición tendenciosa marxista según la cual el fascista es un burgués asustado. Puesto que sus objetivos a corto plazo son idénticos, a pesar de su presunto odio mutuo estos dos extremos suelen trabajar juntos: cada exceso perpetrado por uno sirve para fortalecer al otro, con enfrentamientos como los ocurridos en General Mosconi brindando pretextos a ambos a asumir una actitud más agresiva.

Fue previsible que el conflicto salteño tendría repercusiones en otros lugares del país, sobre todo en la Capital Federal, porque muchos querrían hacer gala de su solidaridad para con los piqueteros de General Mosconi. Además de motivar protestas, la «represión» por parte de la gendarmería de los que se habían apropiado de un espacio público clave dio a la diputada Elisa Carrió una oportunidad para afirmar que en su opinión los cortes de ruta – es decir, la violación de la ley – eran «legítimos», tesis que de aceptarse haría de la Argentina un aquelarre, sin por eso ayudar en absoluto a los desocupados e indigentes. Asimismo, en el centro de Buenos Aires varios miles de personas, la mayoría vinculada con pequeños movimientos izquierdistas, celebraron marchas a fin de expresar su punto de vista, lo cual, desde luego, no puede objetarse en una democracia.

Lo que sí debería haber ocasionado la intervención inmediata y contundente de las fuerzas del orden, en cambio, fue el accionar vandálico de una banda de encapuchados que se pusieron a incendiar negocios y destrozar cabinas telefónicas. Sin embargo, según los testigos los policías no levantaron un solo dedo para detener a los responsables que merecieron el repudio de los demás manifestantes. Pues bien: sólo hay dos explicaciones de la negligencia así supuesta y ambas son inquietantes. Puede que los revoltosos fueran ellos mismos policías o integrantes de alguno que otro «servicio» encargados de la tarea de hacer creer que todos los piqueteros y sus simpatizantes son salvajes peligrosísimos resueltos a sembrar destrucción a lo ancho y a lo largo del país. También es posible que los uniformados hayan optado por trabajar con tristeza, por decirlo así, con la finalidad de convencer al gobierno de que realmente debería tratarlos mejor, aumentando sus salarios y confiándoles más poderes especiales. Aunque hay una diferencia -la primera explicación es mucho más siniestra que la segunda-, parece evidente que ciertos elementos de las fuerzas de seguridad están contentos con la idea de que convendría que la violencia se intensificara lo bastante como para amedrentar a la población y de este modo beneficiar a los encargados de la represión.

Sea cuestión de chantaje o de una maniobra política destinada a dar más poder a los autoritarios y menos a aquellos que a pesar de todo confían en el compromiso de la mayoría con las reglas básicas de la convivencia democrática, constituye una realidad alarmante la alianza de facto de los ultras que se creen en guerra contra el «modelo neoliberal» con los autoritarios que si bien no se oponen al sistema económico en boga sí están decididos a asegurar que la Argentina no acepte el contenido político y jurídico del paquete de la «globalización». Si logran salirse con la suya, los violentos se impondrán una vez más, para entonces enfrentarse en una lucha de la que los últimos saldrán airosos. Para que esto no suceda, los comprometidos con los valores civilizados tendrían que cerrar filas contra los que prefieren guiarse por un código radicalmente distinto. ¿Lo harán? Tal como están las cosas, no es nada probable que entiendan los riesgos antes de que ya sea demasiado tarde.


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