Marea creciente

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En épocas menos agitadas que la actual, el que en el curso del mes último el índice de precios al consumidor aumentara el 10,4%, mientras que el mayorista registrara un incremento del 19,7%, sería más que suficiente como para desatar el pánico. Sin embargo, tan grave se ha hecho la situación del país que parecería que para muchos políticos se trata de un dato casi anecdótico atribuible a la baja injustificada del valor del peso, no del inicio de un proceso que de cobrar fuerza tendrá consecuencias devastadoras. Aunque según las pautas de otras latitudes ya hemos ingresado en territorio hiperinflacionario, los optimistas siguen hablando de una tasa rayana en el 80% a fines del año, mientras que los pesimistas vacilan en pronosticar una que sea superior al 100% por creer que el gobierno, vigilado por el FMI, se las arreglará para mantener bajo control la emisión de moneda. Es de esperar que estén en lo cierto y que, las apariencias no obstante, el país aún no se haya visto atrapado en un proceso de hiperinflación, pero en vista de la debilidad del gobierno y la propensión del presidente Eduardo Duhalde a dejarse seducir por propuestas facilistas, no existe ninguna garantía de que el futuro no nos tenga reservado esta plaga también.

La razón por la que la gestión económica del gobierno duhaldista ha resultado ser tan desastrosa es netamente política. En la raíz de la disparada del dólar, la escalada de precios y el desbarajuste tremendo que ocasionaron las contradicciones, medidas que fueron ensayadas pero después abandonadas y compromisos pronto olvidados, está la convicción generalizada de que, con la hipotética excepción de Jorge Remes Lenicov primero y ahora Roberto Lavagna, los miembros del equipo gobernante no saben muy bien lo que les convendría hacer. Como ya debería sernos obvio, incluso en los períodos de bonanza la estabilidad económica exige mucha disciplina por parte del gobierno y en momentos de crisis, le es necesario brindar una impresión de voluntad férrea. Huelga decir que éste no ha sido el caso. Lejos de mostrarse dispuesto a resistirse a todas las presiones sectoriales, Duhalde siempre ha terminado cediendo ante ellas, motivo por el que tantos dan por descontado que no estará en condiciones de frenar el avance ya ominoso de la inflación. Antes bien, prevén que, como su aliado parlamentario Raúl Alfonsín a fines de los años ochenta, terminará persuadiéndose de que los riesgos planteados por la inflación serán menores que los supuestos por medidas encaminadas a obstaculizarla.

Forzados a elegir entre lo presuntamente popular pero objetivamente suicida por un lado y lo antipático pero necesario por el otro, los líderes populistas siempre optan por aquello incluso cuando los frutos de su decisión se producirán en una cuestión de días, no, como habrán esperado, de meses o años. Asimismo, aunque Duhalde mismo entendiera que es su deber impedir que la inflación siga su curso natural, sus compañeros peronistas, los radicales, sindicalistas, cabecillas piqueteros, militantes ultras de derecha e izquierda y jueces intentarían aprovechar la oportunidad para anotarse puntos a costa tanto del presidente como del resto del país. Dicho de otro modo, el equipo inflacionista parece ser mucho más fuerte que el adversario. Por lo tanto, es lógico que empresarios, financistas y ciudadanos comunes sean propensos a creer que en los próximos meses la inflación continuará acelerándose, suposición que de por sí contribuirá a impulsarla hasta que el gobierno o un factor concreto como el supuesto por la ausencia de medios de pago prueben ser capaces de frenarla en seco. Si llegamos a este último extremo, los estragos provocados habrán sido tan terribles que el gobierno -el que con toda seguridad no se asemejaría al liderado por Duhalde- se sentiría obligado a tomar medidas severas que antes hubieran horrorizado incluso al «neoliberal» más fanatizado. A la larga, la pusilanimidad típica del populismo es incomparablemente más cruel que la disciplina extrema favorecida por los comprometidos con el rigor fiscal, realidad ésta que el país debería haber aprendido de una vez y para siempre en 1989 pero que, según parece, tendrá que aprender nuevamente en circunstancias que son todavía peores.